Proponen crear Comisión de Fomento y Protección al Empleo

 

Agencia MANL

Toluca, Méx.- Es necesario que la Ley de Seguro de Desempleo sea de carácter permanente en la entidad, en apoyo a personas que perdieron sus ingresos económicos por falta de trabajo a consecuencia de la pandemia, ya que en solo cuatro meses de 2020, se perdieron 45 mil empleos y la tendencia aumentó a lo largo del año.

Así lo señaló el diputado Emiliano Aguirre Cruz, al presentar una iniciativa para modificar esta Ley y que la Declaratoria de Contingencia Laboral pueda realizarse bajo diversos supuestos y sin mayor trámite. 

Recordó que la Ley del Seguro de Desempleo del Estado de México, fue publicada en septiembre de 2011 y establece que su activación solo puede ser a través de una declaratoria de “Contingencia Laboral”, realizada por el Gobernador del Estado.

Esta medida se realiza bajo dos supuestos, que exista una situación de crisis económica que haya dado lugar, durante seis meses consecutivos, a la caída en el número de empleos en el Estado; y, cuando la economía atraviese por una fase recesiva constatable con la caída del Producto Interno Bruto Estatal.

Ante la pérdida masiva de empleos, el gobierno estatal anunció medidas de apoyo a micro y pequeñas empresas, y descuento en impuestos, es necesario realizar una serie de reasignaciones presupuestales con el propósito de fondear el Seguro de Desempleo.

“Es necesario cambiar el objeto de la Ley, para que el otorgamiento del Seguro de Desempleo deje de ser de carácter temporal y permanezca durante todo el ejercicio presupuestal para el que sea aprobado”, precisó el legislador. 

La propuesta establece que el Ejecutivo pueda declarar contingencia laboral pero solo para ampliar el presupuesto y que la Secretaría de Finanzas reasigne en el presente ejercicio presupuestal, recursos para atender la caída del empleo por la emergencia sanitaria.

Además, se plantea crear la Comisión Ordinaria de Fomento y Protección al Empleo, integrada por los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, representantes del sector empresarial y organizaciones, para que fomenten acciones concretas de protección al empleo.

La iniciativa propone que la Legislatura fiscalice los recursos públicos del Seguro de Desempleo, y que la Secretaría del Trabajo informe de manera semestral o cuando ésta lo solicite, sobre los resultados del seguro

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Proponen aprobar en comisiones Ley de Protección a Periodistas

 

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Toluca, Méx.- Luego más de un año de reuniones, mesas de trabajo con grupos parlamentarios y dependencias legisladores mexiquenses se pronunciaron por aprobar ya en comisiones, la iniciativa de Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos.

Durante la reunión de trabajo de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, con la de Comunicación Social, la diputada Azucena Cisneros Coss recordó que ha sido una larga ruta para concretar una iniciativa, tras diversos foros y reuniones regionales con periodistas y concretar un dictamen final, pues hay por lo menos 20 versiones de la ley. 

“Es una ley que ha tenido un proceso sinuoso pero estas iniciativas requieren justamente de caminos a veces largos para que pudieran llegar a concretarse con el fin de dar un marco legal a quienes ejercen una función fundamental en la sociedad, que son los periodistas y defensores de derechos humanos, que son actores de interés público”, explicó la legisladora.

Refirió que esta iniciativa marca un sentido integral de atención a estos grupos, no solo de establecer el Mecanismo de Protección a Periodistas, pues ya funciona a nivel federal, sino también de obligar a los tres niveles de gobierno a prevenir la violencia contra los periodistas, de garantizar el secreto profesional, la clausula de conciencia y la libertad de expresión.

La diputada Azucena Cisneros recordó que para conformar la iniciativa se consultó a grupos de periodistas, Artículo 19, a la Defensoría de Derechos Humanos de la ONU, a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población federal, y se trabajó con Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos estatal. 

Reconoció las aportaciones de otros grupos parlamentarios pues enriquecen la Ley y aprobarla, para que el Estado de México se sume a los más de 15 estados que ya tienen legislación en la materia, incluyendo a la Ciudad de México,

Ingrid Krasopani, respaldó la iniciativa e indicó que de 2000 a la fecha, se han registrado 135 asesinatos de periodistas, de los cuales 12 eran mexiquenses, por lo que es necesaria que se proteja al gremio, con una Fiscalía Especializada para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, así como a los defensores de derechos humanos.

El diputado Max Correa apuntó que las circunstancias de violencia que se viven en la entidad mexiquense, convirtieron el trabajo de las y los periodistas en una actividad de alto riesgo, por lo que se sumó a la urgencia de aprobar un dictamen final con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios.

