Reforma estructural al Código Penal, es necesaria, Gerardo Ulloa

* ¨Se podría reducir el número de Personas Privadas de la Libertad que se encuentran en los Centros Penitenciarios del Estado de México con la aplicación de la amnistía, el indulto y revisando los casos de las personas sin sentencia

Agencia MANL

Toluca, - Es necesario realizar una reforma estructural al Código Penal, Ac de dar respuesta a la demanda de los mexiquenses en materia de seguridad y justicia, eafirmó el diputado Gerardo Ulloa Pérez

Las y los integrantes del Congreso Local han revisado, analizado, reformado y derogado diversos artículos del Código Penal, pero consideró que solo lo han "parchado", por lo que es necesario realizar una revisión completa del marco jurídico y también del sistema de Seguridad Pública. A la vez que se tendría que analizar la situación que se vive en los reclusorios del Estado de México, la amnistía y el indulto, señaló en entrevista.

El presidente de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia recordó que el Poder Judicial presentó una propuesta para construir un nuevo Código Penal del Estado de México, que se tendría que revisar. “Los tiempos cambian, ese Código ya tiene muchos años creo que estaríamos en este momento en condiciones de poder avanzar…”

Subrayó, que en unidad los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos y los Ayuntamientos, podrían dar respuesta a la demanda de los ciudadanos que manifiestan que hay una justicia selectiva e inducida. Hechos que registran cuando a través de las direcciones de Seguridad Pública se realizan detenciones de los ciudadanos; en los Ministerios Públicos, cuando llega la gente a denunciar y en los Centros Penitenciarios donde aseguran que hay demasiada gente inocente. 

Gerardo Ulloa, enfatizó que la amnistía es un avance en el Estado de México, ya que se permite decretar el perdón en favor de las personas que estén vinculadas a proceso o se les haya dictado una sentencia ante los tribunales, “pero creo que falta mucho todavía por poder resolver por poder dar una respuesta a la ciudadanía”.

A la vez que precisó que para que el Poder Legislativo pueda recibir solicitudes de amnistía, es necesario reformar la Ley de Amnistía del Estado de México, debido a que el transitorio establece que solo la LX Legislatura sería el ente donde los ciudadanos podrían presentarlas. Por ello, la LXI ya no tiene esa función. Así que se debe de reformar esa Ley para establecer que la presente Legislatura y las siguientes tengan esa facultad, para solicitar de manera respetuosa que se revisen los casos.

También, consideró que la Ley de Amnistía del Estado de México debe de convertirse en “una ley más cercana a la gente”, que permita dar posibilidades a los ciudadanos de presentar más pruebas, de presentar más elementos, de establecer mesas de trabajo, para que se vayan resolviendo los casos de las Personas Privadas de la Libertad. Porque familiares y representantes legales ingresan las solicitudes “pero no hay una respuesta”.

Sobre el indulto, destacó que, aunque es una medida especial que solo le corresponde al Ejecutivo, como Legislativo podrían coadyuvar en el análisis y aplicación del perdón de la pena.

Pero ambas figuras, la amnistía y el indulto, permitirían reducir el número de Personas Privadas de la Libertad que se encuentran en los Centros Penitenciarios del Estado de México, donde también es necesario revisar el caso de personas que llevan años en los reclusorios y no han recibido sentencia. Con estas medidas no sería necesario crear más cárceles, dijo.

Manifestó que con el cambio que se vive en el Estado de México, tras el triunfo de la maestra Delfina Gómez, existen las condiciones para realizar una reestructuración en materia de seguridad y de justicia, por lo que se puede realizar una reforma integral al Código Penal.

Reflexionó sobre el hecho de que hoy que hay un nuevo gobierno, se tiene la oportunidad de atacar la inseguridad y mejorar la justicia, porque actualmente la justicia se aplica de la siguiente forma “sí tienes dinero si sales, pero si no hablas bien el castellano, el español, si eres pobre y no tienes como pagar un abogado te quedas indefenso. Seas culpable o no seas culpable ahí vas a estar”.

Por lo que “es un camino muy largo donde tendríamos que entrar todos para poder resolver, si lo hacemos de manera separada no vamos a llegar a nada”, finalizó.

En audiencia con la CIDH se logra visita In Loco a ceresos en México

#CIDH #PIDH #FMVD #ONU #México #Edomex Agencia MANL Estado de México.- En la audiencia temática de la 187 edición del periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C., Presunción de la Inocencia y Derechos Humanos, A.C. y Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C., lograron que el Estado Mexicano aprobara la realización de una visita in loco a los penales del país. Cabe mencionar que las visitas in loco constituyen un método utilizado por organismos internacionales como la Organización de de los Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo, entre otros como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para observar los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos en donde hay miles de falsos culpables del fuero común. AUDIENCIA TEMÁTICA La audiencia temática número 19, titulada: "La situación de las Personas Privadas de su Libertad en México", fue llevada a cabo por la presidente de la CIDH, Esmeralda Arozamena de Troitiño, en presencia de relatores, representantes del Estado Mexcano, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, (ACNUDH-México) así como representantes del estado de México, representantes de la sociedad civil, a petición de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C., FMVD y PIDH.

