“Nunca más un desarrollo habitacional en el Estado de México que venda esperanza y que herede problemas”
Por Redacción | Agencia MANL
El Estado de México busca endurecer las reglas para los desarrolladores inmobiliarios: la reforma analizada y avalada en comisiones plantea limitar la liberación del último 25 por ciento del permiso de ventas de un conjunto habitacional hasta que éste sea entregado completamente al ayuntamiento.
La medida pretende garantizar que las empresas concluyan las obras de urbanización, infraestructura, equipamiento y servicios comprometidos antes de liberar la totalidad de la autorización para comercializar las viviendas.
El dictamen integra propuestas del diputado de Morena Octavio Martínez Vargas, de la bancada del PVEM, coordinada por José Alberto Couttolenc Buentello, y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, relacionadas con derecho a la vivienda, alquiler social, desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
Durante el análisis en la Comisión de Desarrollo Urbano de la LXII Legislatura, los diputados de Morena Héctor Karim Carvallo Delfín, Octavio Martínez Vargas y Javier Cruz Jaramillo coincidieron en que las modificaciones pueden contribuir al cumplimiento del Programa Nacional de Vivienda impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Martínez Vargas sostuvo que la reforma busca terminar con abusos, excesos y actos de corrupción relacionados con desarrolladores inmobiliarios de anteriores administraciones.
Señaló que algunas familias adquirieron viviendas mediante créditos de hasta dos o tres décadas y posteriormente enfrentaron carencias de agua, escuelas, mercados, espacios públicos y otros servicios que, afirmó, fueron parte de las condiciones ofrecidas al momento de adquirir los inmuebles.
“Si le ofrecen una vivienda que contará con ciertos elementos de equipamiento urbano, tendrá que cumplir con ello”, afirmó.
El legislador también planteó establecer sanciones para las empresas constructoras que incumplan con la dotación de servicios públicos.
VIVIENDA Y ALQUILER SOCIAL
El paquete de reformas no se limita a los desarrolladores. La propuesta de Martínez Vargas contempla crear un Sistema Estatal de Vivienda y un Programa Estatal de Vivienda, además de incorporar mecanismos de denuncia ciudadana por posibles violaciones al derecho a la vivienda.
Por su parte, la iniciativa del PVEM propone incorporar la figura de alquiler social, con rentas preferentes dirigidas principalmente a sectores vulnerables y jóvenes.
Martínez Vargas señaló que, de acuerdo con los datos presentados durante la discusión, 18 por ciento de la población mexiquense paga renta y destina alrededor de 40 por ciento de sus ingresos a ese gasto.
En tanto, Héctor Karim Carvallo Delfín planteó que los gobiernos locales no otorguen permisos para nuevos desarrollos cuando no exista capacidad para garantizar servicios básicos, particularmente agua potable. También se pronunció por avanzar en la regularización de asentamientos irregulares.
Javier Cruz Jaramillo explicó que las propuestas buscan armonizar las autorizaciones de uso de suelo y las evaluaciones de impacto estatal para evitar que los proyectos sean tramitados mediante fracciones aisladas de un mismo predio y reducir los márgenes de discrecionalidad.
La reforma también contempla hacer públicos los criterios que deben cumplir los desarrolladores para obtener la evaluación de impacto estatal.
El Programa Nacional de Vivienda contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas en el país, con una meta de 100 mil para el Estado de México, de acuerdo con lo expuesto durante la sesión.
Las modificaciones todavía deben continuar su proceso legislativo. De concretarse, el punto central será que la construcción de vivienda avance acompañada de agua, infraestructura, equipamiento y servicios, y que los incumplimientos tengan consecuencias.
Martínez Vargas resumió el propósito de la reforma:
“Nunca más un desarrollo habitacional en el Estado de México que venda esperanza y que herede problemas”.
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