Por Redacción | Agencia MANL
Toluca, Edomex. 29 de Octubre 2025.– A dos años de haber asumido la gubernatura del Estado de México, la administración de Delfina Gómez Álvarez enfrenta una serie de reclamos y señalamientos concretos provenientes de distintos sectores sociales, organismos y medios, enfocados principalmente en la atención a servicios básicos, rendición de cuentas y resultados administrativos en los municipios.
De acuerdo con registros hemerográficos y fuentes oficiales, el Movimiento Antorchista y otras organizaciones sociales han realizado diversas manifestaciones y bloqueos en vialidades de Toluca y municipios del oriente mexiquense, exigiendo audiencias con la gobernadora y atención a demandas de infraestructura, agua, drenaje y pavimentación. Dichas protestas se documentaron durante 2024 y 2025 en medios nacionales y regionales.
Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha informado sobre operativos e investigaciones relacionadas con casos de corrupción y delincuencia organizada dentro de cuerpos policiacos municipales. En distintos comunicados oficiales se reportaron detenciones de mandos por presuntos vínculos con la delincuencia y apertura de miles de carpetas de investigación por irregularidades administrativas durante el periodo 2024-2025.
A pesar de estos señalamientos, el gobierno mexiquense ha sostenido que mantiene una política de “cero tolerancia a la corrupción”, así como estrategias de fortalecimiento institucional mediante convenios de transparencia con municipios. En su segundo informe de gobierno, Delfina Gómez afirmó que su administración trabaja para “romper los pactos de impunidad” y que los programas sociales, como Mujeres con Bienestar, han alcanzado a más de 600 mil beneficiarias.
No obstante, el reclamo recurrente entre comunidades y organizaciones es la falta de respuesta a pliegos petitorios y audiencias directas, así como la lentitud en la atención institucional. Según la propia Secretaría General de Gobierno, durante 2024 y 2025 se registraron más de 2 000 manifestaciones ciudadanas atendidas, lo que refleja el alto nivel de demanda social hacia el Ejecutivo estatal.
En su balance de dos años, la gobernadora ha destacado la reducción de delitos como homicidio doloso, robo de vehículo y extorsión, además de la rehabilitación de 800 kilómetros de caminos rurales en el sur del estado. Sin embargo, los reclamos públicos más frecuentes apuntan a que estos avances no han tenido el mismo impacto en todos los municipios y que aún persisten rezagos en servicios, transparencia y atención directa.
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