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Redacción | Agencia MANL
El Estado de México atraviesa una de sus peores crisis en materia de justicia y detención preventiva. En los últimos diez años, el número de personas privadas de libertad se ha duplicado, mientras que organizaciones civiles y especialistas estiman que al menos el 45% de ellas podrían ser inocentes, víctimas de delitos fabricados, procesos irregulares o falta de una defensa adecuada.
Durante un foro celebrado este martes, legisladores, defensores públicos y organizaciones de derechos humanos coincidieron en que el problema requiere medidas urgentes. La diputada María José Pérez Domínguez destacó la necesidad de revisar a fondo la política penal del Estado y fortalecer las garantías procesales para evitar que más personas sean encarceladas injustamente.
Participaron en la reunión José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de la Organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos; Beda Sarmiento, presidente de la misma organización; y José Carlos Neyra Cruz, representante del Instituto del Defensor Público del Estado de México. Todos enfatizaron la urgencia de adaptar la Ley de Amnistía, penalizar la fabricación de delitos y depurar a los funcionarios corruptos de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial mexicano.
La gran afluencia de personas al evento obligó a restringir el acceso a decenas de personas, por lo que los organizadores se disculparon, reiterando que todas las víctimas serán atendidas diligentemente en la búsqueda de justicia.
El Estado de México atraviesa una de sus peores crisis en materia de justicia y detención preventiva. En los últimos diez años, el número de personas privadas de libertad se ha duplicado, mientras que organizaciones civiles y especialistas estiman que al menos el 45% de ellas podrían ser inocentes, víctimas de delitos fabricados, procesos irregulares o falta de una defensa adecuada.
Durante un foro celebrado este martes, legisladores, defensores públicos y organizaciones de derechos humanos coincidieron en que el problema requiere medidas urgentes. La diputada María José Pérez Domínguez destacó la necesidad de revisar a fondo la política penal del Estado y fortalecer las garantías procesales para evitar que más personas sean encarceladas injustamente.
Participaron en la reunión José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de la Organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos; Beda Sarmiento, presidente de la misma organización; y José Carlos Neyra Cruz, representante del Instituto del Defensor Público del Estado de México. Todos enfatizaron la urgencia de adaptar la Ley de Amnistía, penalizar la fabricación de delitos y depurar a los funcionarios corruptos de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial mexicano.
La gran afluencia de personas al evento obligó a restringir el acceso a decenas de personas, por lo que los organizadores se disculparon, reiterando que todas las víctimas serán atendidas diligentemente en la búsqueda de justicia.
Finalmente, se reconoció la empatía y el apoyo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien —según los participantes— ha demostrado la voluntad de construir un Estado de México con instituciones más humanas, responsables y comprometidas con la verdad.
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