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Por José Humbertus Pérez Espinoza.
Es duro ver la tristeza y la desolación que dejo por su paso el huracán Otis. Los medios de comunicación se desgarran las vestiduras, principalmente el monopolio de televisa, que nació cuando Miguel Alemán, siendo presidente de la República se apoderaron y expropiaron para los suyos el bello puerto de Acapulco.
Al escuchar la canción de Amparo Ochoa “La Mano y el Pie” ahí se explica el origen de esta tragedia. La gran voz de esta cantante narra como se realizó esta pieza musical y quien es el autor Tadeo Arredondo.
Amparo Ochoa nos narra y dice textualmente que el autor “es un señor de esos, de los negritos que anda en Acapulco que tiene su casita, que no están precisamente en el malecón llena de hoteles, Tadeo vive en esas chocitas, en ese piedrero todo seco donde no hay agua, no hay luz, faltan muchas cosas”.
La cantante sinaloense murió en el año 1994 y los principales damnificados son los que señala en sus estrofas. Pero el huracán Otis también dejo millones de damnificados en la información y la desinformación, nadie de los principales medios de comunicación convencionales y los Youtuberos dieron a conocer las duras imputaciones que hizo en la revista Proceso el Mini Lic. Dámaso López Serrano, que el Cártel de Sinaloa dio dinero a García y votos para Peña Nieto.
El Mini Lic es contundente y la imputación suficiente, cuando narra cómo él narcotráfico le dieron los votos en la elección presidencial y dicen como se operaban los votos con recursos del crimen, narra “Entre el pueblo y pueblo agarras varios miles de votos, ponle un pueblito tengan 3 mil, otros 5 mil y así te vas agarrando, y ya juntas unos cuantos millones, y precisa. Luego esto es lo que hacíamos ordenábamos que alguien se parara afuera de una casilla con un costal de puros billetes de 500 pesos y entregara mil pesos a cada persona que enseñara que votó por el que dijimos”.
Estas declaraciones fueron omitidas y ponen de manifiesto el doble discurso, principalmente de los dirigentes del PRI y del PAN, que tanto han señalado los supuestos vínculos de Andrés Manuel López Obrador y de MORENA, incluso criticando cuando el presidente saludó de mano a la madre de Joaquín Guzmán Loera, en una visita que realizó al municipio de Badiraguato tierra natal del Chapo.
Con que autoridad moral la sobrina de Felipe Calderón Hinojosa Mariana Gómez del Campo y la Senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán fueron a denunciar ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, incluso recientemente Calderón Hinojosa en un foro internacional señaló que Estados Unidos debería de intervenir en México porque la democracia está en riesgo y las instituciones que garantizan la normalidad democrática, cuando él le entrego la seguridad pública al crimen organizado.
Es claro que tanto los gobiernos de los presidentes: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto llegaron al poder financiados por el dinero del narcotráfico, y las pruebas acreditaron la responsabilidad penal y se dictó sentencia condenatoria por cinco cadenas perpetuas al que fuera el Secretaría de Seguridad Pública Federal a Genaro García Luna.
Lo grave de esta relación y responsabilidad penal es que en los dos sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fueron los responsables de no cumplir con la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia del 18 de junio de 2008, que tuvo como objetivo instalar y consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), que cambiaría radicalmente el combate al crimen, la inseguridad y darle a la sociedad mexica justicia.
Cómo es posible que el responsable de firmar y elaborar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad Genaro García Luna, y el responsable de cumplir con el Acuerdo por la Seguridad Integral de los Mexiquenses Enrique Peña Nieto, fueron los principales responsables de la seguridad pública de país y estar al servicio de la delincuencia organizada.
Incluso ambos acuerdos sostenían tres principios básicos, primero que los ministerios públicos, policías, y peritos acreditaran que cursaron durante 8 años su servicio profesional de carrera, una vez acreditado presentarían sus exámenes de control de confianza, segundo contar con policías de investigación y científica para investigar los delitos, y para acreditar con pruebas científicas las responsabilidad de las personas que cometieran conductas anti sociales, y tercero respetar los derechos humanos mediante la presunción de Inocencia.
Está claro que los gobiernos del PAN y el PRI durante los sexenios de 2006-2018 realizaron una acción concertada, para simular que se instalaría en México el SJPA (Sistema de Justicia Penal Acusatorio), que en los hechos no resultó, así los costos están a la vista con una violencia incontrolable, miles de asesinatos, desaparecidos y los únicos sobrevivientes de esta barbarie los falsos culpables por delitos de alto impacto que son inocentes y están en las prisiones mexicanas.
Es claro que los recursos federales que se asignaron al FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública) fueron desviados para otros fines a los asignados a la seguridad pública y para instalar el SJPA, la determinación para que estos recursos no se aplicaran las ordenes salieron de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, a ambos presidentes nos les convenía que México contará con policías de investigación y científica, que verdaderamente combatieran el crimen organizado.
Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto son los responsables por el desvió millonario de $151,892,023,725.00 pesos, el resultado lo han señalado nuestras investigaciones y la iniciativa ciudadana PIDH (Presunción de Inocencia y Derechos Humanos) de la Ley de Amnistía del Estado México, que por estos graves actos de corrupción no se cumplió con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008.
En el caso de Enrique Peña Nieto existen pruebas claras y contundentes de su responsabilidad penal como presidente y su testimonial obra por escrito cuando señaló en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: “Se reconoce un rezago en el nuevo Sistema de Justicia Penal, debido a que se subordinó la asignación de recursos a la seguridad a la seguridad a otros objetivos públicos. Aunado a ello la insuficiente armonización legislativa, la falta de capacitación entre los operadores de justicia, constituyen obstáculos para la implementación del Sistema de Justicia Penal”.
Sin embargo, como gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en el Acuerdo por la Seguridad Integral de los Mexiquenses se comprometió a cumplir lo mandatado de la Legislatura del Estado de México en: “asignar e incrementar, etiquetar, vigilar y supervisar los recursos públicos destinados a la seguridad pública, procuración, administración y readaptación social”.
Entonces porqué como presidente de la república Peña Nieto señala: “Se reconoce un rezago en el nuevo Sistema de Justicia Penal, debido a que se subordino la asignación de recursos a la seguridad pública a otros objetivos públicos”. Estos recursos no se tenían porque haber desviado a otros “objetivos” públicos”, esto acredita la responsabilidad penal de que los recursos del FASP se desviaron con el consentimiento ambos presidentes.
Los falsos culpables por delitos de alto impacto son sentenciados y condenados con testimonios falsos al cumplir largas condenas, ¿el testimonio consistente del Mini Lic. Dámaso López Serrano en contra de Enrique Peña Nieto de recibir votos y tener millones de sufragios a su favor quienes lo van a investigar y condenar?
Esta historia continuará en el próximo sexenio.
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