Autor
* Ecatepec advierte que cumplir el proyecto podría frenar obras y servicios públicos
Por Redacción | Agencia MANL
Ecatepec, Estado de México.- La resolución que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el amparo en revisión 13/2026 podría convertirse en un precedente nacional al enfrentar dos principios constitucionales: garantizar el derecho humano al agua y, al mismo tiempo, evitar que una orden judicial comprometa la viabilidad financiera de un municipio.
El gobierno de Ecatepec informó que cumplir en los términos planteados por el proyecto de resolución implicaría destinar más de 6 mil millones de pesos, recursos que, según la administración municipal, rebasan por mucho su capacidad presupuestal y podrían desplazar inversiones destinadas a pavimentación, drenaje, alumbrado, seguridad pública y mantenimiento de infraestructura
En un escrito dirigido al ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss solicitó modificar el proyecto o ampliar los plazos de cumplimiento, al señalar que varias de las acciones ordenadas ya comenzaron a ejecutarse, mientras que otras requieren inversiones de largo plazo y la participación de autoridades federales y estatales responsables del Sistema Cutzamala.
El proyecto de resolución reconoce que el derecho humano al agua es un derecho económico, social, cultural y ambiental, protegido por el artículo 4 de la Constitución, y recuerda que el Estado tiene la obligación de garantizar un acceso suficiente, salubre y asequible al recurso. Sin embargo, también desarrolla el principio de progresividad, conforme al cual la materialización plena de este tipo de derechos depende de medidas deliberadas y del máximo de los recursos disponibles.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Los documentos que analiza la Corte establecen además que existen obligaciones inmediatas, como asegurar un mínimo vital de agua para las personas, pero reconocen que otras acciones estructurales requieren planeación, infraestructura y ejecución gradual.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
El Ayuntamiento sostiene que ya atiende parte de esas obligaciones mediante el suministro por pipas, la rehabilitación de pozos, la reparación de fugas, el combate al robo de agua y la ampliación del servicio por la red hidráulica en la Quinta Zona, donde viven los promoventes del amparo.
La discusión jurídica ya no se centra únicamente en si debe garantizarse el derecho al agua, pues ese principio está plenamente reconocido por la Constitución y por la propia Suprema Corte. El debate ahora consiste en determinar si las medidas para hacerlo efectivo pueden exigirse de manera inmediata cuando representan una inversión superior a los 6 mil millones de pesos y podrían afectar otros servicios públicos para el resto de la población.
La decisión que adopte el máximo tribunal no solo impactará a Ecatepec. También podría convertirse en un referente para futuros litigios sobre derechos sociales en municipios con limitaciones presupuestarias, donde los jueces deberán equilibrar la protección de los derechos humanos con la capacidad real de ejecución de las autoridades. �
Gracias por sus comentarios