* Viejos cuadros del PRI vuelven al centro del debate político rumbo al 2027
Por Redacción | Agencia MANL
Toluca, Estado de México.— Una fotografía bastó para reactivar el debate sobre el reciclaje político en la llamada Cuarta Transformación mexiquense. El ex dirigente estatal del PRI, Ricardo Aguilar Castillo, apareció públicamente junto al coordinador de Morena en el Congreso del Estado de México, Francisco “Paco” Vázquez Rodríguez, en un encuentro que ya genera lecturas políticas rumbo al proceso electoral de 2027.
La imagen, difundida por el propio Aguilar Castillo en redes sociales, fue acompañada de un mensaje que llamó la atención dentro y fuera de Morena: “México necesita menos confrontación y más seriedad”. Sin embargo, para sectores políticos y ciudadanos, la reunión representa algo más profundo: el regreso de figuras históricas del priismo mexiquense a espacios cercanos al poder guinda.
Ricardo Aguilar fue uno de los operadores más visibles del PRI durante décadas. Fue alcalde de Jilotepec, diputado local y federal, dirigente estatal del PRI mexiquense y funcionario federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Su trayectoria estuvo ligada al grupo político que gobernó el Estado de México durante casi un siglo.
La aparición ocurre en medio de crecientes tensiones internas entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), encabezado en la entidad por José Alberto “Pepe” Couttolenc. En los últimos meses, el Verde ha sumado a expriistas, exalcaldes y operadores políticos regionales, mientras deja abierta la posibilidad de competir con mayor autonomía rumbo al 2027.
Dentro de Morena, el acercamiento con perfiles provenientes del antiguo régimen ha provocado críticas de militantes fundadores, quienes acusan que el movimiento corre el riesgo de convertirse en refugio de los mismos actores políticos que antes señalaba por prácticas de poder, control territorial y acuerdos cupulares.
Analistas recuerdan que fenómenos similares han ocurrido en estados como Hidalgo, Oaxaca y Veracruz, donde ex cuadros priistas migraron hacia Morena conservando influencia política y estructuras regionales.
Aunque no existe ninguna investigación oficial contra Ricardo Aguilar ni evidencia de acuerdos ilegales entre actores políticos, la fotografía volvió a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda para la 4T mexiquense: ¿la transformación política representa realmente una ruptura con el pasado o sólo el reacomodo de los mismos grupos bajo nuevas siglas?
En un Estado de México marcado históricamente por el dominio priista, la ciudadanía observa con atención cómo antiguos adversarios hoy comparten mesa, diálogo y posibles acuerdos. Porque para muchos mexiquenses, el problema ya no es sólo quién gobierna, sino quién sigue moviendo las estructuras del poder desde las sombras.
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| IMAGEN FOTO CRONISTA| Por Tiger |
* Crecen sospechas sobre operación política del PVEM en Edomex
Por Redacción | Agencia MANL.
Toluca, Estado de México.— La posible fractura entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena en el Estado de México comienza a ser interpretada dentro de círculos políticos como algo más que una simple diferencia electoral rumbo a 2027. Detrás del aparente distanciamiento emerge una vieja sospecha: la permanencia de estructuras ligadas al priismo mexiquense operando dentro de la llamada Cuarta Transformación.
En el centro de la discusión aparece José Alberto “Pepe” Couttolenc Buentello, dirigente estatal del PVEM, quien en menos de una década pasó de ser aliado político del PRI mexiquense a convertirse en socio estratégico de Morena y del gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez.
El cambio de alianzas no pasó desapercibido. Durante el gobierno de Alfredo del Mazo Maza, el PVEM conservó posiciones políticas, en alcaldías y presencia territorial bajo acuerdos con el PRI. Sin embargo, tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia y la derrota priista en 2023, el Verde migró rápidamente hacia la coalición oficialista, asegurando espacios legislativos y crecimiento político.
Durante el proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado de México, Couttolenc Buentello, "no tocó ni con el pétalo de una rosa Alfredo del Mazo, ni a su gobierno. Incluso en las entrevistas evitaba vertir opinión hacia él, coinciden analistas y periodistas.
Hoy, versiones internas señalan que el PVEM estaría preparando una estrategia de autonomía electoral para conservar fuerza propia rumbo a 2027 y 2030, incluso si eso implica debilitar parcialmente a Morena en municipios clave del Estado de México.
Las sospechas crecieron luego de que Couttolenc abriera públicamente la posibilidad de competir sin alianza en diversas regiones mexiquenses, mientras simultáneamente suma a expriistas, exalcaldes y operadores políticos vinculados durante años al viejo régimen estatal, "y sumar el antaño voto duro tricolor".