“Estamos llegando al punto en el que podemos ya estar preparados para que se pueda convocar a una sesión en la que podamos ya dictaminar este instrumento que va a fortalecer la libre expresión, el derecho a la información, y que va a proteger la actividad de las y los periodistas mexiquenses”, manifestó.

El diputado Faustino de la Cruz llamó a los integrantes de las comisiones a que el próximo jueves se pueda dictaminar la iniciativa, pues las y los periodistas merecen que se salvaguarden sus derechos, que el estado garantice su integridad y la libre expresión.

La legisladora Beatriz García Villegas reconoció la iniciativa de su compañera de bancada y la apertura de los grupos parlamentarios e instituciones para avanzar en la ley y fortalecerla. “Me sumo a la voz, no veo alguna objeción para que no pueda ser dictaminada, esperamos que el próximo jueves aprobemos la iniciativa en comisiones”, indicó.

La presidenta de la Comisión de Comunicación Social, Anaís Burgos Hernández sostuvo que con esta iniciativa la Legislatura local pone de manifiesto su apertura para escuchar a todos los sectores mediante la figura de Parlamento Abierto y se sumó a concluir un dictamen final.

“Llevamos más de un año con la presentación de la iniciativa y las mesas de trabajo, ahora ya solo nos falta la voluntad política de cada grupo parlamentario porque ya se hizo trabajo en conjunto, que nos comprometamos para cumplir con un sector al que le hemos quedado a deber”, destacó.

De igual forma, la diputada Araceli Casasola felicitó a la ponente de la iniciativa, a la  diputada Azucena Cisneros,  y apunto que los legisladores tienen la obligación de garantizar el marco legal que proteja a las y los periodistas, y que ya se presenté para dictamen final.

Proponen sancionar filtración de imágenes de víctimas

 

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Toluca, Méx.- A fin de penalizar la revelación o difusión indebida de imágenes, o información de víctimas, y establece agravantes cuando sea en perjuicio de niñas, adolescentes o mujeres y cuando sea cometido por servidores públicos, la diputada Liliana Gollas Trejo presentó una iniciativa para reformar el Código Penal.

Hace unos días en tribuna, la legisladora recordó el caso de la joven Ingrid Escamilla, registrado en la Ciudad de México, quien fue asesinada y desollada por su pareja, y cuyas fotos fueron filtradas en redes sociales, y publicadas en medios de comunicación, afectando su dignidad como víctima y la de su familia. 

Por ello, la iniciativa establece un tipo penal autónomo que establezca previsión de sanciones para las personas que de manera indebida revelen o difundan imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite.

“La iniciativa busca instituir agravantes para los casos en los cuales la información difundida o revelada constituye una posible lesión a la dignidad o a la memoria de las víctimas directas o indirectas de un hecho con apariencia de delito”, apuntó la legisladora. 

Liliana Gollas consideró que estas reformas buscan fortalecer la protección legal a los derechos de las víctimas y combatir la violencia mediática de género.

La propuesta sanciona a quien indebidamente difunda, entregue, publique o transmita, videograbe, fotografie, filme o comercialice, imágenes, audios, videos o documentos del lugar de hechos o hallazgo, indicios, evidencias relacionados con un delito, y se impondrán de 3 a 6 años de prisión y multa de 50 a 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Y si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta en una tercera parte.

Tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas aumentarán hasta en una mitad.

 

Las penalidades se agravarán si el delito es cometido por servidores públicos de Instituciones de Seguridad Pública u Órganos Jurisdiccionales del Estado de México, y se aumentará la pena hasta una mitad más de la que corresponda. Además, se impondrá la destitución definitiva del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro de 5 a 15 años.

PAN propone legislar para reducir el robo a cuentahabientes de instituciones bancarias

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Toluca, Méx.- Con el propósito de reducir el robo a cuentahabientes de instituciones bancarias y procurar que los trabajadores de las mismas no participen en este tipo de delito, el diputado local del PAN, Víctor Hugo Gálvez Astorga presentó una iniciativa para reforma al párrafo tercero de la fracción vigésimanovena del artículo 290 del Código Penal del Estado de México.

El legislador panista, Víctor Gálvez datalló que “en diversos municipios mexiquenses se ha incrementado el delito de robo a cuentahabientes de instituciones bancarias, pues los delincuentes detectan a clientes que realizan grandes retiros de efectivo, modalidad que tiene una gran diversidad de factores que influyen en su comisión, pues se ejecuta incluso con el apoyo del propio personal de la sucursal bancaria en donde fue retirado el dinero”.


A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del Estado de México, Gálvez Astorga resaltó que “de acuerdo al Reporte de Incidencia Delictiva de 2015 del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, éste tipo de delito incrementó en un año su incidencia en un 42.1 por ciento, al registrarse 394 robos a cuentahabientes durante el año 2014 y 560 casos en el año 2015”.