La primera en participar fue Ie Tze Rodríguez López, integrante de Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C, quien señaló que en la República Mexicana es común que la fabricación de falsos culpables da inicio con una detención arbitraria. Estas detenciones son una práctica común entre elementos de corporaciones policiales o de seguridad pública que criminalizan a personas ajenas a los delitos de los cuales son acusados. Son vulnerables sobre todo las personas que integran la diversidad sexual, indígenas, personas en situación de extrema pobreza, defensores de derechos humanos y activistas sociales, entre otros. Sírvase de ejemplo de lo anterior la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tzompaxtle Tecpile Vs. México, en donde se aborda la ilegalidad de las detenciones al margen de una orden emitida por autoridad judicial, y se ordena la adecuación del ordenamiento jurídico interno en torno a la prisión preventiva, con respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la eliminación de la figura del arraigo. 

EL Obispo Emérito José Raúl Verá López Presidente Honorario de Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C, detalló que posterior a la detención arbitraria, las personas son ingresadas en los penales, lugares en los que, en la mayoría de los casos, tardan años en espera de un juicio, violando así la presunción de inocencia a la que tiene derecho toda persona, y sin tener garantías de un debido proceso. 

Un ejemplo de lo anterior es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y Reyes Alpízar, en la que ordena la adecuación de las normas internas de México con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la figura de la prisión preventiva oficiosa.

Cabe subrayar que, hasta el momento, el Estado Mexicano no ha dado indicios de cumplir con las Sentencias ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. FABRICACIÓN DE DELITOS Durante los últimos años la fabricación de culpables se ha generalizado en todo el México, para elevar el índice de casos que no quedan en la impunidad y el claro objetivo de demostrar -tanto a nivel nacional como internacional- que se está acabando con los grupos criminales. Es una violación sistemática a los derechos humanos, donde a las personas acusadas se les siembran pruebas para señalarlas de delitos que no cometieron; se presenta a las o los culpables fabricados, en aparatosas conferencias de prensa, para demostrar a la población que se está combatiendo a la delincuencia. La fabricación inicia con una detención arbitraria, es decir sin ninguna orden de Juez que ordene la aprehensión de la persona, ésta es realizada por parte de policías, guardia nacional, militares, y/o marinos. Esta acción se realiza sin elementos que permitan identificarlos como tal. Es decir, no se identifican como autoridad cuando detienen a la persona, además de que se utiliza la tortura y los tratos crueles e inhumanos para forzar una confesión auto inculpatoria y así poder anular la resistencia y dignidad de la persona. Se utiliza la tortura como un medio de terror Estatal para forzar a las personas detenidas arbitrariamente a cooperar y firmar lo que le indican los agentes, posteriormente se les da prisión preventiva oficiosa, se le siembran pruebas a la persona imputada, falsos testigos, o en muchos de los casos sin parte acusadora y sin testigos, se les sigue un proceso judicial violatorio a los derechos humanos, son trasladados a prisión, en estos procesos no hay equidad de armas y el juicio no es justo, además se le etiqueta mediáticamente a la persona en cuestión.

En su participación, José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defesa para una Vivienda Digna, A.C. y Fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C. y ex preso de Conciencia-Político, resaltó que "a lo anterior debemos sumar la falta de una investigación técnica y científica, por parte de la policía de Investigación que en muchos de los casos es deficiente e inadecuada, pero también en muchos casos simplemente es nula. Lo mismo sucede con la intervención de los Ministerios Públicos que por tener una carga de trabajo excesiva y otros factores, al integrar la carpeta de investigación adolece de investigación científica, aunado a ello la falta de una cadena de custodia rigurosa". Cabe subrayar que la mayoría de las Personas Privadas de su Libertad de manera arbitraria, han manifestado haber sufrido amenazas y tortura, tratos crueles e inhumanos y aunque lo denuncien, reina la impunidad y son trasladados a prisión, violándoles el principio de inocencia. Hay ocasiones en que las denuncias de tortura han sido denunciadas a las Comisiones de Derechos Humanos que hay en cada una de las entidades federativas del país, pero no sólo no hay investigaciones o sanciones, sino que el personal se pone del lado de las autoridades agresoras y de las de la propia prisión para amenazar y dejar sin derechos (a la salud, educación, visitas, entre otros) a las personas víctimas de este drama estructural del sistema de justicia. En la Fiscalía mexiquense, 1,181 agentes del Ministerio Público local fueron denunciados por ciudadanos, tras haber cometido irregularidades administrativas y de investigación; esta cifra aumenta año con año1. Sumado a que no se aplican los Protocolos de Investigación, la violación a los derechos humanos, en suma, la fabricación de delitos y tortura para la obtención de falsos culpables sigue vigente en México, a pesar de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial. En conclusión, las personas detenidas arbitrariamente, posteriormente son acusadas de un falso delito en flagrancia. Durante esta detención se fabrica un nuevo delito por el que se gira una orden de aprehensión. Al ser presentadas ante un juez, las personas son vinculadas a proceso y la Fiscalía les formula la prisión preventiva oficiosa. Ya en prisión, pueden estar años sin ser sentenciadas, y ese periodo de tiempo lo pueden vivir en condiciones que también son consideradas como tortura. La prisión preventiva oficiosa, constituye una pena anticipada que rompe por completo con los estándares señalados por la Convención Americana para los Derechos Humanos, así como el proyecto de vida de las víctimas de fabricación de delitos y su familia, se les viola la convencionalidad. Por su parte, Jaqueline Capbell Dávila. Periodista defensora de derechos humanos Asesora de Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C. La Prisión, destacó que de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional2, en México, la Población Privada de la Libertad asciende a 231,907 personas, de las cuales son 218,778 hombres (94.34%) y 13,129 mujeres (5.66%). La Población Privada de la Libertad del Fuero Común es de 201,941 (87.08%), de estas personas la Población Privada de la Libertad Procesada es de 80,352 (34.65%) y la Población Privada de la Libertad Sentenciada es de 121,589 (52.43%).

