Ecatepec, Acolman, Tecámac y Atenco tienen tiempo de acordar sobre diferendo de límite territorial: Elba Aldana

* En 30 días se celebrará la primera audiencia entre los alcaldes de Ecatepec, Acolman, Tecámac y Atenco

* Avalaron crear sitio web para agilizar procesos y Convención paras que todos los ediles sepan cómo defender su territorio    

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Agencia MANL

Toluca, Méx.- La diputada local de Morena, Elba Aldana Duarte, precisó que las y los titulares de los gobiernos municipales de Ecatepec y Acolman, y como terceros involucrados Atenco y Tecámac, aún tienen oportunidad de llegar a un acuerdo en el proceso de diferendo limítrofe que sostienen ante la comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios del Congreso del Estado de México.

Durante la reunión de trabajo, la presidenta de la comisión, diputada Elba Aldana, puntualizó que en caso de que los titulares de Ecatepec y Acolman no lleguen a un entendimiento, el procedimiento continuará su curso administrativo que contempla la Ley.

Explicó, que a partir del próximo lunes empezarán a correr los 30 días hábiles para que los involucrados aporten sus respectivos datos de prueba, es decir documentos oficiales a través de los cuales buscar demostrar y comprobar ante la Comisión de Límites que el polígono de 469 hectáreas, ubicado en el poblado de Santa María Chiconautla, pertenece a su respectivo territorio municipal. 

“Se va a firmar el acuerdo porque ya, tanto los tres presidentes involucrados, ya ingresaron sus pruebas por las cuales ellos pidieron ampliación. Se les darán 30 días hábiles y entonces ya se hará la primera audiencia de desahogo de pruebas”, dijo Elba Aldana a los integrantes de la comisión. 

Es de destacar que el proceso de diferendo limítrofe iniciado ante la Legislatura local se realizó a partir de una solicitud planteada por la diputada Beatriz García Villegas de Morena, quien en su calidad de representante popular consideró que los diputados deben intervenir para que los servicios públicos, a los que tienen derecho de acceder los mexiquenses que habitan ese polígono, se les otorguen en tiempo y forma, ya que en estos momentos ningún gobierno se los brinda en su totalidad.    

Tras aprobarse por unanimidad de votos el plazo de 30 días para celebrar la primera audiencia donde las y los alcaldes y sus respectivos síndicos (quienes tendrán pleno conocimiento de todos los documentos que se aportarán en el proceso) podrán argumentar su postura, Elba Aldana aclaró que al cumplirse el plazo establecido los involucrados todavía tienen la posibilidad de solicitar otra ampliación de plazo, pero sólo por 15 días más. 

La diputada de Morena subrayó que la resolución que en su momento tomen los integrantes de la comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, se turnará al pleno de la XLI Legislatura para su ratificación o no, y posteriormente se enviará al Poder Ejecutivo.

Por lo anterior, una vez publicada la resolución, cualquiera que está sea, en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, las partes inconformes podrán interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante los trabajos de la comisión los diputados aprobaron, por unanimidad, la creación de un micrositio web, a través del cual, los involucrados en diferendos limítrofes podrán aportar documentos básicos, ello con el objetivo de agilizar y facilitar el proceso; también se avaló la realización de una Convención informativa, dirigida a las y los alcaldes y sus respectivos Síndicos, para que sepan con exactitud cómo defender su territorio.

Tezoyuca y Atenco en diferendo limítrofe

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Toluca, Méx.- El diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez, presidente de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, dio un plazo de 30 días a la alcaldesa de Tezoyuca, Diana Yazmín Chávez Hernández y al edil de Atenco, Porfirio Hugo Reyes Núñez, para ofrecer pruebas por el conflicto territorial del Ejido de Tequisistlán, conformado por más de 12 mil predios.

Durante la garantía de audiencia, se retomó el procedimiento para la solución de diferendo limítrofe presentado en noviembre de 2020 por Tezoyuca, luego de que tras cuatro mesas de trabajo, autoridades de ambos municipios no pudieron llegar a un convenio amistoso como habían acordado el 10 de febrero ante la comisión legislativa.

