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Por Alma Valadéz/ Agencia MANL
Tlalnepantla, Méx.— Un tribunal laboral será el encargado de definir el monto que corresponderá por concepto de prima de antigüedad a ex trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Tlalnepantla, en un proceso que, de acuerdo con la autoridad municipal, busca garantizar el pago más favorable conforme a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
La mañana de este miércoles, un grupo de jubilados del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM) llevó a cabo un bloqueo en la Avenida Mario Colín, además de manifestarse frente al Palacio Municipal. Exigen el pago de la prima de antigüedad y de la jubilación, pese a que ambos conceptos derivan de una misma prestación establecida por ley.
El gobierno municipal precisó que el convenio firmado con el SUTEyM contempla una prima de antigüedad equivalente a 60 días de salario por cada año trabajado, monto que —según la cláusula décima del documento— representa el beneficio más alto posible para los trabajadores retirados.
El Artículo 80 de la citada ley establece que, cuando existan diferentes mecanismos de retiro sin aportaciones del trabajador, se deberá entregar únicamente la prestación que más lo favorezca.
Aunque las autoridades ofrecieron un adelanto como muestra de compromiso, la mayoría de los ex trabajadores —quienes concluyeron su labor el 31 de diciembre pasado— aceptaron esperar la resolución judicial para conocer el monto definitivo, renunciando por el momento a recibir la prima vacacional.
El Ayuntamiento informó que cuenta con un plazo legal de hasta 30 días para realizar estos pagos, pero enfrenta restricciones financieras derivadas del déficit presupuestal heredado de la administración anterior. Ante ello, se elaboró un calendario para garantizar la entrega de los recursos correspondientes.
El presidente municipal Raciel Pérez Cruz reiteró su disposición de atender la demanda de los ex trabajadores y aseguró que su gobierno mantendrá una política de apego a la ley para proteger los derechos tanto del personal en activo como de quienes concluyeron su servicio.
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