La Población Privada de la Libertad del Fuero Federal es de 29,966 (12.92%), de los cuales la Población Privada de la Libertad Procesada es de 13,219 (5.70%) y la Población Privada de la Libertad Sentenciada es de 16,747 (7.22%).

Los Centros Penitenciarios que dependen del Gobierno Federal son 14, los Centros Penitenciarios que dependen del Gobierno de la Ciudad de México, son 13. Los Gobiernos Estatales cuentan con 258 Centros Penitenciarios. Centros Penitenciarios Sobrepoblados que tienen Población Privada de la Libertad del Fuero Común y Federal, son 116. Un ejemplo de sobrepoblación es el Estado de México que cuenta con 23 Centros Penitenciarios, con 14,327 espacios para Personas Privadas de la Libertad, sin embargo, su población es de 35,256 personas internas. Según el estudio Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 44 de 233 centros penitenciarios contaban con estructuras de autogobierno en las que las Personas Privadas de Libertad realizaban funciones de personal, en marzo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH visitó 27 cárceles y evaluó que las estructuras de autogobierno sometían a las PPL a extorsiones, agresiones y tratos inhumanos. Al parecer, los grupos delictivos seguían supervisando las actividades ilícitas desde el interior de los centros penitenciarios, y los miembros de cárteles de la droga rivales solían enfrentarse en prisión. De acuerdo con la información del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal Estatales 20223, solamente el 42% de la Población Privada de la Libertad tiene una sentencia.

Dennis Rodríguez López, también Integrante Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C., sustuvo que las familias de las PPL han venido denunciando constantemente en los medios; la corrupción, extorsiones, irregularidades, abuso y acoso sexual, y la comisión de delitos que existe dentro de las prisiones. Los familiares han hecho público el pago que tienen que realizar por ingresar alimentos y artículos de primera necesidad (ropa, artículos de higiene personal, de limpieza y medicamentos), además los familiares también tienen que pagar para poder ingresar, para no hacer fila, para no ser revisados de manera intrusiva, para tener un espacio de visitas, por el uso de sillas y mesas en el espacio de visitas. También denuncian la falta de personal médico para atender enfermos de diabetes, hipertensión entre otros padecimientos, la falta de atención a personas con VIH, SIDA, tuberculosis, hepatitis C y otras enfermedades de transmisión sexual, que las PPL adquieren estando en prisión. Reiteró que los familiares son sometidos a procedimientos estrictos y degradantes, como son las inspecciones físicas al ingresar a la visita, ya que a veces los obligan a desvestirse y permitir ser auscultados, incluso hacer sentadillas sin ropa puesta.

La revisión minuciosa de los objetos personales que portan las visitas es otra vejación, pues se debe soportar el ver que la comida que ingresan para su interno es manoseada y destruida por quienes realizan el registro de entrada a reclusorio, a pesar de que en algunas cárceles hay bandas de rayos X por donde pasan los artículos que se ingresan y se conoce que no hay riesgo en ellos A lo anterior se suma la violencia física y psicológica de la que son víctimas las PPL, por los custodios y también por Personas Privadas de la Libertad4, pertenecientes a grupos criminales Concluyendo que en los reclusorios federales y estatales en México se presentan patrones comunes y estructurales, tales como hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato por parte del personal penitenciario, e imposibilidad para presentar quejas ante un órgano independiente que cumpla con los estándares de independencia e imparcialidad reconocidos.

