Castigarán a malos gobiernos con iniciativa de decreto de la diputada, María Guadalupe Román Ávila

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Ecatepec, Méx.- “Toda persona tiene derecho a la buena administración pública a través de un gobierno abierto, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases y mecanismos para su cumplimiento”, expresó en tribuna la Diputada Federal María Guadalupe Román Ávila.

Presentó en tribuna al pleno en el salón de sesiones del Palacio Legislativo su
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de buen gobierno.

La legisladora detalló que esto se traduciría en la obligación de todas las administraciones públicas, incluyendo las estatales y municipales, de respetar y promover la dignidad y los derechos humanos en el ejercicio de la función pública, y de actuar efectivamente al servicio de las personas.

Como legisladores si cambiamos las leyes , dijo, a favor de los Derechos Humanos de todas las personas contribuirá al proyecto de nación encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hacia la construcción de un nuevo modelo de gobierno que nos permita luchar contra la corrupción y recuperar una ética política basada en la austeridad y en la soberanía popular.

Román Ávila, explicó que la Constitución de México reconoce en su Artículo 60 la garantía al debido ejercicio y la probidad en la función pública. Sin embargo, a nivel nacional sigue pendiente el reconocimiento expreso del derecho de toda persona a la buena administración y al buen gobierno, así como la obligación específica del Estado para su cumplimiento.

Por lo anterior, “proponemos la adición del siguiente párrafo al artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Toda persona tiene derecho a la buena administración pública a través de un gobierno abierto, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases y mecanismos para su cumplimiento

La iniciativa indica que de aprobarse esta reforma se traduciría en la obligación de las administraciones públicas de respetar y promover la dignidad y los derechos humanos en el ejercicio de la función pública, y de actuar efectivamente al servicio de las personas.

Se busca integrar al texto constitucional el derecho fundamental a la buena administración pública, lo cual implica poner a la persona en el centro de la actividad administrativa del Estado.

La legisladora destaca se trata de reconocer el derecho legítimo de la ciudadanía de exigir un funcionamiento adecuado de las instituciones de gobierno, de modo que el servicio público esté orientado al interés general, y donde la equidad de trato, la igualdad, la austeridad y la transparencia sean principios exigibles para cualquier servidor público.

Destacó en sus argumentos que el derecho a una buena administración fue reconocido por primera vez en la Carta de Derechos Fundamentales en la Unión Europea en el año 2000. Posteriormente en nuestro continente, este derecho fue incorporado en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano, aprobado por la Cumbre de Jefes de Estado en el año 2013.

Firma del Decreto para conocer la verdad del caso Ayotzinapa

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Ciudad de México.- Se firmó el decreto para conocer la verdad sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa con la creación de una comisión en la que estará integrada con algunos de los familiares.

La firma fue encabezada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Gobernación.

Iniciativa de decreto para erradicar la discriminación contra la mujer

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Toluca, Méx.- La diputada del PRD, Bertha Padilla Chacón estuvo presente esta mañana en la convocatoria de la “LIX” Legislatura a la celebración de la Diputación Permanente, en la que dio lectura a la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil y Código de Procedimientos Civiles del Estado de México con sustento en la protección de la mujer, niñas y adolescentes para fortalecer la igualdad y equidad de género.

La legisladora perredista dio lectura a la exposición de motivos para el sustento de la iniciativa planteada por el Gobierno del Estado, en la que se enuncia la discriminación contra la mujer como un acto de transgresión en principio de la equidad de género y derechos humanos, situación que desemboca en la dificultad de participación respecto a las condiciones del hombre en la vida política, social y cultural; constituyendo además en un obstáculo para el bienestar de la sociedad y de la familia.

Además se expuso que la delegación de roles ha sido apoyado en: cosmovisiones, mitos, tradiciones de cada cultura. Así pues, la estructura de modelos culturales, asegura la supremacía del hombre; subordina, excluye y niega a la mujer sus derechos en la sociedad siendo un problema de grandes dimensiones que debe involucrar a toda la sociedad para una transformación social urgente en el que se adopten medidas adecuadas y legislativas que condenen la discriminación en todas sus formas.

