Por Redacción | Agencia MANL
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 11 años, 10 meses y 15 días de prisión contra dos personas encontradas responsables de delitos contra la salud y posesión de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en un caso derivado de un cateo realizado en la alcaldía Venustiano Carranza.
De acuerdo con la autoridad federal, María “N” y Diego “N” fueron detenidos en mayo de 2022 durante una diligencia ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en un inmueble de la Ciudad de México. En el lugar fueron asegurados más de 740 gramos de marihuana, cerca de 207 gramos de cocaína, más de 195 gramos de metanfetamina, tres armas largas y 35 cartuchos.
Tras la detención, el asunto pasó del fuero común a la competencia federal debido a la naturaleza de los delitos. La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) integró la carpeta de investigación y presentó las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad penal de ambos imputados ante un tribunal.
La resolución judicial representa un nuevo resultado en la estrategia federal para combatir delitos relacionados con el narcotráfico y la posesión ilegal de armamento, fenómenos que continúan siendo una de las principales preocupaciones en zonas urbanas de alta densidad poblacional.
Casos similares en la región centro del país
Durante 2025 y 2026 se han reportado diversas sentencias y vinculaciones a proceso por posesión de drogas sintéticas, cocaína y armas de fuego en la Ciudad de México y el Estado de México, particularmente en municipios del Valle de México donde las autoridades han detectado células dedicadas al narcomenudeo y almacenamiento de estupefacientes.
Especialistas en seguridad han señalado que una de las principales áreas de atención continúa siendo el fortalecimiento de las investigaciones patrimoniales y financieras para identificar posibles redes de distribución y estructuras de apoyo económico detrás de los detenidos, ya que en muchos casos las capturas se concentran en operadores directos sin que necesariamente se desarticulen las cadenas completas de suministro.
Asimismo, organismos ciudadanos han insistido en la necesidad de reforzar los mecanismos de seguimiento a inmuebles utilizados para actividades ilícitas, con el fin de evitar que vuelvan a ser ocupados por grupos criminales una vez concluidos los procesos judiciales.
Con esta sentencia, la FGR destacó que reafirma su compromiso de investigar y perseguir delitos federales relacionados con narcóticos y armas de fuego, considerados de alto impacto para la seguridad pública.





