En su turno, Ernesto Rodríguez Cabrera Abogado de Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C., destacó que "manifestamos que la impartición de justicia es una asignatura pendiente, mientras se sigan dando las detenciones arbitrarias, los tratos crueles e inhumanos y la fabricación de falsos culpables, sumado a las violaciones a los derechos humanos que viven las PPL en las prisiones. Se tiene que frenar la red de corrupción que existe en las cárceles bajo el mando de los directivos". Ante este contexto, dijo, de fabricación de falsos culpables, violaciones a los derechos humanos sistemáticas en las prisiones, un alto número de personas procesadas, están aceptando el procedimiento abreviado (aceptan el delito y renuncian a un juicio, a cambio de una reducción de la pena, no por ser culpables o temer ser sentenciadas en su contra en un juicio, sino por el hecho de no estar en prisión). No se cumplen con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).

SOLICITUD DE VISITA IN LOCO

De manera respetuosa solicitamos al Estado invite a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, y para la Prevención y Combate a la Tortura, a una visita in loco.

Solicitamos también al Estado que envíe insumos sobre la situación de las Personas Privadas de la Libertad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta H. Comisión le solicitamos nos de traslado de los insumos. Igualmente solicitamos que una representación del Estado reciba a los peticionarios de esta audiencia, y a un grupo representativo de familiares de PPL, para preparar la visita de la Relatoría de PPL.

Nos comprometemos que en 15 días enviaremos a la CIDH, una lista de casos paradigmáticos de PPL, con fabricación de falsos culpables y dilación de justicia, para que le de traslado al Estado.

ACEPTAN VISITA

La representación del estado de Méxicano aceptó la visita In Loco, "como una muestra de apertura" y ante lo cuál deberán ponerse de acuerdo sobre las negociaciones que se deberán llevar a cabo para su realización.

En ese sentido la presidente de la CIDH, Esmeralda Arozamena de Troitiño, dijo que se podría de acuerdo con las partes involucradas para dicha visita,

Ceresos Mexiquenses obtienen baja evaluación

* De Ixtlahuaca y Zumpango los peores calificados 

Agencia MANL 

Estado de México.- En  base al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022, lo cierto es que recibió una calificación estatal de 6.71, por los 18 Centros Preventivos y de Readaptación Social, y en dichos centros se reportaron 14 homicidios, 9 suicidios y 156 riñas, además de que los organismos de derechos humanos recibieron 1,011 quejas, por lo que es urgente mejorar las condiciones de las Personas Privadas de la Libertad (PPL), señaló el diputado de Morena, Gerardo Ulloa Pérez.

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un documento con 882 páginas, se detalla que el Estado de México, con una población penitenciaria de 34 mil 557, recibió una calificación estatal de 6.71, cifra menor que la Ciudad de México que alcanzó 6.92. Hay que destacar que ambas entidades pertenecen al grupo “F” con una población de 20 mil 001 PPL en adelante. Y los estados peor calificados fueron Tamaulipas, que tiene una población de 4,044 con 4.26; Hidalgo, con una población de 4,785 con 4.63 y Zacatecas con una población de 2,352 PPL con 4.70.

Mientras que el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 Almoloya, del Estado de México, con una población penitenciaria de 573 personas tiene una calificación de 7.42, siendo la más baja del listado, ya que el Cefereso No. 5, Veracruz, recibió una calificación de 7.48; el Cefereso No. 7, Durango alcanzó 7.62; el Ceferepsi, Morelos tiene 8.5; el Cefereso No. 4, Nayarit fue calificado con 8.9 y el Cefereso No. 8, Sinaloa con 8.10.

Y al analizar el Estado de México, se observa efectivamente que, como asegura el Gobierno del Estado, el diagnóstico nacional calificó con 8.11 al Centro Preventivo y de Readaptación Social Tenango del Valle; sin embargo, no menciona al Centro Preventivo y de Readaptación Social Ixtlahuaca que recibió una calificación de 5.31 ni el Centro Preventivo y de Readaptación Social Zumpango con una calificación de 5.74, dijo.

En dichos centros se recomienda prestar atención a temas como: la deficiencia en la atención a PPL en condiciones de aislamiento, falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección; hacinamiento, sobrepoblación. Así como a las deficiencias en la alimentación; deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones. También a la insuficiencia de personal de seguridad y custodia. Además de presencia de actividades ilícitas. Además de deficiente separación entre procesados y sentenciados; inadecuada clasificación de las PPL e inadecuada vinculación de las PPL con la sociedad. Y deficiencia en la atención a personas con discapacidad e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, principalmente.

El legislador, que también es integrante de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario de la LXI Legislatura, detalló que también se dieron a conocer los incidentes violentos reportados en los centros penitenciarios estatales, siendo Nuevo León el que reportó mayor número de incidentes con 186, seguido del Estado de México con 183 y Oaxaca ocupó el tercer lugar con 88.