La presente iniciativa tiene como finalidad hacer propuestas legislativas para contribuir en el marco de la igualdad en el Estado de México, enlistando: la eliminación de figura con la emancipación por edad para casarse, la condicionante de la mayoría de edad para efectuar un divorcio, y prever que en la acta defunción violencia familiar o de género como causa de muerte.

Cabe destacar, la iniciativa fue refrendada por el Secretario de Gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga y el Gobernador Constitucional, Eruviel Ávila Villegas.

Para concluir, la iniciativa de decreto fue sometida a votación y aprobada por unanimidad, por lo que fue remitida a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Procuración de Administración de Justicia y Género para su estudio y dictamen.

PRD a favor de la iniciativa de Decreto

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Toluca, Méx.- La diputada del PRD Bertha Padilla Chacón, estuvo presente esta mañana en la convocatoria de la “LIX” Legislatura, a la celebración de la Diputación permanente, en la que se sometió a votación la aprobación para la propuesta de revisar los tramites de la Iniciativa de Decreto en la que con su asentimiento se pretende formular un análisis en el que se evoque una mayor contundencia y resultados.

La iniciativa que formula el postulado del dictamen de decreto fue presentada por los integrantes de la Diputación permanente, con lo dispuesto en el ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 51 fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México para efecto de lo dispuesto en el Articulo 64, fracción primera del ordenamiento constitucional del Estado.

Así pues en el margen de la ley se ejecutó la votación a favor de la iniciativa planteada cuyo decreto fue aprobado por unanimidad y dejado en manos de la Secretaría  para su análisis y posterior cumplimiento de la propuesta.

PRD pide detener actos derivados del decreto número 422 emitido por la LVIII Legislatura

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Ecatepec, Méx.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad mexiquense presentó una queja mediante “procedimiento especial sancionador”, con solicitud de “investigación y medidas cautelares”, para detener los actos derivados del decreto número 422 emitido por la LVIII Legislatura Local y publicado en la gaceta de gobierno el pasado 2 de abril.

Así lo dio a conocer el diputado local con licencia Octavio Martínez Vargas, quien recordó que el Código Electoral del Estado de México en su artículo 261 establece que deberá suspenderse la difusión de los programas sociales, y que durante los 30 días anteriores al de la jornada electoral.

 “Las autoridades estatales y municipales así como los legisladores locales se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros y otros eventos de igual naturaleza”, dijo.

Precisó que dentro del catálogo de acciones que el Congreso local incluyó que “no deberán suspenderse por ningún motivo” durante el proceso electoral, el Partido de la Revolución Democrática informó que “la gran mayoría” de estos no se ajustan al citado ordenamiento, y muchos no son prioritarios, como en el caso de las becas a talentos deportivos y talentos artísticos.

El recurso será turnado al Tribunal Electoral del Estado de México para su revisión y análisis, y en el mismo recurso solicita suspender la aplicación de los 49 programas, en tanto no se revise la legalidad del decreto emitido por la LVIII Legislatura mexiquense.

Eruviel Ávila firmó iniciativa de decreto para reformar la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos

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Toluca, Méx.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas firmó una iniciativa de decreto para reformar la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de fortalecer el marco jurídico en esta materia y abatir la cultura de la violencia, en la que se proponen sanciones más severas, que podrían alcanzar hasta los 30 años de prisión por portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

“Sería una ley en caso de ser aprobada, muy estricta pero es necesario que despistolicemos este país, que quitemos las armas de fuego que andan en las calles, que están en las casas inclusive de manera ilegal”, afirmó.

Al dar inicio al programa de Canje de Armas 2013, Eruviel Ávila destacó que esta iniciativa busca actualizar la ley vigente, que data de hace poco más de 40 años, y con ello disminuir accidentes y delitos por portación de armas.

