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* Buscan frenar acaparamiento y garantizar acceso en México
Por Redacción | Agencia MANL.
Nezahualcóyotl, Méx., 24 de marzo de 2026. En el marco del Día Mundial del Agua, la diputada Zaria Aguilera Claro destacó la aprobación de la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales como un cambio estructural en la forma en que se gestiona el recurso hídrico en el país.
La legisladora subrayó que esta reforma representa un parteaguas al dejar de considerar el agua como una mercancía y reconocerla como un derecho humano fundamental, lo que implica una mayor responsabilidad del Estado en su administración y distribución.
Desde la Cámara de Diputados, explicó, se impulsó la modificación de un marco legal heredado del periodo neoliberal, el cual permitió el acaparamiento del recurso por parte de un pequeño grupo de usuarios, generando desigualdad en el acceso, principalmente en comunidades vulnerables.
Datos oficiales evidencian la magnitud del problema: alrededor de 15 millones de personas en México no cuentan con acceso al agua potable, mientras que el 47.7 por ciento de los hogares urbanos recibe el servicio de forma irregular y más del 58 por ciento carece de suministro diario.
Entre los cambios más relevantes, se establece que el Estado será el rector del agua como bien público, priorizando el uso doméstico y personal sobre cualquier otro. Además, se fijan reglas más estrictas para la asignación de concesiones, luego de que se detectara que el 1.1 por ciento de los usuarios concentraba el 22.3 por ciento del volumen concesionado.
La reforma también prohíbe la comercialización de agua no utilizada por concesionarios, por lo que este volumen será administrado por la Comisión Nacional del Agua, con el objetivo de redistribuirlo de manera equitativa.
Asimismo, se establecen nuevas obligaciones para los tres órdenes de gobierno, quienes deberán garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento, reconociendo su vínculo con derechos como la salud, el medio ambiente sano y la igualdad de género.
Con estas modificaciones, se busca no solo atender la crisis actual, sino también asegurar la disponibilidad del recurso para futuras generaciones en un contexto de creciente presión hídrica en el país.
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