Y de esas cifras el Estado de México ocupó el primer lugar en homicidios con 14 casos, seguido de Colima con 9 casos y Tamaulipas con 4 casos; mientras que con respecto a los suicidios Jalisco y el Estado de México registraron 9 casos cada uno, Sonora reportó 8 casos y la Ciudad de México 7 y con respecto a las riñas Nuevo León ocupó el primer lugar con 185, seguido del Edomex con 156 y en tercer lugar Oaxaca con 72.

Con respecto a las quejas presentadas ante los Organismos Públicos de Derechos Humanos, en el documento se establece que la Ciudad de México ocupó el primer lugar al recibirse 2,405, el segundo lugar el Estado de México con 1,011 quejas y en tercer lugar Puebla con 631. 

Es importante destacar que, de todas las quejas presentadas, la salud fue el mayor derecho presuntamente vulnerado a los PPL y con respecto a las autoridades que presumiblemente son los presuntos responsables se señala a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a las Autoridades Penitenciarias, a la Seguridad y Custodia del Centro y al Personal Médico. Y las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados de Chihuahua, Nuevo León, Estado de México y Tlaxcala, informaron que emitieron 1 recomendación cada uno.

Ante este escenario, Gerardo Ulloa consideró que es necesario revisar la situación del Sistema Penitenciario del Estado de México, porque las cifras que se dieron a conocer distan mucho de las condiciones óptimas que requieren los PPL para cumplir con sus sentencias y posterior reintegración social.

Buscan que el PRD se separe de la coalición “Va por el estado de México”

 

* El presidente de este instituto político en el Estado de México se reunió con integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para informarse sobre este proceso.

* Esta solicitud representa la voz de miles de perredistas que no se encuentran de acuerdo con que su partido forme parte de una alianza electoral con el PRI, el partido que combatieron en toda su historia.

Agencia MANL 

Toluca, Méx.- En su calidad de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, Cristian Campuzano Martínez presentó a los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), una consulta para informarse sobre el procedimiento para solicitar la separación del PRD de la coalición “Va por el estado de México”.

Al realizar una declaración ante medios de comunicación, a las afueras de dicho instituto, el dirigente estatal explicó que esta petición representa la voz de miles de perredistas mexiquenses que no se encuentran de acuerdo con que su partido forme parte de una alianza electoral con el partido que combatieron en toda su historia.

A diferencia de la elección próxima pasada donde se realizaron mesas de consulta a las y los liderazgos del partido en los 125 municipios del Estado sobre la integración del partido a la coalición, en este proceso se omitieron los pasos jurídicos y de respeto a la militancia a elegir cómo y con quien coaligarse para combatir las condiciones que adolecen las y los mexiquenses, señaló.

Es por ello que puntualizó: “He solicitado a los integrantes del Consejo General del IEEM me informen cuál es el procedimiento para que el PRD no forme parte de la coalición Va por el Estado de México; ha sido una solicitud muy sentida que hemos recogido en municipios de nuestra entidad y que debe ser escuchada pero sobre todo atendida”.

Como presidente de este instituto político en la entidad mexiquense realizó un llamamiento a la congruencia, a recuperar las bases que dieron origen al partido del sol azteca, “no podemos, como partido de izquierda, ser comparsa de la continuidad de un gobierno que ha permitido que el Estado de México padezca más las condiciones en las que se encuentra, hoy más que nunca es posible alcanzar el anhelo de nuestra fundación: sacar al PRI del Estado de México”.

Reconoció que existen dos visiones ideológicas y políticas al interior de su partido, una de estas posturas, es la entrega de la historia, las luchas, la ideología, la legalidad y la democracia que por tantos años hemos abanderado, la otra, dijo, sigue siendo el respeto a a la militancia, a  las voces disidentes, de todas y todos aquellos que piensan diferente a los acuerdos cupulares “y por esta última estamos aquí”.

Finalmente, Cristian Campuzano llamó a quienes no han sido consultados como miembros del PRD a exigir que sus voces no sean calladas y que, por respeto a nuestra historia, el PRD salga de la coalición “Va por el Estado de México”.

Autoridades penitenciarias toleran autogobierno, corrupción y abusos: Ariel Juárez

 

* Analizan en Comisiones tipificar Delito por Autoridad Penitenciaria


*  Situación prevalece en los 23 centros penitenciarios del Edomex en complicidad de los distintos esquemas de gobierno, desde el custodio hasta el gobernador


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Toluca, Méx.- El presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, Ariel Juárez Rodríguez aseguró que los esquemas de autogobierno, corrupción y abusos contra las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que hay en los 23 centros penitenciarios del Estado de México, es una situación que conocen las autoridades estatales y se busca que esta responsabilidad que implica el esquema de negocio, que es el Sistema Penitenciario, tenga responsables al momento de algún deceso, algún tipo de vejación, de violación o tortura, que son conocimiento de los custodios.

Por lo anterior, afirmó “las autoridades penitenciarias están más que rebasadas por la corrupción que prevalece con la complicidad de los distintos esquemas de gobierno que tenemos en el Estado de México, desde el custodio, quien tiene el contacto directo con las PPL y hasta el propio secretario de Seguridad, sin dejar de lado la responsabilidad que conlleva el gobernador”.