1.- Sancionar con cárcel y sin derecho a obtener libertad bajo fianza la posesión, portación, fabricación, comercio, importación, exportación o actividades conexas de armas de fuego sin la autorización legal respectiva.

Agregó que incluso para quienes posean armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, sin contar con el permiso correspondiente, como por ejemplo, una pistola calibre 9 milímetros, que actualmente se castiga con tres meses y hasta un año de prisión y una multa de uno a 10 días, pasaría a estar de cinco a nueve años en prisión sin derecho a fianza y con una sanción de 50 a 100 días de salario mínimo de multa, y conforme sea mayor el calibre del arma, las sanciones podrían alcanzar hasta los 30 años de prisión y mil días de multa.

2.- Obligar a quienes cuenten con un arma que no sea de uso del Ejército, a registrarla y obtener los permisos correspondientes y, en su caso, sancionar si no se hace, ya que solamente una de cada 300 armas en el país están registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); en este caso, se impondría una pena de cinco a nueve años de prisión y de 50 a 100 días multa, ya que actualmente se castiga de 2 a 7 años de prisión y de 50 a 200 días multa.

3.- Otorgar competencia a las entidades federativas y al gobierno del Distrito Federal, para conocer y resolver sobre los delitos antes mencionados con relación a armas de fuego; además se busca que el Congreso de la Unión tenga la facultad para expedir leyes sobre la concurrencia de la federación, los estados, en materia de armas de fuego, en el ámbito de sus competencias.

Además invitó a la ciudadanía y organizaciones civiles a enriquecer aún más estas propuestas de reforma, ya que es un tema que debe regularse a nivel nacional.

Esta iniciativa se habrá de presentar al Congreso del Estado de México, y si cuenta con el aval de los legisladores estatales, posteriormente debe ser llevada al Congreso de la Unión.

El gobernador mexiquense informó que para el programa Canje de Armas 2013 se instalarán 39 módulos de canje, en igual número de municipios, donde los interesados podrán cambiar sus armas por tabletas electrónicas, laptops o dinero en efectivo, y para el cual se destinaron 7.3 millones de pesos.

En esta primer semana del programa, los módulos se ubican en Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan, seleccionados por tener una alta densidad de población o por contar con altos índices delictivos, y las personas que se acerquen a estos centros serán atendidas por personal de los ayuntamientos, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y de la Secretaría de la Contraloría estatal.

Acompañado del presidente de la Codhem, Marco Antonio Morales Gómez, así como del comandante de la primera región militar, Roberto Gustavo García Vergara, y los comandantes de las 22 y 37 Zona Militar, José Luis Sánchez León y Luis Arias González, respectivamente, destacó que las personas que acudan a hacer el canje, contarán con la seguridad de permanecer en el anonimato y no serán sujetas a investigaciones de ningún tipo.

El titular del Ejecutivo estatal explicó que si una persona cambia un rifle o pistola pueden recibir hasta mil 200 pesos o una tableta electrónica, en el caso de armas cortas o de uso exclusivo del Ejército se le entregará 6 mil 500 pesos o una laptop.

Este programa durará hasta el 21 de abril de 2013 y los centros de canje operarán de 9:00 a 18:00 horas, los siete días de la semana. Para mayor información se puede visitar la página de internet de la Secretaría de Seguridad Ciudadana: www.sscedomex.com , donde se puede ubicar, tanto la fecha de dónde estarán los módulos, así como el tabulador completo de equivalencias.

Cabe destacar que un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2011, destaca que el uso de este tipo de artefactos es causante de las crecientes tasas de homicidio en países como México, donde casi tres cuartas partes de los homicidios se cometen con armas de fuego.

Además en los hogares donde se guarda una pistola, se duplica la posibilidad de ser víctima de homicidio, se aumenta 16 veces la probabilidad de cometer un suicidio y 43 veces más probable que se mate a algún familiar o conocido, que a un extraño en defensa propia.