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Por Redacción | Agencia MANL
Toluca, Méx.— Más de 1,384 millones de pesos ejercidos en 2024 por Comunicación Social y Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México quedaron bajo observación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que detectó deficiencias en procedimientos de contratación, estudios de mercado, suficiencia presupuestal y comprobación del gasto.
La Coordinación General de Comunicación Social ejerció 668.9 millones de pesos, después de que su presupuesto aprobado de 180.2 millones fuera modificado hasta superar los 680 millones. La auditoría revisó una muestra de 414.4 millones.
En la partida de publicidad y propaganda, el OSFEM reportó 70 resultados y 302 observaciones. Los señalamientos incluyen falta de estudios de mercado, problemas para acreditar procedimientos de contratación y documentación insuficiente para demostrar la recepción, uso y destino de determinados servicios.
No es un expediente aislado. En la Cuenta Pública 2023, Comunicación Social acumuló 219 observaciones, de acuerdo con el OSFEM. El organismo había señalado entonces problemas relacionados con procedimientos adquisitivos y estudios de mercado.
La pregunta es inevitable: ¿qué cambió después de esas observaciones y por qué la revisión de 2024 volvió a encontrar deficiencias?
La Oficialía Mayor también quedó bajo la lupa. Su Dirección de Recursos Materiales ejerció 716 millones de pesos durante 2024, frente a un presupuesto aprobado de 429.2 millones que posteriormente fue modificado hasta 718 millones.
El OSFEM determinó nueve resultados y 24 observaciones en esa auditoría. Las revisiones incluyeron combustible, telefonía, equipo informático, arrendamiento de vehículos, vigilancia, limpieza y ceremonias.
En distintos procedimientos se señalaron contrataciones sin suficiencia presupuestal, ausencia de estudios de mercado y falta de documentación para acreditar cómo se realizaron determinadas adquisiciones y adjudicaciones.
El arrendamiento de vehículos y de equipo informático también presentó observaciones relacionadas con los procedimientos utilizados y la justificación de determinadas contrataciones.
La revisión de la Consejería Jurídica encontró además problemas en la Dirección General del Registro Civil. El OSFEM documentó deficiencias en procedimientos de selección, nombramiento, capacitación, evaluación y certificación de oficiales.
Las observaciones del OSFEM no equivalen por sí mismas a corrupción comprobada ni a responsabilidad penal. Son señalamientos de fiscalización que deben aclararse, solventarse o, cuando corresponda, derivar en investigaciones.
Pero los expedientes dejan una pregunta que todavía no está respondida: ¿quiénes fueron los proveedores que recibieron los contratos observados, cuánto cobraron y bajo qué procedimiento fueron seleccionados?
Ahí está la siguiente parte de la investigación.
Porque saber cuánto gastó el gobierno es apenas el primer dato. Lo importante es seguir el dinero hasta cada contrato, cada proveedor y cada pago.
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