Por Redacción | Agencia MANL
El gobierno de Delfina Gómez puede presentar programas, obras, cifras y discursos de transformación. Pero existe otro balance, mucho menos cómodo, que también debe hacerse: el de los problemas que permanecen abiertos, los resultados que no llegan y los casos que han exhibido fallas dentro de las propias estructuras del Gobierno del Estado de México.
No todas las secretarías pueden ser calificadas como un fracaso. Hacerlo sería poco serio. Pero sí existen dependencias cuyos resultados, rezagos o expedientes obligan a formular preguntas incómodas sobre la eficacia del gobierno estatal, la supervisión de sus funcionarios y la capacidad para corregir problemas antes de que se conviertan en crisis.
El caso más delicado se encuentra en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dos funcionarios relacionados con el control de emisiones fueron detenidos y posteriormente vinculados a proceso por su probable participación en una red de extorsión contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio. Se trata de Raúl “N”, entonces director general de Control de Emisiones Atmosféricas, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera. La investigación corresponde a la Fiscalía y una vinculación a proceso no significa una sentencia de culpabilidad, pero el expediente coloca a la dependencia frente a una pregunta inevitable: ¿cómo pudo operar presuntamente un esquema de esta naturaleza dentro de un área encargada precisamente de regular y controlar?
El problema, por tanto, no es solamente penal. También es institucional. Si existían mecanismos de supervisión, ¿qué detectaron?, ¿cuándo lo detectaron y qué hicieron? Y si no detectaron nada, ¿por qué? El expediente obliga a revisar el funcionamiento de los controles internos de la dependencia y no solamente la conducta individual de los funcionarios investigados.
Educación enfrenta un cuestionamiento distinto, pero igualmente serio. La investigación por presuntas irregularidades en la asignación de plazas docentes puso bajo la lupa 324 movimientos relacionados con 168 personas y centros de trabajo que, de acuerdo con la investigación, se encontraban inactivos o no existían. El posible daño económico supera los 42 millones de pesos.
Aquí tampoco sería correcto atribuir automáticamente todo el esquema al gobierno de Delfina Gómez, porque parte de las irregularidades investigadas se remontan a administraciones anteriores. Sin embargo, sí existe una responsabilidad política y administrativa actual: explicar qué controles heredó la administración, cuáles modificó y cómo evitó que prácticas de ese tipo continuaran. La pregunta de fondo es sencilla: ¿cuántos filtros tuvieron que fallar para que una nómina pública pudiera registrar plazas cuestionadas durante tanto tiempo?
En Movilidad también existe un indicador difícil de ignorar. Las quejas contra el transporte público pasaron de 5 mil 413 en 2024 a 10 mil 090 en 2025, un incremento de 86 por ciento. El dato no significa por sí mismo que toda la política de movilidad haya fracasado, pero sí contradice cualquier lectura triunfalista. Si las inconformidades de los usuarios prácticamente se duplicaron, la Secretaría debe explicar qué está fallando en la regulación, supervisión y atención de las denuncias.
La movilidad no se mide por el número de operativos anunciados ni por fotografías de funcionarios supervisando unidades. Se mide en el tiempo que tarda una persona en llegar a su destino, el costo del traslado, la seguridad durante el viaje y la respuesta que recibe cuando denuncia un abuso.
La Secretaría de Salud tampoco puede evaluarse únicamente por infraestructura, inauguraciones o anuncios de equipamiento. El verdadero indicador está en los servicios que recibe el paciente: medicamentos disponibles, especialistas, consultas, cirugías, tiempos de espera y funcionamiento efectivo de hospitales y centros de salud. Una red sanitaria extensa puede ser una fortaleza, pero deja de serlo cuando el usuario continúa enfrentando carencias para recibir atención.
En materia de agua, el problema tampoco puede reducirse a culpar al gobierno estatal por cada inundación. Existen responsabilidades municipales, federales, factores meteorológicos, urbanización irregular y problemas de infraestructura. Sin embargo, el Atlas de Inundaciones 2026 registró 382 eventos durante 2025, entre encharcamientos e inundaciones urbanas y rurales, con miles de personas afectadas. La pregunta para la Secretaría del Agua es qué se hizo antes de que ocurrieran esos eventos en las zonas que ya estaban identificadas como vulnerables.
El problema laboral presenta otra contradicción. El Estado de México mantiene una enorme población ocupada, pero durante el primer trimestre de 2026 la informalidad laboral alcanzó 53.7 por ciento y 44.3 por ciento de los trabajadores se encontraba en condiciones críticas de ocupación. No sería serio atribuir esas cifras exclusivamente a la Secretaría del Trabajo, porque intervienen factores económicos nacionales y estructurales. Pero tampoco sería correcto ignorarlas al momento de evaluar sus resultados. La pregunta es si el crecimiento del empleo se está traduciendo en mejores condiciones laborales o simplemente en más personas ocupadas en empleos precarios.