Reiteró, no son los directores de los penales quienes tienen el control, es importante que haya responsabilidad para esos custodios que permiten todo este tipo de situaciones. Agregó, si se suscita una riña y llega a haber heridos o muertos, no hay responsabilidad ni intervienen los custodios, ni las autoridades que son testigos de estas situaciones y son cómplices.

En reunión de trabajo de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, que preside el diputado Gerardo Ulloa Pérez, se inició el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo II Ter, delito por autoridad penitenciaria, delito por la integridad y la vida corporal del Código Penal del Estado de México, que presentó el diputado Ariel Juárez a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, con el fin de fincar responsabilidades a las autoridades penitenciarias.

El objetivo de la iniciativa de reforma al Código Penal busca hacer valer lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en las fracciones V y VII del artículo 20, en materia de garantizar la integridad física de las PPL y el respeto a los derechos humanos, buscando eliminar los abusos de las autoridades penitenciarias y cobros que realizan, que son conocidos, aunque los nieguen.

La exposición de motivos señala que en el Estado de México existen 23 Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, incluyendo el de Adolescentes y el que supuestamente es Modelo, en los cuales hay 34 mil 475 Personas Privadas de su Libertad (PPL) lo que ocasiona sobrepoblación, hacinamiento, problemas de salud pública, falta de medicamentos para atender a los internos y en muchos de los casos abusos de las autoridades penitenciarias, violando de manera flagrante los derechos humanos.

El diputado de Morena explicó que, quien cometa un delito debe pagar conforme a lo que determina la legislación, pero eso no debe ser motivo para que sean violados sus derechos humanos y sobre todo ser sujeto a agresiones por parte del personal penitenciario, apuntó.

Narró que la corrupción y autogobierno, permite que en los dormitorios existan las llamadas “madres”, “mamás”, quienes le dan la garantía del director del reclusorio de controlar a los demás internos, en los dormitorios que hay en los 23 penales, otorgar privilegios, prebendas y facilidades dentro de la cárcel.

Todo esto se hace bajo complacencia de custodios, jefe de la aduana, jefe de turno, subdirector, del director, del subsecretario de…

Penales mexiquenses generan recursos ilícitos y desvíos millonarios

* Gobernantes y diputados "cómplices" de distintas legislaturas

#Edomex #Toluca #PIDH #Ceresos #LXILegislatura

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Toluca, Méx.- Mantener los penales mexiquenses como están saturados con violaciones a los derechos humanos, reclusión de falsos culpables y evitar la instalación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) es para sostener el negocio ilícito al interior de los ceresos que producen millones de pesos mensualmente y se continúe desviando recursos con el pretexto de brindar la readaptación necesario de las Personas Privadas de su Libertad (PPL) con la complicidad de gobernantes y legislaturas en turno.

Lo anterior fue expuesto en la sesión de trabajo de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario de la LXI Legislatura en la que participaron José Humbertus Pérez Espinoza, Fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, Beda Sarmiento Gutiérrez, Presidente de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, y María Guadalupe Hernández Rojas, Presidenta de Acción y Vigilancia de PIDH.

En la reunión encabezada por el presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, diputado Ariel Juárez Rodríguez, en la que estuvo también el secretario de la reunión de trabajo de la comisión, el diputado local de Morena, Max Correa, José Humbertus Pérez Espinoza, documentó la postura de PIDH ante la corrupción en el sistema penitenciario en el estado de México.

 
Destacó la intromisión de los legisladores de diversas Comisiones principalmente del Presidente de la Comisión de Seguridad y Tránsito (CST) de LXI Legislatura y del Presidente del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en LXI Legislatura, para obstaculizar las facultades exclusivas que tiene la Comisión Especial del Sistema Penitenciario (CESP).

Es importante señalar, recordó, que el pasado 23 de febrero de 2022 los diputados: Silvia Maldonado (PT), Nazario Gutiérrez (Morena), Fernando González, Iván de Jesús Cruz (PRI), Braulio Jasso (PRI), así como Alfonso Adrián Juárez Jiménez y Enrique Vargas del Villar (PAN), violaron las facultades que les otorgó el Pleno de LXI Legislatura en la creación de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario del Estado de México

El litigante recordó que la visita de los diputados de las diversas fracciones parlamentarias de la LXI Legislatura al Penal de Chiconautla, principalmente del presidente del (CST), diputados Alfonso Adrián Juárez Jiménez y del presidente del (GPAN) Enrique Vargas del Villar, tuvo dos objetivos perversos, primero eclipsar el foro: Urge Modelo Penitenciario que Respete los Derechos Humanos de las PPLS en los Penales del Estado de México, (convocado por el diputado Ariel Juárez Rodríguez); y segundo tapar las graves violaciones a los derechos humanos que viven nuestros internos como: tortura, tratos crueles e inhumanos, asesinatos, extorsiones, falta de atención médica, mal funcionamiento del Plan de Actividades, corrupción en las vistas y la cantidad de cientos de millones de pesos que de manera ilícita se obtienen mensualmente de la corrupción en los penales del Estado de México.

