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* Víctimas de fabricación de delitos y desalojos ilegales expusieron ante la CIDH presuntas violaciones a derechos humanos y exigieron justicia, reparación y garantías de no repetición.
Por Redacción | Agencia MANL
Estado de México.- Mujeres víctimas de la fabricación de delitos, integrantes del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna, representantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y del colectivo Presunción de Inocencia sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde expusieron diversos casos relacionados con presuntas violaciones graves a los derechos humanos en México.
En el encuentro también participó el fundador del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna y del colectivo Presunción de Inocencia, , quien acompañó la presentación de diversos casos y planteamientos relacionados con la defensa de personas afectadas por presuntas injusticias dentro del sistema de procuración e impartición de justicia.
Durante la reunión, las participantes presentaron testimonios y documentación sobre los impactos que, aseguran, han enfrentado a consecuencia de procesos judiciales irregulares que derivaron en la criminalización de personas inocentes. Las denunciantes señalaron que estas situaciones han provocado afectaciones físicas, psicológicas, morales y económicas tanto para las personas acusadas como para sus familias.
Uno de los temas centrales fue la denuncia de presuntos traslados ilegales de personas privadas de la libertad a centros penitenciarios federales. De acuerdo con las víctimas, estas acciones han sido utilizadas como mecanismos de represalia contra quienes exigen justicia o denuncian irregularidades dentro del sistema de procuración e impartición de justicia.
En la reunión también participaron integrantes del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna, quienes expusieron la problemática que enfrentan familias afectadas por desalojos considerados arbitrarios. Los representantes señalaron que numerosas personas han perdido sus hogares y patrimonio en procesos que, afirman, carecieron de certeza jurídica y vulneraron derechos fundamentales como el acceso a una vivienda digna y a la justicia.
Las organizaciones solicitaron a la CIDH dar seguimiento a los compromisos y acuerdos previamente establecidos, además de fortalecer los mecanismos de observación y acompañamiento para visibilizar estas problemáticas en el ámbito internacional.
Los participantes coincidieron en la necesidad de impulsar acciones concretas que permitan garantizar la protección efectiva de los derechos humanos, la reparación integral del daño a las víctimas y la implementación de medidas que eviten la repetición de estos hechos.
Finalmente, los colectivos reiteraron que continuarán impulsando la defensa de las personas privadas de la libertad por presuntos delitos fabricados, así como de las familias afectadas por desalojos ilegales, con el objetivo de alcanzar verdad, justicia y reparación para quienes consideran han sido víctimas de abusos e irregularidades institucionales.
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