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Por Alma Valadez | Agencia MANL
Ecatepec, Méx. - En un despliegue coordinado entre el Gabinete de Seguridad Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad Estatal y la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, se llevaron a cabo este viernes cateos y operativos en el fraccionamiento Héroes Ecatepec, considerado el principal bastión del grupo autodenominado “Los 300” o “Unión 300”.
Las intervenciones, autorizadas por el Poder Judicial del Estado de México, forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del programa federal de Comando Coordinado, cuyo objetivo es recuperar bienes despojados por la organización criminal y utilizados para delitos como extorsión, narcotráfico y secuestro exprés.
Según las investigaciones, "Los 300" habían convertido este complejo habitacional, donde viven más de cinco mil personas, en un enclave de control criminal. Con bloqueos en las entradas y salidas, impidieron el ingreso de la policía y las autoridades judiciales, además de imponer cupos a los habitantes y restringir su movilidad bajo amenazas de violencia.
La subdivisión funcionó como centro de reunión, planificación y operaciones del grupo, que consolidó su presencia con la protección de las autoridades municipales en administraciones anteriores. El 18 de agosto pasado, un enfrentamiento entre miembros de la organización y la policía municipal resultó en la muerte de un presunto delincuente.
Las investigaciones de inteligencia revelaron que el modus operandi del grupo consistía en desvalijar viviendas por la fuerza: en grupos de hasta 20 personas, entraban violentamente en los edificios, amenazaban a los residentes con armas de fuego y, en algunos casos, los agredían físicamente para expulsarlos. En otras ocasiones, ocupaban casas deshabitadas, forzando paneles y puertas.
Una vez que se apropiaron de las propiedades, exigieron dinero a cambio de devolverlas, alquilarlas o permitir el acceso a sus legítimos dueños. Sin embargo, incluso con el pago, las víctimas fueron intimidadas y las viviendas permanecieron bajo el control del grupo. El temor a represalias impidió la presentación de denuncias formales.
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