Por Redacción | Agencia MANL
Toluca, Estado de México, 19 de febrero de 2026. — La diputada local de Morena, Jennifer González, presentó una iniciativa para que toda mujer que acceda a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en los supuestos permitidos por la ley reciba incapacidad médica oficial mínima de tres días hábiles, prorrogable según criterio clínico, con efectos laborales, académicos y de seguridad social.
La propuesta establece que la incapacidad sea confidencial —sin mención expresa del motivo salvo consentimiento de la paciente— y de reconocimiento inmediato por empleadores e instituciones educativas. Su negativa, advirtió la legisladora, deberá tipificarse como violencia institucional u obstétrica o acto de discriminación.
González, también presidenta de la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social, subrayó que entre 2007 —cuando se implementó la ILE en la Ciudad de México— y diciembre de 2024, más de 77 mil mujeres mexiquenses recurrieron a este servicio en la capital, cifra que equivale a casi una cuarta parte del total de procedimientos realizados ahí. Antes de la despenalización local, alrededor de 294 mexiquenses cada mes viajaban a la CDMX para interrumpir su embarazo.
Recordó que el 25 de noviembre de 2024, el Congreso mexiquense aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, convirtiendo al Estado de México en la entidad número 18 en garantizar este derecho. Sin embargo, sostuvo que persiste una omisión normativa: aunque la ILE está permitida, no existe un reconocimiento expreso y uniforme de la incapacidad médica posterior al procedimiento.
De acuerdo con la iniciativa, esta laguna genera discriminación indirecta por razón de género, riesgos para la salud física y emocional, así como posibles despidos, sanciones laborales o deserción escolar. La diputada enfatizó que cuando la ILE se realiza de forma segura, la recuperación adecuada reduce complicaciones, por lo que el descanso médico es parte del estándar de atención.
La reforma, afirmó, busca consolidar un avance en justicia reproductiva y autonomía corporal, alineado con la agenda de derechos humanos en la entidad.
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