“En 8 de cada 10 casos, los delincuentes asaltaron a las víctimas tras hacer retiros dentro de la sucursal, lo que agrava la situación porque el Estado de México es la tercera entidad del país con el mayor número de carpetas de investigación iniciadas por robo a transeúntes, situación que se agrava pues se registra una variación a septiembre de este año, en comparación del 2015, superior al 42 por ciento en este tipo de robo”, agregó.

El diputado local del PAN, Víctor Gálvez mencionó que el robo a cuentahabientes con el apoyo, intervención o participación de personal de las instituciones bancarias debe considerarse un delito de alto impacto social, pues su incidencia se incrementa en periodos específicos, cómo aquellos en los que se entregan aguinaldos, utilidades, primas vacacionales o cajas de ahorro; causando un mayor daño en la economía de las familias mexiquenses.

Víctor Gálvez añadió que en algunos casos, “los denunciantes señalan que los delincuentes conocían el monto exacto del dinero retirado, con lo que se comprueba que en éstos casos, el personal de las instituciones bancarias que atienden en las ventanillas, participa en la comisión de este tipo de robo, al marcar o señalar a los cuentahabientes”.

Por último, el panista mencionó que en la LIX Legislatura Local realizó hace algunos meses, diversas modificaciones a éste ordenamiento para incrementar la penalidad a quienes cometan el robo a cuentahabientes de instituciones bancarias, independientemente de si éstos se cometen con o sin violencia.

Proponen diputados que servicio social sea retribuido

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Ciudad de México.- Los diputados federales, Maricela Serrano Hernández y Héctor Javier Álvarez Ortiz, presentaron una iniciativa para reformar los artículos 24 de la Ley General de Educación y 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de que la prestación del servicio social de estudiantes y profesionistas sea retribuido económicamente.

Serrano Hernández destacó que el carácter obligatorio del servicio social tiene su fundamento en el artículo 24 de la Ley General de Educación, que lo establece como requisito indispensable para la obtención del título o grado académico de estudiantes profesionistas.

Por otra parte, agregó, la Constitución en su artículo 5º, párrafo cuarto, señala que los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.

En tal sentido, precisó “el servicio social representa una oportunidad idónea para que el estudiante esté en contacto directo con las problemáticas reales de la sociedad, sin embargo, éste se realiza sin una justa retribución al estudiante o profesionista y en su mayoría es totalmente nula, lo que afecta su desempeño”.

Podemos observar, dijo la legisladora, que existe una clara falta de apego a la disposición señalada en la Constitución y en la Ley General de Educación, lo cual ha dado pie a interpretaciones diversas, de tal suerte que algunos estados han tomado provisiones para solventar este problema, mientras que otros han hecho caso omiso. 

Mencionó que aunque existen esfuerzos del Estado por apoyar económicamente a los jóvenes profesionistas que realizan servicio social mediante becas, aún se está lejos de resolver el problema. 

“Tan solo en 2015, el gobierno federal benefició con una beca a 12 mil 893 jóvenes en todo el país, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México tituló a 21 mil 734 estudiantes”.

Por su parte, el diputado Héctor Javier Álvarez Ortiz, señaló que tampoco existe un compromiso para hacer que el trabajo desempeñado por los estudiantes sea reconocido como una actividad profesional que genera experiencia, lo cual representa una constante queja de los jóvenes que realizan servicio social.

Por ello, a través de esta iniciativa de reforma se busca establecer que las instituciones de educación pública, secretarías de Estado, entidades paraestatales, organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles sin fines de lucro en las que se realice el servicio, expidan una constancia que acredite la experiencia profesional a favor de los prestadores y precisar que el Instituto Mexicano de la Juventud difundirá en las dependencias y entidades información de los programas relativos a la prestación del servicio social retribuido.

La iniciativa será dictaminada por las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Juventud.

Proponen adecuar planteles educativos para alumnos con discapacidad

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Toluca, Méx.- Con la adición del artículo 112 bis del apartado segundo de la Ley de Educación, el diputado Jesús Sánchez Isidoro proyecta que en los planteles de educación básica regular se adecuen disposiciones para los menores de edad que requieran educación especial por discapacidad, con la pretensión de: simplificar los programas relativos al área de matemáticas para estudiantes que sufran discapacidad visual y/o auditiva; adecuar el acervo bibliográfico en sistema braille y audiovisual; instalar rampas de fácil acceso; equipar con baños especiales para discapacitados; y concertar personal docente capacitado en lenguaje de señas o signos y sistema braille.

En refrendo de lo anterior y evocando a la educación como un derecho humano, el diputado perredista señaló que la Educación Especial es una modalidad de la Educación Básica que debe contar con servicios educativos escolarizados y de apoyo, asentando se encuentra estipulada en ley de Educación para el Estado de México, donde se apunta está destinada para personas con discapacidad transitoria o definitiva, así como aquellas con aptitudes sobresalientes.

