Justicia para Óscar Enrique: Denuncian Corrupción en el Poder Judicial del Estado de México

* El martes pasado antes de entrar a la audiencia del PPL, José Humbertus Pérez Espinoza, fijó su postura

Agencia MANL

En Otumba, la lucha por la justicia se intensifica. Óscar Enrique, de 40 años, enfrenta una condena injusta desde hace seis años después de haber sido víctima de una carpeta de investigación fabricada. Su abogado, José Humberto Pérez Espinoza, ha liderado una incansable batalla para demostrar su inocencia.

En una audiencia anterior la corrupción en el Poder Judicial del Estado de México ha salido a la luz con la reciente conducta sospechosa de la juez encargada del caso, vista en contacto con Ricardo Sodi Cuéllar, titular del Poder Judicial.

El martes pasado los colectivos Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) y Frente Mexiquense para una Vivienda Digna (FMVD) marcharon desde el centro de Otumba hacia los juzgados del penal. Exigieron justicia para Óscar Enrique y denunciaron la corrupción que afecta a la justicia en el Estado de México.

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Dan a conocer en Europa fabricación de falsos culpables y desalojos en Edomex

* También en estados del resto del país 

Agencia MANL 

Estado de México.- A fin de dar a conocer la corrupción y el comportamiento de jueces y magistrados sobre sentencias de los falsos culpables y sobre el despojo de viviendas, principalmente para denunciar que se fabrican carpetas de investigación e impiden el derecho internacional a una vivienda digna en el estado de México, y en otros estados del país, José Humbertus Pérez Espinoza, fundador del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna (FMVD) y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), realiza una gira internacional a países de Europa apoyado por la Organización de Derechos Humanos de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C..

Tras darse a conocer que José Humertús Pérez Espinoza, viajaría ante la ONU en Ginebra, Suiza, para denunciar la violación de jueces y magistrados a los derechos internacionales como el Derecho a una vivienda digna y adecuada y los Derechos de las Personas Privadas de su Libertad en el estado de México, organizaciones y autoridades europeas han mostraron interés por conocer sobre ambos temas.

Por invitación, el presidente y representante legal del FMVD y el fundador de PIDH, informó en su plataforma "Prisionero de conciencia" que viajaría a Europa, primero a Roma, Italia, y después a Bruselas, Bélgica; Amsterdam, capital de los Países Bajos; el 25 de octubre estará en Suiza, donde sostendrá una reunión con autoridades del gobierno suizo y organizaciones de derechos humanos de ese país, y concluirá el 26 de octubre en Ginebra, Suiza, sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) .

En la cita pactada con anterioridad en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, con intervención de la Organización de Derechos Humanos de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., se expondrá la violación de los derechos internacionales basados en la tutela de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la violación al Pacto Internacional artículo 11 de los Derechos Civiles y Políticos por parte de autoridades federales, estatales, municipales, jueces y ministros.

José Hubertús Pérez Espinoza, explicó que ambos tratados internacionales se coordinan, através de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Convención Americana e Interamericana de Derechos Humanos, através de la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de la ONU, que serán las encargadas de judicializar las controversias a los tratados internacionales mediante las pruebas presentadas del FMVD y PIDH.

El ex prisionero de conciencia recordó que previamente se entregó un informe de todas las detenciones arbitrarias y fabricación de delitos, así como de los desalojos, y que están en riesgo, mediante fraudes procesales, en donde Ricardo Sodi Cuellar, presidente del TSJEM (Tribunal Superior de Justicia del Estado de México) y el titular de la FGJEM (Fiscalía General de Justicia del Estado de México), José Luis Cervantes Martínez, "juegan un papel importante".

Cabe mencionar que José Humbertús Pérez Espinoza, viaja con una representación de la  Organización de Derechos Humanos de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., quienes también exponen otros casos donde son violados los Derechos Humanos de las personas como en los casos de PIDH y FMVD.

