* FGR acusa a red de huachicol fiscal de infiltrar aduanas y manipular nombramientos La investigación por el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Altamira llevó a una presunta estructura con acceso a aduanas, expedientes navales y procesos de designación de personal.
Por Redacción | Agencia MANL
CIUDAD DE MÉXICO.— La Fiscalía General de la República (FGR) reveló nuevos elementos de la investigación contra una presunta red de contrabando de combustible que habría utilizado contactos dentro de instituciones públicas para facilitar el ingreso y distribución ilegal de hidrocarburos en México.
El caso se originó en 2024, cuando el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, presentó ante la Fiscalía información sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución naval. Las investigaciones posteriormente llevaron al aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
De acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy Ramos, ese decomiso permitió identificar una estructura más amplia, en la que Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, conocidos como “Los Primos”, habrían tenido un papel central para garantizar la importación, traslado, almacenamiento y distribución del combustible.
Uno de los principales hallazgos surgió durante el cateo de una bodega que, según la Fiscalía, era arrendada por Manuel Roberto “N” en la Ciudad de México. Ahí fueron localizadas listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos, documentos de seguridad nacional clasificados como reservados o confidenciales, objetos de lujo y armas sin el registro correspondiente.
La FGR sostiene además que integrantes de la organización habrían intervenido en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina.
La operación presuntamente funcionaba mediante buques que salían principalmente de Texas con hidrocarburos declarados como aceite o aditivo, con lo que se habría modificado su tratamiento fiscal.
Según la Fiscalía, personal público y agentes aduanales presuntamente recibían pagos para permitir el paso de los embarques. Las inspecciones habrían sido simuladas mediante muestreos superficiales, manipulación de volúmenes o liberación de las cargas sin una revisión efectiva.
La investigación también apunta a una posible coordinación para desactivar cámaras durante las descargas, mientras el combustible era introducido al país.
Una vez en tierra, la estructura habría utilizado empresas legalmente constituidas y compañías fachada para distribuir el hidrocarburo y triangular los recursos obtenidos de las operaciones.
La FGR informó que ha identificado operaciones relacionadas con esta investigación en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México.
El caso permanece bajo investigación judicial. Los señalamientos de la Fiscalía no equivalen por sí mismos a una sentencia definitiva. Fernando Farías Laguna, quien fue trasladado a México desde Argentina y permanece bajo proceso, ha rechazado las acusaciones y sostiene que las pruebas en su contra fueron manipuladas.
Más allá del combustible asegurado, la investigación coloca bajo escrutinio la posible utilización de aduanas, nombramientos, información institucional y mecanismos de vigilancia para facilitar una operación de contrabando a gran escala.
La pregunta central ahora será determinar hasta dónde llegó la red dentro de las instituciones y quiénes más habrían participado en la cadena que permitió el ingreso y comercialización del hidrocarburo.