En la audiencia, la alcaldesa de Tezoyuca sostuvo que cuenta con pruebas periciales de la división de las haciendas de Tepextpan e Ixtapan y que dotaron al Ejido de Tequisistilán, predio que el ex presidente de la República Álvaro Obregón dotó al pueblo en septiembre de 1921, de 383 hectáreas de ese ejido, y por segunda ocasión en diciembre de ese año, de 149 hectáreas más. 

Adicionalmente, apuntó que durante expropiaciones realizadas por Pemex y la extinta Comisión de Luz y Fuerza del Centro, a ese ejido, se establece que las parcelas pertenecen al municipio de Tezoyuca, y los certificados parcelarios expedidos también lo han establecido en esta localidad. 

El territorio en disputa hoy está conformado por un asentamiento irregular con 12 mil predios y 370 manzanas, donde Tezoyuca ha asumido responsabilidad social y administrativa, además de realizar acciones en materia de salud, educación y seguridad, pero la indefinición provoca conflictos sociales, y falta de pago de impuestos, señaló la alcaldesa.

El síndico Edmundo Contla Sandoval, síndico municipal pidió a la comisión legislativa fijar los límites territoriales y pedir a Atenco que se respete el territorio y se abstenga de emitir actos de gobierno ajenos a su jurisdicción.

Sin embargo el alcalde de Atenco argumento que desde la fundación del municipio, en 1820 ya se consideraba al Ejido de Tequisistlán parte de esta localidad.

El diputado Juan Pablo Villagómez requirió a ambos municipios que remitan todas las pruebas suficientes para acreditar sus manifestaciones en un plazo de 30 días hábiles, pues fuera de ese término no se admitirán más documentos.

“Transcurrido el plazo, la comisión legislativa admitirá las pruebas dando vista con las mismas a los municipios interesados y ordenará desahogo dentro del término de 60 días y en que se realizarán las diligencias”, sostuvo el diputado de Morena. 

Adicionalmente, la comisión legislativa solicitará a la Comisión Estatal de Límites Territoriales emita dictamen técnico sobre el diferendo y en su caso, podría solicitar estudios técnicos a cualquier autoridad o institución para esclarecer el conflicto.

La comisión reunirá las pruebas, realizará diligencias y elaborará el dictamen correspondiente, para enviarlo a su discusión y en su caso aprobación en el pleno para el próximo periodo.

Detienen a prestamistas irregulares de Acolman, Atenco y Ecatepec

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Ecatepec, Méx.- Elementos de la Policía Estatal detuvieron a dos probables prestamistas irregulares quienes aparentemente están involucrados en el delito de extorsión.

En seguimiento a una denuncia emitida en el municipio de Acolman, personal de inteligencia de la Secretaría de Seguridad (SS) obtuvo indicios certeros sobre dos sujetos que aparentemente realizaban préstamos, a través del sistema gota a gota, con alto interés monetario.

Con la información recolectada se efectuó el despliegue operativo que derivó en la detención de Jafeth Maday “N” e Iván Esteban “N”, de 21 y 26 años de edad, respectivamente, quienes circulaban en una motocicleta marca Bajaj, submarca Discovery, color azul, sin reporte de robo.

El hecho se registró sobre la avenida Kokonor, esquina con calle Nochebuena, en la colonia Laguna de Chiconautla de este municipio, donde se llevó a cabo la aprehensión de los probables sospechosos que, de acuerdo a las líneas de investigación, podrían estar vinculados con el cobro semanal de derecho de piso, así como de préstamos irregulares a personas de los municipios de Ecatepec, Atenco y Acolman.