Toma relevancia que los diputados Alfonso Adrián Juárez Jiménez presidente de la (CST) y del presidente del (GPAN) Enrique Vargas del Villar, fueron a obstaculizar las denuncias de familiares de los PPLS de diversos penales, por la graves violaciones a los derechos humanos y que los responsables directos de los homicidios, torturas y extorsiones en los penales mexiquense son el Subsecretario de Control Penitenciario Manuel Palma Rangel y Jaime Echartea Mojica, Director de los Penales en el Estado de México.

PIDH. A.C., se pronuncia para que se respete la autonomía y las facultades exclusivas que tiene la CESP para desarrollar los trabajos en la materia, que en el caso que nos ocupa son de investigar si se respetan los derechos humanos de las personas que están en condiciones de prisión, así como si se cumple con el Plan de Actividades-

Cuestionó sobre ¿porqué no les han dado los beneficios de la libertad al 45% de la población de los penales del Estado de México, que ya tienen beneficios y que representan las libertades de aproximadamente 14,850 personas? que deberán de salir libremente de manera inmediata, y citó lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera del lunes pasado refiriéndose a  vaciar a los penales comenzado por el Estado de México).

No pueden oponerse a las visitas libres de los diputados integrantes de la CESP, que son un organismo autónomo y máxime que ejercen las facultades constitucionales de control presupuestal, que se deberán de aplicar en los penales; en este punto PIDH, A.C. tiene la autoridad moral de cuestionar al Legislador Alfonso Adrián Juárez Jiménez pro-presidente y presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LVIII Legislatura (2013-2015).

"¿Porque no etiquetaron, vigilaron y supervisaron los recursos del FASP?, cuestionó Pérez Espinoza, en el periodo de Eruviel Ávila Villegasen, en  el que también Enrique Vargas del Villar, se desempeñó como presidente de la bancada del  PAN, así como el resto de los  diputados que avalaron "el desvió de estos recursos para las campañas electorales, esto no es una difamación forma parte de una carpeta de investigación que integra la FGR, para investigar qué hicieron con los recursos del FASP durante los años 2009-2022 y que son responsables las LVI, LVII, LVII y LIX Legislaturas del Estado de México". 

Durante ese periodo de gobierno y legislativo, explicó, fueron desviados  miles de millones de pesos de los fondos federales con la aprobación de los diputados del PRI y del PAN de las LVI, LVII, LVII y LIX Legislaturas, destacado los desvíos del FASP que llevó al fracaso de la instalación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA).

Por citar del FASP se han aprobado del 2009 al 2022 y desviado la cantidad de $7 mil 779 millones 516 mil pesos, de los cuales $2 mil 157 millones 533 mil pesos se destinaron al Centro de Control de Confianza del Estado de México (CCCEM), y al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ)-Universidad Mexiquense de Seguridad (UMS) se le destinaron $3 mil 581 millones 385 mil pesos.

Los presidentes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales (CGPC), de Procuración y Administración de Justicia (CPAJ) y de Seguridad y Tránsito (CST), de las LVI, LVII, LVII y LIX Legislaturas "nos deberían de informar antes de oponerse a las visitas libres a los penales en donde están y en donde se aplicaron los recursos del FASP por la cantidad de $7 mil 779 millones 516 mil pesos, porque es facultad de control constitucional que tiene sobre el presupuesto".

PDIH pidió a los diputados Alfonso Adrián Juárez Jiménez presidente de la (CST) y del presidente del (GPAN) Enrique Vargas del Villar, que dejen de sabotear y de trabajar a favor de los intereses de las autoridades del sistema penitenciario del Estado de México, para esto se creó la CESP, y ambos diputados y sus intereses que siempre se han apoderado de esta comisiones poderosas y claves para tener un SJPA exitoso.

 "Que nos digan en dónde está las caja chica de las otras partidas en miles de millones de pesos que están ocultas y que tienen que ver con penales, que es Fideicomiso Público para la Construcción de Centros de Prevención y Readaptación Social en el Estado de México, mejor conocido en el bajo mundo de las autoridades penitencias Fideicomiso “FC-3“ que desde los Presupuesto de Egresos del Estado de México 2012-2022 la cantidad de $1 mil 751 millones 118 mil 137 pesos", señaló José Humbertus Pérez.

El Fideicomiso “FC-3” se constituyó en el 2012 paralelamente al IMSJ para que el personal de custodia estudiara la carrera policial penitenciaria, así como también el personal académico, médico, de trabajo social y del deporte pudiera estudiar los nuevos perfiles de la ejecución de penas del SJPA y aplicar el Plan de Actividades para la Reinserción, aprobar sus servicios de carrera en el IMSJ y contar con la Certificación Constitucional del Centro de Control de Confianza.

