Urge terminar con la prostitución, drogadicción y discriminación de las más de 4 mil personas en situación de calle: ATP

Agencia MANL

México, D.F.- Para crear programas tendientes a terminar con la prostitución, drogadicción, maltrato, discriminación y violación a sus derechos humanos en que se encuentran las más de cuatro mil personas en situación de calle que se calcula hay en el Distrito Federal, entre las que se encuentran niñas, niños, jóvenes y adultos, el diputado local, Agustín Torres Pérez, exhortó a la Secretarías de Desarrollo Social y de Seguridad Pública del Distrito Federal, así como a los titulares de las 16 delegaciones capitalinas, que coordinadamente realicen el primer censo y diagnostico real de población en situación de calle, para detectar, cuantificar, tipificar, ubicar y dar estudio al tema.

El propósito de este llamado es con el objetivo de planear, elaborar, implementar programas y crear políticas públicas para atender, prevenir y dar seguimiento a las acciones encaminadas a proteger, dignificar y restituir los derechos de las personas que viven en situación de calle, por ello, el presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal estableció para ello: “Será necesario que las instancias involucradas presenten un informe de los resultados obtenidos en un plazo de 90 días naturales a esta honorable Asamblea Legislativa para poder tomar acciones que beneficien a ese sector de la sociedad” ya que, explicó, “en la Ciudad de México se realiza cada año un conteo de personas en situación de calle”.

El resultado de este improvisado censo, dijo, es que “como un ejemplo, en el 2010 la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal ubicó a tres mil 282 personas en abandono social, pero al mismo tiempo proporcionó información importante como son algunos factores que motivan la vida en la calle, tales como: el consumo de drogas, el conocimiento o desconocimiento de sus derechos humanos, los niveles de discriminación, entre otros; que permitieron reimpulsar programas como “la campaña, Frío Invierno Calor Humano” y mejorar la atención en los albergues. En el 2011 el censo reportó cuatro mil 14 personas en situación de calle”.

De esta forma, consideró que “es necesario focalizar zonas y metodologías adecuadas para el gran reto que implica la prevención y atención del problema, teniendo como primer paso la evidencia y visibilización de este sector social, mediante el censo que nos arroje datos estadísticos para detectar, cuantificar, tipificar y ubicar a la población en abandono social o callejera e inmediatamente se puedan planear e instrumentar los programas de asistencia social que permitan atender de manera digna a las personas en situación de calle”.

Presentan iniciativa para regularizar el ambulantaje en el DF

Agencia MANL

México, D.F.- Con el fin de darle certeza jurídica a los más de un millón de comerciantes populares que según datos de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (CANACOPE), hay en la Ciudad de México, el diputado Agustín Torres Pérez presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la iniciativa con proyecto de decreto de Ley la cual busca Regular los Bienes de uso Común del Distrito Federal en busca de evitar con ello los atropellos a los que son frecuentemente sometidos los comerciantes populares por diversas autoridades, así como dar las garantías que la población demanda en torno a la ocupación de calles y avenidas de esta capital.

Al respecto, el presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal de la ALDF, explicó: “Las actividades que se regularán en este proyecto de ley no solamente se refiere al comercio que se realiza en las banquetas, sino también se contemplan la prestación de servicios; instalación de enseres; ejercicio comercial; ocupación temporal por la ejecución de obras e instalación de servicios; actividades culturales, deportivas y recreativas y espectáculos públicos”.

Sin duda, estableció Torres Pérez, el comercio popular es el que más impacta en la sociedad por estar muchas veces en el paso de la gente obstaculizando las zonas peatonales y en ocasiones hasta las vialidades, es por ello que una queja constante por parte de la población es ordenar a este sector que se ha incrementado en el país severamente a tal grado que de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo citada por la Universidad Obrera de México, en nuestro país 25.5 millones de personas se desempeñan en este sector.

Además, el legislador perredista refirió: “En México, la economía informal se ha relacionado con el crecimiento real de la economía y se han expuesto al menos dos orígenes del fenómeno: por un lado, lo oneroso que resulta realizar trámites en dependencias gubernamentales y la escasa utilidad que la formalidad les reporta a los empresarios, lo cual desincentiva el deseo de tener un negocio que cumpla con todas las regulaciones, incluyendo las laborales. Por otra parte en periodos de crisis económica, el fenómeno tiende a incrementarse ya que las personas se ven obligadas a emplearse en actividades fuera del sector formal para conseguir el sustento diario. De este modo, la economía informal puede ser vista como una válvula de escape de las personas sin empleo”.

Por otro lado, la práctica de este tipo de comercio cerca de una finca hace que el valor de los bienes inmuebles se vea afectado. Asimismo, dijo, “todos aquellos que forman parte del comercio informal evitan el pago de impuestos y con ello evaden su obligación de contribuir al gasto público como lo señala la carta magna de nuestros país”.

Por lo que consideró “la necesidad de modificaciones y ajustes al actual sistema de recaudación y distribución para generar los beneficios macroeconómicos y sociales que conlleva una reforma fiscal integral”.

Por último, insistió que “esta necesidad jurídica de reglamentar al comercio informal se da debido a que este sector debe contribuir de manera significativa al desarrollo económico de esta capital mediante la aplicación de normas legales que permitan regular las relaciones, derechos y obligaciones de los sujetos que intervienen en dicha actividad así como del propio Gobierno del Distrito Federal”.