Los sujetos fueron aprehendidos y trasladados junto con el automotor asegurado a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, a fin de iniciar la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

Golpeadores retirán violentamente de campamento a ejidatarios de Atenco y Texcoco

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Texcoco, Méx.- Miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y ejidatarios de Texcoco fueeron desalojados por golpeadores contratados por la empresa Lince Cipsa Visdel y quemó su campaemto. El grupo de jóvenes influenciados por la droga y el alcohol persiguió amenazante a los campesinos acompañados por sus familias con niños y personas de la tercerara edad.

Cabe señalar que en la tarde del jueves un grupo de golpeadores arribó al predio instalado en los ejjidos de Tocuila, donde la empresa antes mencionada pretende constriur  una carretera en la zona como parte del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y reanudaron los trabajos sin autorización legal.

Por la mañana un grupo de ejidatarios de Texcoco y Atenco permanecieron frente al grupo de choque
y en lo que era el campamento colocado el pasdo mes de abril y les pidieron  a los jovenes de entre 15 y 18 añs de edad "retirénse, no queremos problemas con ustedes", a lo que los muchachos no les gustó y agredieron a los campesinos con piedras en su retirada, donde resultaron por lo menos una decena con lesiones no graves.

Aunque si resultó dañado el medañón de un auto que estaba estacionado en el perímetro de los hechos, y al parecer era de uno de los capataces de las obras.

Adán Espinosa, integrante de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) asegura que está prohibido realizar obras en los predios de Tocuila "basados en el juicio de amparo 349/2016-III con fecha del 26 de Julio de 2016, por lo que la empresa Lince Cipsa Vise está cayendo en un ilegalidad.

Explicó que esta obra es parte de los trabajos complementarios del NAICM y se pretende conectar las autopistas Peñón-Texcoco y México-Pirámides, pero con esta acción violan la suspensión derivada del juicio de amparo 349/2016-III.

Los campesinos regresaron al campamento, mientras el grupo de choque aguardaba sobre la carretera Peñón-Texcoco.

El reportero gráfico de La Jornada, Alfredo Domínguez, junto con otro compañero, pretendió entrar por donde estaba el grupo de golpeadores, quienes se los impidieron y los agredieron, y retuvieron. u
Un grupo de periodistas que se encontraban del lado de los campesinos corrieron hacia sus comapñeros para ayudarlos, pero fueron impedidos por los agresores a pedrdaas y se replegaron a la zona donde se encontraba el campamento.

Minutos más tarde arribaron más jóvenes  y comenzaron a entrar al predio con piedras, palos y otros objetos,  y algunos iban bajo el influjo de enervantes y alcohol, que ahí mismo estaban tomando.

Lo anterior hizo que los ejidatarios se replegaran, y al mismo tiempo eran seguidos por los golpeadores, hecho que preocupó a algunos porque habían personas de las tercera edad, mujeres y niños. Y decidieron detenerse y esperar al grupo de choque, lo que contuvo a los agresores.

Mientras tanto a los supuestos golpeadores se sumaron otros de sus compañeros que en total sumaban alrededor de 200, que en algunos casos perseguían a ejidatarios. El campamento fue incendiado por el grupo de choque.

Ahí realizaron una pequeña asamblea sobre las acciones que deberian de emprender, cuando esta se interrumpió ante la llegada de más muchachos con lo que superaron más de un centenar.

Con piedras y palos corrieron hacia los campesinos que no tuvieron más remedio que retirarse de lugar abordo de autos, bicicletas, motos, y caballos, ante un daño que atentara a vida de mujeres, niños y personas mayores.
 

Promueven juicio de garantías en contra de la "Ley Atenco"

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Toluca, Méx.-  El fundador del partido  Morena (Movimiento de Regeneración Naciona), Félix Santana Ángeles promovió el primer juicio de garantías en contra de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México ante el Juez de Distrito en materia de amparo y juicios federales, el cual fue turnado al juzgado tercero, con sede en Toluca, esto basado en la Ley de Amparo.

En el Estado de México utilizan el aparato gubernamental para ejecutar desalojos, lanzamientos, embargos y ejecución de resoluciones judiciales que “curiosamente” siempre benefician a los empresarios cercanos al gobierno, como es el caso de Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, en la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan que afectará la reserva natural protegida de San Francisco, Xochicuautla, Lerma, entre otras comunidades.