En audiencia con la CIDH se logra visita In Loco a ceresos en México

#CIDH #PIDH #FMVD #ONU #México #Edomex Agencia MANL Estado de México.- En la audiencia temática de la 187 edición del periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C., Presunción de la Inocencia y Derechos Humanos, A.C. y Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C., lograron que el Estado Mexicano aprobara la realización de una visita in loco a los penales del país. Cabe mencionar que las visitas in loco constituyen un método utilizado por organismos internacionales como la Organización de de los Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo, entre otros como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para observar los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos en donde hay miles de falsos culpables del fuero común. AUDIENCIA TEMÁTICA La audiencia temática número 19, titulada: "La situación de las Personas Privadas de su Libertad en México", fue llevada a cabo por la presidente de la CIDH, Esmeralda Arozamena de Troitiño, en presencia de relatores, representantes del Estado Mexcano, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, (ACNUDH-México) así como representantes del estado de México, representantes de la sociedad civil, a petición de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C., FMVD y PIDH.

La primera en participar fue Ie Tze Rodríguez López, integrante de Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C, quien señaló que en la República Mexicana es común que la fabricación de falsos culpables da inicio con una detención arbitraria. Estas detenciones son una práctica común entre elementos de corporaciones policiales o de seguridad pública que criminalizan a personas ajenas a los delitos de los cuales son acusados. Son vulnerables sobre todo las personas que integran la diversidad sexual, indígenas, personas en situación de extrema pobreza, defensores de derechos humanos y activistas sociales, entre otros. Sírvase de ejemplo de lo anterior la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tzompaxtle Tecpile Vs. México, en donde se aborda la ilegalidad de las detenciones al margen de una orden emitida por autoridad judicial, y se ordena la adecuación del ordenamiento jurídico interno en torno a la prisión preventiva, con respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la eliminación de la figura del arraigo. 

EL Obispo Emérito José Raúl Verá López Presidente Honorario de Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C, detalló que posterior a la detención arbitraria, las personas son ingresadas en los penales, lugares en los que, en la mayoría de los casos, tardan años en espera de un juicio, violando así la presunción de inocencia a la que tiene derecho toda persona, y sin tener garantías de un debido proceso. 

Un ejemplo de lo anterior es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y Reyes Alpízar, en la que ordena la adecuación de las normas internas de México con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la figura de la prisión preventiva oficiosa.

Cabe subrayar que, hasta el momento, el Estado Mexicano no ha dado indicios de cumplir con las Sentencias ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. FABRICACIÓN DE DELITOS Durante los últimos años la fabricación de culpables se ha generalizado en todo el México, para elevar el índice de casos que no quedan en la impunidad y el claro objetivo de demostrar -tanto a nivel nacional como internacional- que se está acabando con los grupos criminales. Es una violación sistemática a los derechos humanos, donde a las personas acusadas se les siembran pruebas para señalarlas de delitos que no cometieron; se presenta a las o los culpables fabricados, en aparatosas conferencias de prensa, para demostrar a la población que se está combatiendo a la delincuencia. La fabricación inicia con una detención arbitraria, es decir sin ninguna orden de Juez que ordene la aprehensión de la persona, ésta es realizada por parte de policías, guardia nacional, militares, y/o marinos. Esta acción se realiza sin elementos que permitan identificarlos como tal. Es decir, no se identifican como autoridad cuando detienen a la persona, además de que se utiliza la tortura y los tratos crueles e inhumanos para forzar una confesión auto inculpatoria y así poder anular la resistencia y dignidad de la persona. Se utiliza la tortura como un medio de terror Estatal para forzar a las personas detenidas arbitrariamente a cooperar y firmar lo que le indican los agentes, posteriormente se les da prisión preventiva oficiosa, se le siembran pruebas a la persona imputada, falsos testigos, o en muchos de los casos sin parte acusadora y sin testigos, se les sigue un proceso judicial violatorio a los derechos humanos, son trasladados a prisión, en estos procesos no hay equidad de armas y el juicio no es justo, además se le etiqueta mediáticamente a la persona en cuestión.