Asimismo, Jesús Sánchez Isidoro coadyuvando a la atención de los alumnos de manera adecuada a sus propias condiciones, formuló trabajar con equidad social, inclusión y con perspectiva de género. Por lo que asentó:

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Asimismo, el legislador del sol azteca aseveró que es tarea fundamental de los gobiernos democráticos dotar de las mismas oportunidades a los ciudadanos, así como velar por el respeto a los derechos de cada individuo, por lo que asentando en el mismo tenor, se refirió a las personas que cuentan con alguna discapacidad ya que planteó adquieren retos mayores, añadiendo que esta población enfrenta entornos físicos poco adecuados y actitudes discriminatorias que merman su pleno desarrollo.

En la misma línea, Jesús Sánchez Isidoro se refirió a los problemas de nuestra sociedad: “seguimos segmentando a estas niñas y niños menores de edad sin poderlos integrar a los planteles de educación básica regular en nuestro Estado”, añadió.

Para concluir, el legislador perredista enfatizó el compromiso del PRD, por dar atención de los grupos vulnerables; asimismo y posterior a la presentación, la iniciativa fue remitida a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Para la Atención de Grupos Vulnerables, por lo que se espera sea discutida y analizada.

Proponen ley para la reparación de daños por afectación a los derechos humanos

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Toluca, Méx.- Durante el segundo año de trabajo de la “LIX” Legislatura mexiquense, la diputada Araceli Casasola Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno del Primer Periodo Ordinario de Sesiones su iniciativa que tiene por objeto la creación de mecanismos que sirvan para que el Estado cumpla con su obligación de reparar afectaciones a los derechos humanos, siempre y cuando exista una resolución de la autoridad competente.

Con su iniciativa, Araceli Casasola Salazar propone se expida la Ley para la Reparación del Daño por Afectación a los Derechos Humanos, planteando diversas modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad y de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; declarado que ante la existencia de la violación a un derecho por alguna autoridad competente, sea necesario establecer consecuencias jurídicas que deba asumir el Estado para la reparación de la vulneración a la esfera jurídica de las personas.

 “Resulta pertinente, considerar un proceso de reparación, no como una acción individual e inherente a la persona, sino como un proceso de interés público, garantizando que aún ante la ausencia de la parte lesionada, como puede ser su fallecimiento, se garantice la culminación del proceso resarcitorio con la finalidad de atender el fondo de la violación, pues la misma, podría tener su origen en la inadecuada instrumentación de políticas públicas, o bien en una legislación deficiente”, detalló.

En otro momento, la diputada ratificó que la propuesta, no únicamente se encuentra diseñada para la reparación de la vulneración de los derechos humanos de las personas en lo individual, añadiendo que en muchas de las ocasiones, la violación sucede en un grupo determinado de personas, que bien pueden estar asentados en un lugar determinado, por lo que para este tipo de situaciones; Araceli Casasola consideró idóneo proponer la forma de reparación a la reconstrucción psico-social, puntualizando en que son formas de lograr cierto desarrollo que fue impedido por la vulneración de los derechos humanos de un grupo determinado, y que puede consistir en apoyos para el desarrollo, restitución de tierras ancestrales, inversiones para el beneficio social, entre otras.

 “A través de la presente iniciativa, se pretende que sea precisamente el Poder Judicial de nuestro Estado, el que supervise el cumplimiento del pacto social y los tratados internacionales en materia de protección a los derechos humanos. De esta manera, nuestra entidad, pasaría a la vanguardia en la protección de los derechos básicos, pues se pretende con esta propuesta, la creación de una Sala especializada en Derechos Humanos la cual podrá obligar al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuando la autoridad responsable las acepte y posteriormente no haga nada para su cumplimiento”, puntualizó.

Por lo anterior, con la iniciativa de la diputada perredista se propone la reforma de los artículos 13 con la finalidad de que los servidores públicos del Poder Judicial de nuestra entidad, también sean susceptibles de recomendaciones por actos u omisiones que se encuentren fuera del proceso judicial o bien por situaciones del ámbito administrativo, de la misma forma la reforma al artículo 101 de la Ley en comento, por la que se establecen las bases mínimas para contemplar la reparación del daño por parte de las autoridades susceptibles de ser recomendadas, con la finalidad de otorgar criterios mínimos para la reparación de las vulneraciones de los derechos humanos que puedan cometerse por parte de los agentes del Estado de nuestra entidad federativa.

Para finalizar, tras la presentación a pleno de la iniciativa, se remitió a la reunión de las Comisiones Unidas Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos, para su discusión y análisis.