Sectores morenistas acusan, en privado, que el Verde construye una estructura paralela financiada desde grupos políticos que sobrevivieron al "supuesto" derrumbe electoral del PRI. Aunque no existen investigaciones oficiales que acrediten una operación directa del llamado Grupo Atlacomulco, el tema volvió a colocarse en la conversación política mexiquense por el origen de varios cuadros que hoy operan bajo las siglas del PVEM.
La polémica revive además las versiones sobre presuntos acuerdos políticos durante la elección de 2023. Aunque las autoridades electorales validaron el triunfo de Delfina Gómez y no existe sentencia que confirme fraude electoral, actores políticos continúan señalando posibles negociaciones cupulares para garantizar una transición sin ruptura total de estructuras de poder.
A ello se suma la opacidad sobre el crecimiento financiero y territorial del Verde mexiquense. Hasta ahora, Morena, el gobierno estatal y el propio PVEM han evitado transparentar los términos reales de sus acuerdos políticos rumbo a las próximas elecciones.
En el Estado de México, donde durante décadas el poder fue controlado por redes priistas, el reacomodo político parece lejos de terminar. Y para muchos observadores, la verdadera disputa no es ideológica, sino por el control del territorio, las candidaturas y el poder que viene rumbo al 2027 y 2029..
* Vinculan el proceso con supuestos miembros del crimen organizado.
Por Jesús Carrasco | Agencia MANL.
Morelos.- Morelos volvió a estar en el punto de mira nacional debido a la presencia y operación de grupos delictivos. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo el vínculo con el proceso de cinco personas acusadas de presuntamente formar parte de una organización criminal dedicada a delitos contra la salud, luego de operativos simultáneos realizados en Morelos y Querétaro.
La resolución judicial fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO), después de que el Ministerio Público Federal presentara pruebas que el juez consideró suficientes para ordenar la detención preventiva extraoficial y conceder un plazo de 15 días para la investigación complementaria.
Los acusados, identificados como Irving "N", Pablo "N", Horacio "N", Agustín "N" y Jonathan "N", fueron detenidos durante allanamientos realizados en seis viviendas ubicadas en Huimilpan, Querétaro, así como en Atlatlahucan y Cuautla, Morelos. En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Las investigaciones federales revelan que la organización criminal tendría presencia en al menos ocho municipios de Morelos, particularmente en Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan, zonas donde las denuncias ciudadanas relacionadas con extorsión, narcotráfico, desapariciones y violencia armada se han multiplicado durante el último año.
Según cifras de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Morelos sigue figurando entre las entidades con las tasas más altas de homicidio intencional por cada 100.000 habitantes, mientras que los municipios de la región oriental han registrado una creciente disputa entre grupos criminales vinculados al narcotráfico y al control territorial.
La toma se produce en medio de una fuerte presión política y social sobre las autoridades estatales y municipales, tras varios incidentes violentos registrados en 2025 y durante el presente año. En Cuautla y Yecapixtla, comerciantes y transportistas han denunciado públicamente los cobros de alquileres y las amenazas, mientras que grupos ciudadanos exigen una mayor presencia federal.
Casos similares se han documentado recientemente en entidades vecinas como Guerrero, Estado de México y Puebla, donde la federación ha desplegado operaciones coordinadas para contener estructuras criminales regionales vinculadas al narcotráfico y la extorsión.
Si bien la FGR sostuvo que existen elementos sólidos contra los detenidos, recordó que las cinco personas deben ser consideradas inocentes hasta que una autoridad judicial competente emita una sentencia condenatoria.
El operativo federal confirma que Morelos sigue siendo un punto estratégico para las organizaciones criminales que buscan controlar los corredores territoriales y las rutas de movilidad entre el centro y el sur del país, un fenómeno que mantiene en tensión a autoridades y ciudadanos.
* La alcaldesa sostuvo encuentro con Hugo Aguilar Ortiz y Lenia Batres para abordar el acceso al agua en el municipio más poblado del Estado de México
Por Redacción | Agencia MANL
Ciudad de México.+ La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó sobre una reunión con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y con la ministra Lenia Batres Guadarrama, para abordar temas relacionados con el acceso al agua en el municipio.
A través de sus redes sociales, la alcaldesa señaló que el encuentro permitió dialogar sobre “los avances en el acceso al agua” en Ecatepec, uno de los municipios con mayores problemas históricos de abastecimiento hídrico en el país. La publicación se da en medio de la presión social que enfrenta el gobierno municipal por la escasez en diversas colonias, tandeos prolongados y dependencia de pipas en comunidades de la zona alta.