En su participación, José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defesa para una Vivienda Digna, A.C. y Fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C. y ex preso de Conciencia-Político, resaltó que "a lo anterior debemos sumar la falta de una investigación técnica y científica, por parte de la policía de Investigación que en muchos de los casos es deficiente e inadecuada, pero también en muchos casos simplemente es nula. Lo mismo sucede con la intervención de los Ministerios Públicos que por tener una carga de trabajo excesiva y otros factores, al integrar la carpeta de investigación adolece de investigación científica, aunado a ello la falta de una cadena de custodia rigurosa". Cabe subrayar que la mayoría de las Personas Privadas de su Libertad de manera arbitraria, han manifestado haber sufrido amenazas y tortura, tratos crueles e inhumanos y aunque lo denuncien, reina la impunidad y son trasladados a prisión, violándoles el principio de inocencia. Hay ocasiones en que las denuncias de tortura han sido denunciadas a las Comisiones de Derechos Humanos que hay en cada una de las entidades federativas del país, pero no sólo no hay investigaciones o sanciones, sino que el personal se pone del lado de las autoridades agresoras y de las de la propia prisión para amenazar y dejar sin derechos (a la salud, educación, visitas, entre otros) a las personas víctimas de este drama estructural del sistema de justicia. En la Fiscalía mexiquense, 1,181 agentes del Ministerio Público local fueron denunciados por ciudadanos, tras haber cometido irregularidades administrativas y de investigación; esta cifra aumenta año con año1. Sumado a que no se aplican los Protocolos de Investigación, la violación a los derechos humanos, en suma, la fabricación de delitos y tortura para la obtención de falsos culpables sigue vigente en México, a pesar de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial. En conclusión, las personas detenidas arbitrariamente, posteriormente son acusadas de un falso delito en flagrancia. Durante esta detención se fabrica un nuevo delito por el que se gira una orden de aprehensión. Al ser presentadas ante un juez, las personas son vinculadas a proceso y la Fiscalía les formula la prisión preventiva oficiosa. Ya en prisión, pueden estar años sin ser sentenciadas, y ese periodo de tiempo lo pueden vivir en condiciones que también son consideradas como tortura. La prisión preventiva oficiosa, constituye una pena anticipada que rompe por completo con los estándares señalados por la Convención Americana para los Derechos Humanos, así como el proyecto de vida de las víctimas de fabricación de delitos y su familia, se les viola la convencionalidad. Por su parte, Jaqueline Capbell Dávila. Periodista defensora de derechos humanos Asesora de Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C. La Prisión, destacó que de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional2, en México, la Población Privada de la Libertad asciende a 231,907 personas, de las cuales son 218,778 hombres (94.34%) y 13,129 mujeres (5.66%). La Población Privada de la Libertad del Fuero Común es de 201,941 (87.08%), de estas personas la Población Privada de la Libertad Procesada es de 80,352 (34.65%) y la Población Privada de la Libertad Sentenciada es de 121,589 (52.43%).

La Población Privada de la Libertad del Fuero Federal es de 29,966 (12.92%), de los cuales la Población Privada de la Libertad Procesada es de 13,219 (5.70%) y la Población Privada de la Libertad Sentenciada es de 16,747 (7.22%).

Los Centros Penitenciarios que dependen del Gobierno Federal son 14, los Centros Penitenciarios que dependen del Gobierno de la Ciudad de México, son 13. Los Gobiernos Estatales cuentan con 258 Centros Penitenciarios. Centros Penitenciarios Sobrepoblados que tienen Población Privada de la Libertad del Fuero Común y Federal, son 116. Un ejemplo de sobrepoblación es el Estado de México que cuenta con 23 Centros Penitenciarios, con 14,327 espacios para Personas Privadas de la Libertad, sin embargo, su población es de 35,256 personas internas. Según el estudio Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 44 de 233 centros penitenciarios contaban con estructuras de autogobierno en las que las Personas Privadas de Libertad realizaban funciones de personal, en marzo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH visitó 27 cárceles y evaluó que las estructuras de autogobierno sometían a las PPL a extorsiones, agresiones y tratos inhumanos. Al parecer, los grupos delictivos seguían supervisando las actividades ilícitas desde el interior de los centros penitenciarios, y los miembros de cárteles de la droga rivales solían enfrentarse en prisión. De acuerdo con la información del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal Estatales 20223, solamente el 42% de la Población Privada de la Libertad tiene una sentencia.