La Secretaría de las Mujeres enfrenta quizá uno de los desafíos más complejos del estado. En este caso, la evaluación tampoco debería concentrarse en el número de talleres, campañas o capacitaciones. El verdadero resultado tendría que reflejarse en la reducción de las violencias, una atención efectiva a las víctimas, órdenes de protección eficaces y seguimiento institucional. Cuando el problema continúa, la medición debe pasar de las actividades realizadas a los resultados obtenidos.
Y hay una dependencia que atraviesa prácticamente todos estos casos: la Secretaría de la Contraloría. Su papel es particularmente relevante porque no administra hospitales, escuelas o verificentros; su función es vigilar el funcionamiento de la administración pública, revisar procedimientos, detectar irregularidades y promover responsabilidades administrativas.
Por eso, después de los expedientes de Educación y Medio Ambiente, la pregunta para la Contraloría resulta inevitable: ¿qué detectó antes de que interviniera la Fiscalía? Si encontró irregularidades, ¿qué procedimientos inició? Y si no encontró nada, ¿por qué los mecanismos de control no detectaron oportunamente los problemas? La pregunta no implica atribuir responsabilidad penal a la titular de la dependencia. Implica exigir que el sistema de control interno explique cómo está funcionando.
En Seguridad, no existen elementos suficientes para colocar a esta secretaría en el mismo nivel de cuestionamiento, aunque las revisiones a automovilistas y abusos en ceresos mexiquenses no cesan. Los indicadores disponibles muestran una reducción importante de homicidios en el Estado de México. La crítica debe centrarse entonces en si esa mejoría y en delitos como extorsión, robo, desapariciones y percepción de inseguridad.
Finanzas tampoco puede ser etiquetada como una dependencia con malos resultados sin un análisis específico de deuda, gasto, inversión, recaudación, subejercicios y calidad del gasto público. La misma lógica aplica a Bienestar: tener miles o millones de beneficiarios no demuestra por sí mismo que una política social haya sacado a las personas de la pobreza. El verdadero indicador es el cambio que los programas producen en la vida de sus beneficiarios.
En Desarrollo Urbano e Infraestructura, el balance debe hacerse obra por obra. No basta contar kilómetros construidos, vialidades rehabilitadas o proyectos anunciados. Hay que revisar cuánto costaron, cuánto tardaron, si cumplieron los objetivos y si realmente resolvieron el problema que justificó la inversión.
En el Campo ocurre algo parecido. Los apoyos pueden ser necesarios, pero la pregunta es si están aumentando la productividad, la rentabilidad y la capacidad de comercialización de los productores mexiquenses. En Desarrollo Económico, las reuniones con empresarios y los anuncios de inversión tampoco bastan: el resultado real está en los empleos formales creados, nuevas empresas, permanencia de negocios y reducción de obstáculos para invertir.
Cultura y Turismo tampoco deben evaluarse por el número de festivales o eventos realizados. La medición tendría que considerar visitantes, ocupación hotelera, derrama económica, permanencia de los turistas y empleos generados. Un evento puede ser exitoso en términos de asistencia y, al mismo tiempo, tener un impacto económico limitado.
La Secretaría General de Gobierno merece una evaluación diferente. Su función es mantener la gobernabilidad, atender conflictos, coordinar la relación con municipios y mantener interlocución con los distintos actores políticos y sociales. Respetar al ejecutivo y hacerlo respetar. Su desempeño no puede medirse solamente por reuniones o acuerdos anunciados. Debe observarse qué conflictos fueron prevenidos, cuáles fueron resueltos y cuáles terminaron convirtiéndose en crisis como en el caso de Ecatepec, Tecámac, Juchitepec, Valle de Bravo, y Tenancingo, entre otras localidades.
El balance, entonces, no permite afirmar que 16 secretarías del gabinete de Delfina Gómez sean un fracaso. Pero tampoco permite aceptar sin cuestionamientos el discurso de que todo marcha bien.
Hay áreas con avances verificables, otras con problemas estructurales y algunas donde los expedientes judiciales obligan a revisar seriamente los mecanismos de vigilancia.
Educación y Medio Ambiente concentran actualmente los cuestionamientos más fuertes por investigaciones que alcanzaron a funcionarios. Movilidad presenta un aumento considerable en las quejas. Salud, Agua, Trabajo y Mujeres enfrentan indicadores y problemas que requieren resultados más contundentes. Y Contraloría tiene una responsabilidad transversal que adquiere mayor relevancia cada vez que una irregularidad llega primero a la Fiscalía que a los mecanismos internos de vigilancia.
Ese es el verdadero balance porque gobernar no consiste solamente en inaugurar obras, repartir apoyos o presentar estadísticas.
Gobernar también significa detectar a tiempo, corregir a tiempo y evitar que las instituciones fallen antes de que otro órgano tenga que venir a descubrir lo que el propio gobierno debió haber visto.
Y esa es, quizá, la pregunta más incómoda para el gabinete de Delfina Gómez:
¿Cuántos de los problemas que prometió resolver siguen exactamente en el mismo lugar?