Es necesario, dijo,  combatir los excesos que le puedan permitir a la policía utilizar toletes, esposas metálicas, dispositivos que generan descargas eléctricas, inmovilizadores, sustancias irritantes
en aerosol, municiones y armamento letales para disolver una asamblea o protesta pacífica, por considerarla ilegal.

La "incompetencia", explicó,  de las autoridades estatales queda demostrada con esta ley, pues es su única alternativa para resolver los problemas y demandas sociales, y con ello "privilegiar la brutalidad policíaca y el uso de la violencia como vía primaria para evitar manifestaciones, protestas y movilizaciones”.

Y añadió: “Vivimos tiempos de canallas y frente a ello, es necesario actuar con responsabilidad y valentía. Por ello invito a los ciudadanos que se sientan agraviados con esta ley a presentar su propio amparo, por lo que pongo a disposición el modelo de Juicio de garantías que presentamos ante el Poder Judicial de la Federación".

No otro Atenco con la aprobación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en Edomex

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Toluca, Mex.- Debido a la aprobación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México por parte de la LIX Legislatura local, el pasado 18 de marzo, y a la inconformidad pública sobre el alcance y pertinencia de dicha ley, el Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, se pronuncia en contra mediante un comunicado por que "en el PRD Estado de México no queremos un Atenco".

1.         En el PRD Estado de México no queremos un Atenco más, exigimos que el gobierno elimine cualquier acto de represión a la libre manifestación y defensa de los derechos humanos de los mexiquenses, creemos firmemente que la democracia tiene como contenido de su definición la vigencia y el respeto de los derechos humanos, por ello apoyamos las medidas legislativas tendentes a limitar el uso arbitrario, abusivo y desmedido  del uso de la fuerza Pública.

Consideramos que cualquier Gobierno que se considere democrático, necesariamente debe ser acotado mediante límites claros y precisos. Nos oponemos a la falta de normas que regulen el uso de la fuerza pública, pues la ausencia de este tipo de ordenamientos, fomentan la arbitrariedad dejando al ciudadano en la indefensión por la falta de criterios objetivos que regulen la labor policiaca.

El marco normativo internacional obliga al Estado mexicano a contar con instrumentos que impidan el abuso en el uso de la fuerza pública, en los casos en donde sea lícita su aplicación; esto con el propósito de evitar que puedan ocurrir situaciones como hace algunos años en el municipio de Atenco.

2.         Los perredistas hemos sido firmes impulsores de un Estado democrático de derecho, en el cual la Ley sea el instrumento que garantice el ejercicio de amplios derechos fundamentales como son los de libre asociación y libre manifestación de las personas.

Cuando nuestros derechos nos han sido negados, hemos sido capaces de articular la protesta social y no en pocas ocasiones también, hemos sido objeto de actos represivos totalmente injustificados.

Desde la fundación de nuestro partido siempre hemos insistido en la necesidad de profundizar en la movilización y la protesta pacífica, incluso pese a conocer de la vocación autoritaria del régimen.

3.         A pesar de la necesidad de que se regule el uso de la fuerza a través de instrumentos jurídicos y protocolos, hemos seguido la evolución de la opinión pública en estos últimos días que ha reaccionado sensiblemente a este tema.

Lo anterior nos ha motivado a reconocer la necesidad de que en la aprobación de un instrumento como este se requiere una amplia discusión, consulta y debate con la ciudadanía, el acompañamiento de los académicos, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos.

4.         Resulta imperativo que para el efecto de abonar confianza en los cuerpos de seguridad pública, no sólo se impulse su desarrollo profesional, se requiere asimismo concluir a la mayor brevedad, los múltiples expedientes abiertos y pendientes, relacionados a casos de abuso policiaco que esperan su resolución, pues ello abonará a retomar la confianza pérdida.