Dennis Rodríguez López, también Integrante Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C., sustuvo que las familias de las PPL han venido denunciando constantemente en los medios; la corrupción, extorsiones, irregularidades, abuso y acoso sexual, y la comisión de delitos que existe dentro de las prisiones. Los familiares han hecho público el pago que tienen que realizar por ingresar alimentos y artículos de primera necesidad (ropa, artículos de higiene personal, de limpieza y medicamentos), además los familiares también tienen que pagar para poder ingresar, para no hacer fila, para no ser revisados de manera intrusiva, para tener un espacio de visitas, por el uso de sillas y mesas en el espacio de visitas. También denuncian la falta de personal médico para atender enfermos de diabetes, hipertensión entre otros padecimientos, la falta de atención a personas con VIH, SIDA, tuberculosis, hepatitis C y otras enfermedades de transmisión sexual, que las PPL adquieren estando en prisión. Reiteró que los familiares son sometidos a procedimientos estrictos y degradantes, como son las inspecciones físicas al ingresar a la visita, ya que a veces los obligan a desvestirse y permitir ser auscultados, incluso hacer sentadillas sin ropa puesta.

La revisión minuciosa de los objetos personales que portan las visitas es otra vejación, pues se debe soportar el ver que la comida que ingresan para su interno es manoseada y destruida por quienes realizan el registro de entrada a reclusorio, a pesar de que en algunas cárceles hay bandas de rayos X por donde pasan los artículos que se ingresan y se conoce que no hay riesgo en ellos A lo anterior se suma la violencia física y psicológica de la que son víctimas las PPL, por los custodios y también por Personas Privadas de la Libertad4, pertenecientes a grupos criminales Concluyendo que en los reclusorios federales y estatales en México se presentan patrones comunes y estructurales, tales como hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato por parte del personal penitenciario, e imposibilidad para presentar quejas ante un órgano independiente que cumpla con los estándares de independencia e imparcialidad reconocidos.

En su turno, Ernesto Rodríguez Cabrera Abogado de Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C., destacó que "manifestamos que la impartición de justicia es una asignatura pendiente, mientras se sigan dando las detenciones arbitrarias, los tratos crueles e inhumanos y la fabricación de falsos culpables, sumado a las violaciones a los derechos humanos que viven las PPL en las prisiones. Se tiene que frenar la red de corrupción que existe en las cárceles bajo el mando de los directivos". Ante este contexto, dijo, de fabricación de falsos culpables, violaciones a los derechos humanos sistemáticas en las prisiones, un alto número de personas procesadas, están aceptando el procedimiento abreviado (aceptan el delito y renuncian a un juicio, a cambio de una reducción de la pena, no por ser culpables o temer ser sentenciadas en su contra en un juicio, sino por el hecho de no estar en prisión). No se cumplen con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).

SOLICITUD DE VISITA IN LOCO

De manera respetuosa solicitamos al Estado invite a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, y para la Prevención y Combate a la Tortura, a una visita in loco.

Solicitamos también al Estado que envíe insumos sobre la situación de las Personas Privadas de la Libertad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta H. Comisión le solicitamos nos de traslado de los insumos. Igualmente solicitamos que una representación del Estado reciba a los peticionarios de esta audiencia, y a un grupo representativo de familiares de PPL, para preparar la visita de la Relatoría de PPL.

Nos comprometemos que en 15 días enviaremos a la CIDH, una lista de casos paradigmáticos de PPL, con fabricación de falsos culpables y dilación de justicia, para que le de traslado al Estado.

ACEPTAN VISITA

La representación del estado de Méxicano aceptó la visita In Loco, "como una muestra de apertura" y ante lo cuál deberán ponerse de acuerdo sobre las negociaciones que se deberán llevar a cabo para su realización.

En ese sentido la presidente de la CIDH, Esmeralda Arozamena de Troitiño, dijo que se podría de acuerdo con las partes involucradas para dicha visita,

Tres ONGs de derechos humanos mexicanas tendrán audiencia con la CIDH

* La audiencia temática será en su sede de Washington D.C. 

• Agrega que se les otorgó audiencia sobre la situación de las personas privadas de libertad

 

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Ciudad de México.-  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo a bien otorgar la audiencia temática “La situación de las Personas Privadas de libertad en México y la fabricación de falsos culpables”, a tres organizaciones mexicanas no gubernamentales en derechos humanos defensoras de presos y de vivienda diga y decorosa, informó en conferencia de prensa el senador de Morena José Narro Céspedes.

Reconoció que esto “es algo que no sucede frecuentemente” y las agrupaciones beneficiadas con esa decisión son la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad; el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna; y Presunción de la Inocencia y Derechos Humanos, está última organización representa más de dos mil personas privadas de su libertad.

