Agencia MANL
Nezahualcóyotl, Méx.- Se agrava en México la crisis de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones del Estado, una vez que la impunidad con que actúan diversos personajes de la vida política es tal que acusan ahora a las autoridades que cumplen con su responsabilidad para castigar a los infractores de la ley, es el caso de la Fepade, a donde acudió a denunciar actos ilícitos del Partido Verde, afirmó la ex diputada federal del PRD, Julisa Mejía Guardado.
Recordó que en las elecciones de este año que está por terminar, este organismo político hizo uso indebido del padrón electoral para enviar alrededor de 10 mil tarjetas de descuentos a familias de todo el país, incluyéndolas como afiliadas a su instituto, como ocurrió con la misma legisladora, entonces, del PRD, quien recibió en su domicilio y con sus datos personales, dicho plástico, así como boletos para el cine y demás.
No obstante que la ley electoral prohíbe coaccionar el voto a favor de un partido por diversos medios, uno de ellos el utilizado por el PVEM, lo hicieron con toda impunidad y denunció en el pleno de la Cámara de Diputados dicha situación, siendo entonces Arturo Escobar, coordinador de su bancada y vocero de su partido, “quien desde su curul se burló de los señalamientos que le hacía, mostrando con ello la impunidad de que gozan los aliados del gobierno para infringir la ley”.
Por ello, señaló la ex diputada federal, acudió a la Fepade a denunciar el uso indebido de sus datos personales y la coacción al voto que realizaba el PVEM desde meses antes de los comicios, violando en todo momento las normas que desde el Congreso se dan para una convivencia social, política y económica adecuada, y que todos estamos obligados a cumplir.
“Ahora resulta que el acusado quien cometió daño a las instituciones, a la moral pública y otros, acusa a las autoridades que lo presentaron como presunto delincuente electoral, como responsables de daño en contra suya. Todavía no ha explicado porque llevaba más de un millón de pesos en efectivo en lujosa maleta en Chiapas, en tiempos electorales”, subrayó.
Mejía Guardado comentó que con la imposición de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, “vimos en el Canal del Congreso, no cumplen con el perfil para ello tal como lo señalaron diversos senadores, porque existen mejores mujeres y hombres juristas para esos cargos, el gobierno federal nos manda una señal de que la impunidad, corrupción y la falta del Estado de Derecho serán una constante en lo que queda de esta administración federal”.
Llamó a los actores políticos a ser congruentes y promover la cultura de la legalidad para que algún día México recupere su estabilidad política, económica y social que ahora se ve vulnerada por las acciones contra la sociedad que desde el poder público se promueven para entregar al país a las empresas extranjeras.
Recordó que ya un senador poblano lo dijo durante la elección de ministros de la Corte: “una es posición del PAN y el otro es quien redacto y cabildeó las reformas estructurales y que en su momento declaró estar a favor de los despojos de tierra a las comunidades, como ocurrirá una vez que las trasnacionales comiencen a llevarse el oro negro del país. Y si acuden a la Corte, se encontrarán con este ministro que hará nulos sus derechos y Peña Nieto no tenga problemas con sus reformas. Es decir, la impunidad en su máxima expresión la estamos viviendo ya”
Nezahualcóyotl, Méx.- Se agrava en México la crisis de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones del Estado, una vez que la impunidad con que actúan diversos personajes de la vida política es tal que acusan ahora a las autoridades que cumplen con su responsabilidad para castigar a los infractores de la ley, es el caso de la Fepade, a donde acudió a denunciar actos ilícitos del Partido Verde, afirmó la ex diputada federal del PRD, Julisa Mejía Guardado.
Recordó que en las elecciones de este año que está por terminar, este organismo político hizo uso indebido del padrón electoral para enviar alrededor de 10 mil tarjetas de descuentos a familias de todo el país, incluyéndolas como afiliadas a su instituto, como ocurrió con la misma legisladora, entonces, del PRD, quien recibió en su domicilio y con sus datos personales, dicho plástico, así como boletos para el cine y demás.
No obstante que la ley electoral prohíbe coaccionar el voto a favor de un partido por diversos medios, uno de ellos el utilizado por el PVEM, lo hicieron con toda impunidad y denunció en el pleno de la Cámara de Diputados dicha situación, siendo entonces Arturo Escobar, coordinador de su bancada y vocero de su partido, “quien desde su curul se burló de los señalamientos que le hacía, mostrando con ello la impunidad de que gozan los aliados del gobierno para infringir la ley”.
Por ello, señaló la ex diputada federal, acudió a la Fepade a denunciar el uso indebido de sus datos personales y la coacción al voto que realizaba el PVEM desde meses antes de los comicios, violando en todo momento las normas que desde el Congreso se dan para una convivencia social, política y económica adecuada, y que todos estamos obligados a cumplir.
“Ahora resulta que el acusado quien cometió daño a las instituciones, a la moral pública y otros, acusa a las autoridades que lo presentaron como presunto delincuente electoral, como responsables de daño en contra suya. Todavía no ha explicado porque llevaba más de un millón de pesos en efectivo en lujosa maleta en Chiapas, en tiempos electorales”, subrayó.
Mejía Guardado comentó que con la imposición de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, “vimos en el Canal del Congreso, no cumplen con el perfil para ello tal como lo señalaron diversos senadores, porque existen mejores mujeres y hombres juristas para esos cargos, el gobierno federal nos manda una señal de que la impunidad, corrupción y la falta del Estado de Derecho serán una constante en lo que queda de esta administración federal”.
Llamó a los actores políticos a ser congruentes y promover la cultura de la legalidad para que algún día México recupere su estabilidad política, económica y social que ahora se ve vulnerada por las acciones contra la sociedad que desde el poder público se promueven para entregar al país a las empresas extranjeras.
Recordó que ya un senador poblano lo dijo durante la elección de ministros de la Corte: “una es posición del PAN y el otro es quien redacto y cabildeó las reformas estructurales y que en su momento declaró estar a favor de los despojos de tierra a las comunidades, como ocurrirá una vez que las trasnacionales comiencen a llevarse el oro negro del país. Y si acuden a la Corte, se encontrarán con este ministro que hará nulos sus derechos y Peña Nieto no tenga problemas con sus reformas. Es decir, la impunidad en su máxima expresión la estamos viviendo ya”