El Fideicomiso “FC-3”, se diseñó y constituyó para la construcción de penales acorde al cumplimiento de la ejecución de las penas, los Centros Penitenciarios se debieron de construir con estos recursos públicos y no privados como hoy quieren hacerlo, primero que nos digan en donde están esos miles de millones de pesos.

Con los fondos públicos del Fideicomiso “FC-3” los diputados tienen la obligación de etiquetar, vigilar y supervisar estos recursos, toda vez, que los mismos se destinaron para construir penales que: contarían con ciudades judiciales, salas modernas para juicios orales, salas especiales para llevar juicios de control, salas para los Tribunales de Enjuiciamiento, Salas para la Apelación, Salas para solicitar órdenes de aprehensión para casos en flagrancia o casos urgentes para evitar la saturación de audiencias por la sobrepoblación.

Puntualizó que   los penales deberían de contar con industria penitenciaria y las plataformas educativas para estudiar a distancia los grados académicos en que se quedaron las y los PPLS antes de llegar a prisión, contar con servicios y salas médicas, con personal médico de enfermería suficiente, contar con cocinas modernas para dar alimentos nutritivos y suficientes.

Los penales construidos con el Fideicomiso “FC-3”, no contarían con una gran población, serían poco poblados, en virtud de que la mayoría de las personas llevarían sus procesos penales en libertad e incluso en la ejecución de penas, como el robo que tiene el 75% de la población en situación de cárcel y que son los casos que provocan mayor sobrepoblación, solo estarían en prisión aquellas personas que sí presentan un peligro y riesgo para la sociedad y para las víctimas.

De esto deberían de estar pendientes los diputados y presidentes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales (CGPC), de Procuración y Administración de Justicia (CPAJ), de Seguridad y Tránsito (CST); y dejar de obstruir las visitas libres a los penales por los diputados de la CESP.

Por último, los integrantes de PIDH cuestionaron a los diputados sobre el destino de los recursos del Fideicomiso F-C3 para nuevos Centros Penitenciarios, pues sólo  se hicieron ampliaciones, de tal forma que pidieron a los legisladores les informen al respecto como  es su responsabilidad constitucional y legislativa de revisar los presupuestos que se asignan.

Primodelincuentes 83 por ciento de los internos en los penales mexiquenses

Agencia MANL

Toluca Méx..-. El diputado Max Correa Hernández informó que el 83 por ciento de los internos en los penales mexiquenses son primodelincuentes, esto luego de anunciar que el próximo 21 de mayo el Grupo Parlamentario de Morena presentará la propuesta de Ley de Amnistía para el Estado de México,

Las recomendaciones, dijo, que organismos de Derechos Humanos han hecho a las autoridades estatales respecto al grave hacinamiento que existe en sus reclusorios, se suma la pandemia de Covid 19 que pone en alto riesgo a la poblaciòn penitenciaría, que incluye a las personas que están injustamente presas.

“Al aprobarse la Ley federal de Amnistía, cada estado puede legislar una ley similar en materia del fuero común para beneficiar a los que están procesados por delitos que no cometieron, que por su condición de vulnerabilidad social y económica no tuvieron un debido proceso o no pudieron tener una defensa adecuada, permaneciendo preso a veces bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa”.

La iniciativa, que será presentada por los diputados de Morena, Mariana Uribe Bernal, Liliana Gollas Trejo, Gerardo Ulloa Pérez y Max Correa Hernández, argumenta que solo el 17 por ciento de las personas en prisiones mexiquenses han cometido en más de una ocasión delitos, el resto, 87 por ciento, es la primera vez que delinquen.

También podrán ser beneficiadas las personas que por razones políticas, como ambientalistas o líderes sociales, fueron acusados de delitos graves para que no tuvieran el beneficio de la libertad condicional.

Explicó que la Ley de Amnistía propone que la legislatura cree una comisión especial que analice este tipo de casos, y los ponga a consideración del Poder Judicial, para que determine si es sujeto de amnistía.

"Esta iniciativa de ley tiene la finalidad de defender los Derechos Humanos y hacer justicia a las personas en su condición vulnerable, cultural, social y económica.

En este sentido, explicó que la propuesta legislativa considera que hay conductas que no son delitos, que ejercen un derecho humano como el caso del aborto, donde también son criminalizados el personal de salud, y el uso lúdico y medicinal de la cannabis, así como los campesinos e indígenas que defienden el agua y los bosques, y que actualmente están privados de su libertad por ejercer ese derecho”.

Finalmente, Max Correa reiteró que la Ley de Amnistía busca beneficiar a quienes desde hace dos años purgan una pena injustamente, y a las personas que se les haya ejercitado o se pudiera ejercitar acción penal durante la vigencia de la ley, la cual podría durar por el resto de la actual legislatura.