Señaló que la fabricación de falsos culpables es una violación sistemática a los derechos humanos, donde a la persona se le detiene de forma arbitraria y le “siembran” pruebas para acusarla de delitos que no cometió.

Todo inicia, dijo, el senador Narro Céspedes con una detención arbitraria por parte de policías estatales, Guardia Nacional, militares o marinos, sin elementos que permitan identificarlos como tal, es decir, a qué dependencia pertenecen; torturan a la víctima para forzar una confesión auto inculpatoria para anular la resistencia y dignidad de la persona.

Agregó que luego le siembran pruebas al imputado, falsos testigos, se le da prisión preventiva, no hay equidad de armas y el juicio no es justo, además se le etiqueta mediáticamente al imputado.

Además, los familiares también tienen que pagar por el color de la ropa para ingresar, para no hacer fila, para no ser revisados, para tener un espacio, sillas y mesas en el espacio de visitas.

En su turno,  el activista y ex preso politico José Humbertus Pérez Espinoza, el fundador de Presunción de Inoceincia y Derechos Humanos, A.C., también presidente y respresentante legal del Frente Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C.; señaló que “la intervención del Senador José Narro Cespdes es muy importante, toda vez que el Senado de la República tiene como facultad constitucional la aprobación de los Tratados Internacionales, destacando los que garantizan y defienden los derechos humanos”, principalmente la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de “San José de Costa Rica” y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 

Jose Humbertus Pérez Espinoza señaló que los falsos culpables y la fabricación de los delitos de alto impacto se deben a que no se cumplió con el artículo decimotercero transitorio del CNPP “Revisión Legislativa”, en virtud de que la Comisíon de Justicia de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, tenian la facultad constitucional para evalúar el funcionamiento y operatividad de las disposiciones contenidas en presente Código.

 

Para realizar la Revisión Legislativa del CNPP se tenian que rendir cada año dos informes por parte Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República, La Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la Conferencia Nacional de Procuradores.

 

Hasta el pasado 27 de febrero de 2023 mediante una respuesta de solicitud de información, la Secretaria General de Servicios Parlamentarios y la Unidades que las conforman, “se informa que no se cuenta con registro o inventario alguno de “los informes semestrales que debieron rendir a la Comisión de Justicia del Senado de la República”, los organismos resposables que señala el artículo décimotercero transitorio que señala el CNPP.

 

También señalan la falta de personal médico para atender enfermos de diabetes o hipertensión, que generalmente se presenta también en los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, a quienes no se da la atención médica adecuada en los penales, subrayó el defensor de Derechos Humanos. 

 

Cabe mencionar que el senador Narro Céspedes estuvo acompañado por Blanca Mendoza, persona certificada como promotora y defensora de derechos humanos, así como representantes de las organizaciones civiles de derechos humanos mencionadas.

Jueces "rasuran" juicio Mercantil Ordinario en el Juzgado Quinto Civil

* Benefician a integrantes del Cartel inmobiliario del Estado de México


* En similar situación están “muchos juicios mercantiles”: Humbertus Pérez Espinoza


* Actualmente hay más de 25 fraudes procesales en la FGJEM relacionados


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Estado de México.- Alejandro Flores y David Velázquez Vargas, jueces del Juzgado Quinto Civil de Ecatepec, con sede en el municipio de Tecámac, protegieron a Blanca Isabel Estrada Aguilar, en el juicio Ordinario Mercantil bajo el expediente 1369/2010, contra Jorge Alejandro Manrique Rodríguez, el cual “fue rasurado” en una acción ilegal que quedó al descubierto gracias a un trabajo de investigación realizado por el equipo de especialistas del FMVD.

El juicio de Alejandro Manrique Rodríguez, es similar al de más de 25 afectados que iniciaron denuncias penales por el delito de fraude procesal y despojo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) interpuestas por el equipo jurídico del Frente Mexiquense para una Vivienda (FMVD). Y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH). 

Estas demandas penales se mantuvieron “congeladas” por el ex fiscal, Alejandro Gómez Sánchez, con la intervención de, José Juan Enciso Flores, quien “entró a trabajar en el ministerio público de Tecámac, por recomendación de Blanca Estela Aguilar Falcón, y actualmente hay denuncias penales en proceso en su contra, informó en entrevista José Humbertus Pérez Espinoza, fundador del FMVD y PIDH. 