Los casos de San Salvador Atenco y Tlatlaya, la resistencia a decretar la Alerta de Género en la entidad y la detención de los defensores ambientalistas, revelan una crisis insostenible en materia de procuración de justicia y de derechos humanos en el Estado de México.

5.         Por otro lado, creemos que la inefectividad de las respuestas ofrecidas a las diversas demandas de la población del Estado de México, en aspectos tales como la seguridad, las opciones de empleo bien remunerado, los altos niveles de corrupción e impunidad, así como la bajísima calidad de los servicios elementales como el agua potable o el transporte, han venido exacerbado la inconformidad social.

Este clima de descontento favorable a la protesta, también amerita un enérgico llamado de atención al Gobernador del Estado, y los alcaldes de toda la entidad, a efecto de que restablezcan la comunicación con los ciudadanos y movimientos que demandan soluciones. El desdén del gobierno hacia estas demandas debe corregirse.

La mera regulación del uso de la fuerza pública en un contexto de inconformidad generalizada, aunque necesaria, sin la promoción de efectivos canales de participación que animen al gobierno a rectificar su actitud, representa un caldo de cultivo para la confrontación social.

Por ello, el PRD urge al Gobierno del Estado a privilegiar el diálogo transparente y la rendición de cuentas gubernamental como mecanismos pacíficos para la resolución de los enormes desafíos de nuestra entidad.

6.         Compartimos y apoyamos la solicitud de Acción de Inconstitucionalidad de esta ley a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha anunciado nuestro Comité Ejecutivo Nacional, así como demás recomendaciones y acciones que dicte al respecto dicho órgano de dirección.

Sancionar mandos medios y superiores en Atenco: Octavio Martínez Vargas‏

Agencia MANL

Ecatepec, Méx.- El diputado Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, exigió que se finquen responsabilidades también a mandos medios y superiores que ordenaron la detención y toleraron los abusos en contra de 41 mujeres que sufrieron vejaciones por el caso Atenco, pues se corre el riesgo de que los 20 detenidos en días pasados sean sólo “chivos expiatorios”.

Como ocurre en algunos casos de jóvenes desaparecidas, en las que sólo por cerrar los expedientes se pretenden entregar a los padres de familia cuerpos distintos, en el caso Atenco el legislador perredista consideró que parece existir la misma intención (ahora que es un hecho el Aeropuerto Alterno al de la Ciudad de México en aquella zona): dar por finiquitado el caso con la detención de pececitos, pero sin que se trastoque a los tiburones.

Para que los abusos del uso de la fuerza pública no queden impunes, advirtió, es necesario también fincar responsabilidades a los autores intelectuales de los hechos, y a quienes si no ordenaron, al menos toleraron los excesos, por lo que también incurren en omisión o encubrimiento.

Desde su punto de vista, es irrisorio que entre los nuevos detenidos se encuentren sólo ex servidores públicos o servidores públicos en funciones pero de bajo rango.

En días pasados, recordó el legislador, el Juez Penal de Primera Instancia en Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, emitió dos órdenes de aprehensión por los delitos de tortura por omisión, tortura equiparada y encubrimiento.

Ocho de los detenidos eran policías de la extinta Agencia de Seguridad Estatal, quienes resguardaron a personas de San Salvador Atenco y de Texcoco en el trayecto al penal estatal de Almoloya los días 3 y 4 de mayo de 2006, por presuntamente permitir actos constitutivos de tortura sobre 12 víctimas; 11 inculpados eran médicos legistas que revisaron a las mujeres detenidas y no denunciaron los presuntos actos cometidos por los policías; y uno más se desempeñaba como agente del ministerio público pero no investigó la posible tortura.

Otros dos policías actualmente son procesados por el delito de tortura en el penal de Almoloya de Juárez.

En Atenco, lamentó el legislador, la justicia no sólo llega lenta, sino además se pretende que llegue incompleta, por lo que urgió a que también se indague y sancione la responsabilidad de los titulares de la Policía en aquél momento.