El tema del agua se convirtió en uno de los principales retos políticos y sociales para la actual administración municipal. Ecatepec concentra más de 1.6 millones de habitantes, de acuerdo con cifras oficiales del INEGI, y durante décadas ha enfrentado rezagos en infraestructura hidráulica, fugas, tomas clandestinas y fallas en el suministro provenientes del Sistema Cutzamala y pozos locales.
La reunión adquiere relevancia política debido a la presencia de integrantes de la Suprema Corte, particularmente de Lenia Batres, identificada con posiciones cercanas a la llamada Cuarta Transformación. Analistas consideran que el acercamiento refleja el interés del gobierno municipal por posicionar el tema hídrico como un asunto prioritario de carácter social y de derechos humanos.
En meses recientes, el gobierno de Ecatepec impulsó operativos de reparación de fugas, rehabilitación de pozos y programas emergentes de distribución de agua mediante pipas; sin embargo, habitantes continúan denunciando irregularidades en el servicio y falta de presión en varias comunidades.
La reunión entre autoridades municipales y ministros de la SCJN coloca nuevamente a Ecatepec en el centro del debate sobre el acceso al agua como derecho constitucional y evidencia que el problema hídrico continúa siendo uno de los mayores desafíos políticos y sociales del municipio.
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FOTO CRONISTA
Por Tiger | Agencia MANL
La nueva caricatura de Foto Cronista pone sobre la mesa el mensaje que ya incomoda dentro de Morena en el Estado de México: aspirantes adelantados, funcionarios en campaña y el fantasma de la corrupción rumbo a la sucesión.
Mientras la gobernadora Delfina Gómez Álvarez advierte que nadie podrá usar el cargo para promoverse rumbo al 2027, la pregunta es inevitable: ¿la regla será pareja o habrá consentidos políticos?
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* FGR logra sentencias por pederastia agravada
Por Redacción | Agencia MANL.
Ciudad de México.- La condena de 40 años de prisión contra Daniel “N” y de 22 años contra Elvia “N” por delitos de pederastia agravada y encubrimiento volvió a colocar bajo escrutinio la seguridad de niñas y niños dentro de instituciones educativas públicas en la Ciudad de México, particularmente en zonas de alta densidad poblacional como la alcaldía Iztapalapa.
La Fiscalía General de la República informó que ambos sentenciados, quienes laboraban como servidores públicos del sector educativo, fueron encontrados penalmente responsables de cometer actos sexuales contra dos menores dentro de un jardín de niños. La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, instancia que presentó pruebas suficientes para acreditar los delitos de pederastia agravada y encubrimiento.
Además de las penas de prisión, las autoridades judiciales impusieron multas por 261 mil 429 pesos a Daniel “N” y de 133 mil 993 pesos a Elvia “N”.
El caso revive cuestionamientos sobre los mecanismos de vigilancia y supervisión en planteles educativos públicos, especialmente después de diversos antecedentes registrados en México donde directivos, docentes o personal escolar fueron denunciados por presuntos abusos sexuales contra menores. Organizaciones civiles han señalado en múltiples ocasiones que muchas denuncias permanecen años sin resolverse o enfrentan obstáculos burocráticos y silencio institucional.
Aunque la FGR destacó el resultado judicial como un avance en el combate a la violencia contra menores, persisten dudas sobre posibles omisiones administrativas dentro del plantel donde ocurrieron los hechos. Hasta ahora no se ha informado públicamente si existieron investigaciones internas adicionales, sanciones a superiores jerárquicos o protocolos preventivos posteriores al caso.
Datos de organizaciones dedicadas a la defensa de la infancia indican que los delitos sexuales contra menores continúan siendo uno de los fenómenos con mayor subregistro en el país debido al miedo, la presión familiar y la falta de confianza en las autoridades. Casos similares en entidades como Estado de México, Puebla y Jalisco han exhibido patrones de opacidad institucional y respuestas tardías.
Especialistas en protección infantil han advertido que las escuelas deben dejar de ser consideradas espacios automáticamente seguros y reforzar protocolos obligatorios de denuncia, monitoreo psicológico y supervisión permanente del personal educativo.
La sentencia emitida por autoridades federales representa una de las condenas más severas en un caso de abuso sexual infantil dentro del ámbito escolar reciente; sin embargo, también exhibe una realidad incómoda: los mecanismos preventivos fallaron mientras las víctimas permanecían dentro de un espacio que debía protegerlas.