Detalló que, Enciso Flores, es esposo de Blanca Isabel Estrada Aguilar, y yerno de Blanca Estela Aguilar Falcón, quien fue representante legal del Frente Mexiquense, pero aprovechó que el activista y defensor en Derechos Humanos fue detenido y llevado a la prisión “por delitos fabricados” en su contra, y decidió traicionar al movimiento de lucha para una vivienda digna y aliarse al grupo que operó llevar a la cárcel a José Humbertus Pérez Espinoza.

Cabe recordar que el 4 de noviembre de 2015, Perez Espinoza, fue recluído en el penal "Sergio García Ramírez," en Chiconautla, en Ecatepec, acusado presuntamente de robar en el mes de octubre tres casas del fraccionamiento Urbi de Tecámac, con un arma de fuego, "delito fabricado" en represalia al movimiento que encabezaba contra empresarios e inmobiliarias y el alcalde de ese entonces en Tecámac, Aarón Urbina Bedolla, señalados como parte del Mega Fraude Inmobiliario e Hipotecario en México, acreditado en las denuncias UEIDFF/FINM/06/173/2009 y PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XII/20/2010) interpuestas en Procuraduría General de la República (PGR), que sigue vigentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

A nombre del Frente Mexiquense, Blanca Estela Aguilar Falcón, "negoció" con jueces, notarios públicos e inmobiliarias responsables del Mega Fraude Inmobiliario e Hipotecario en México, e integrantes del "Cartel Inmobiliario en el Edomex", y al igual que otros grupos delincuenciales, aprovecharon para invadir y despojar casas utilizando la base de datos del FMVD, para después crear la asociación civili “Vivimex” A.C. y, “en contubernio" con jugadores, ministros e inmobiliarias”, poder así comprar los derechos litigiosos e hipotecas para despojar de sus viviendas a sus ex representados del frente.

José Humbertus Pérez, fue liberado tras comprobar su inocencia de los delitos que le imputaron y durante el tiempo que estuvo en prisión varios integrantes del FMVD, y otros particulares, tuvieron la tragedia de ser despojados de sus casas mediante fraudes procesales en litigios Mercantiles Ordinarios encabezados por “el Cartel Inmobiliario” en el que se integró Blanca Estela Aguilar y sus familiares, quienes “sin tener recursos compraron la cartera vencida” de casas e hipotecas en Tecamác y otros municipios Mexiquenses para reclamar la posesión. 

Respecto al caso del expediente “rasurado”, dijo el activista, el yerno“de Blanca”, Juan José Enciso Flores, es también representante del Banco INVEX, S.A. , titular usuario del fideicomiso con recursos de Sociedad Hipotecaria Federal, (SHF) donde su esposa Blanca Isabel Estrada Aguilar, se adjudicó la posesión de un inmueble, con ayuda de los jueces Alejandro Flores y David Velázquez Vargas, y que pertenencía a Jorge Alejandro Manrique Rodríguez.


José Humbertus, mostró copia de la hoja 268, la cual desapareció del juicio 1369/2010 y en la 269 está la copia de la credencial de Estrada Aguilar, quien está reconocida en el expediente como la que va a comprar los derechos mediante un contrato de cesión del inmueble de Manrique Rodríguez. 

El grupo de especialistas del FMVD, encabezados por José Humbertus Pérez Espinoza, descubrieron que los jueces Alejandro Flores y David Velázquez Vargas, señalado también como miembros del "Cartel de la Toga", en "complicidad" con Juan José Enciso Flores, y Blanca Isabel Estrada Aguilar, simulan en los juicios un contrato de cesión de derechos de los inmuebles en beneficio de Vivimex A C., cuya titularidad está a nombre de Estrada Aguilar.


Como el caso antes descrito, detalló Pérez Espinoza, muchos otros juicios Ordinarios Mercantiles iniciados en municipios como Tecåmac, Ecatepec, y Cuautitlán Izcalli, entre otros, son similares y prueban un sin fin de ilegalidades, y configuran varios delitos, entre ellos los fraudes procesales y de despojo, de los cuales ya hay más de 25 denuncias penales que están en curso en la FGJEM, en espera de que se judicialicen antes de que finalice el gobierno de Alfredo del Mazo.