Sanción penal por abandono y desfalco en ISSEMyM, demanda Max Correa

 El Instituto enfrenta carencia de médicos, equipo y medicinas

 Hay un déficit de 6 mil mdp en pago de pensiones y 100 mil pensionados en espera

#Toluca #Edomex 

Agencia MANL

Toluca, Méx.-  A un año de que concluya la actual administración estatal, el diputado Max Correa demandó sanciones penales por la quiebra financiera del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) que hoy tiene en colapso los servicios médicos, carencia de medicamentos, cerca de 100 mil pensionados en lista de espera y miles de pensionados en lista de espera y adeudos superiores a los 5 mil 600 millones de pesos.

El legislador de Morena reiteró que tras la renuncia de Bertha Alicia Casado como titular del Instituto esta semana, y la designación de José Arturo Lozano Enríquez, Subsecretario de Ingresos como nuevo director general de este instituto, es muestra de que los servidores públicos quedan rebasados ante el grave problema financiero de la institución.

“La crisis y el problema generado por los gobiernos del PRI en una institución tan noble han rebasado la voluntad y la capacidad de una servidora pública como la que ha renunciado, y la nueva designación es solo una píldora más de esa medicina que causó la enfermedad a la institución”, apuntó.

Señaló que fueron los gobiernos tricolores quienes pusieron en crisis a la institución de salud y en la medida en que se siga reciclando nombramientos de personalidades provenientes de la misma enfermedad ésta no se va a erradicar.

“No tengo esperanzas de que haya solución para el ISSEMyM en este gobierno que ya está en un proceso de entrega recepción, si no lo hicieron en cinco años, no van a salvar la institución en los meses que les quedan”, acotó.

Max Correa  subrayó que el ISSEMyM es la evidencia de cómo durante sexenios del PRI desviaron recursos, dejaron de pagar cuotas desde las dependencias estatales, organismos auxiliares y autónomos como la UAEM, y municipios, para “sangrar” a la institución y con ello pusieron en riesgo los derechos a la jubilación de muchos servidores públicos que hoy no pueden concluir este trámite por la crisis financiera, pues existe una lista de espera de cerca de 100 mil pensionados y enfrentan un déficit anual de seis mil millones de pesos por este concepto.

Adicionalmente, el desfalco realizado durante sexenios puso en riesgo la viabilidad de la institución de salud, no obstante la alta calidad en las especialidades médicas, pues hoy existe un desabasto de la lista básica de más de 100 medicamentos, no hay instrumentos ni equipos suficientes para atención médica, y en algunas clínicas solo llega a atender un solo médico, lo que deja sin consulta a decenas de trabajadores al día.  

Por ello, el legislador de Morena respaldó a la Sub Red de la Sociedad Civil Organizada del Sistema Anticorrupción del Estado de México que impulsa iniciar denuncias ante las Fiscalía General sobre aquellas dependencias que descontaron a trabajadores cuotas del ISSEMyM, pero no las enteraron y se gastaron los recursos.

De acuerdo con esta Sub Red, la deuda del ISSEMyM a inicios de año era de más de cinco mil 694 millones, el CUSAEM con cuatro mil 269 millones, 36 municipios debían 494 millones, 23 organismos de agua 715 millones, 12 organismos auxiliares estatales 154 millones, un organismo auxiliar municipal 850 mil pesos, 28 organismos municipales de Cultura Física y Deporte con 16 millones y 49 sistemas municipales DIF 43 millones de pesos.

“Es una vía que la ciudadanía debe efectivamente proceder de manera legal para la recuperación de cuotas, con denuncias hasta de carácter penal con los responsables”, sostuvo Max Correa.

Indicó que desde la Legislatura local exigirá que haya sanciones administrativas y penales para aquellos funcionarios responsables del quebrante financiero de la institución de salud, aunque reconoció que estos planteamientos serán frenados por la alianza PRI-PAN-PRD pues son cómplices del desfalco en el sistema de salud.

Encuentran desfalco por 18 millones de pesos en Chimalhuacán

° Tesorería Municipal embarga bienes en tres domicilios 

#Chimalhuacán #Edomex 

Agencia MANL 

Chimalhuacán, Méx.- Una auditoría practicada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) a la gestión de la ex Presidenta Municipal de Chimalhuacán, Rosalba Pineda Ramírez (periodo 2016-2018) dejó al descubierto un faltante de más de 18 millones de pesos a las arcas del Ayuntamiento y que, además, fue ignorado por el ex alcalde Jesús Tolentino Román Bojórquez (2019-2021), quién en su administración encubrió el millonario faltante pese a que el órgano fiscalizador le ordenó investigarlo.

Ante esta falta administrativa del ex alcalde Román Bojórquez, el OSFEM requirió a la nueva administración municipal 2022-2024 revisar el caso y se detectó que la administración pasada no dejó constancias de las actuaciones de este caso, por lo que la Tesorería Municipal requirió al órgano fiscalizar copias de los expedientes para continuar con el trámite jurídico, lo que derivó en una acción de embargo de bienes muebles e inmuebles, en tres domicilios ubicados en los Barrios Tejedores, Hojalateros y Acuitlapilco.

En la información contenida en dos carpetas administrativas, el OSFEM señala a Rosalba Pineda Ramírez, en su calidad de ex Presidenta Municipal; Raquel Robledo Ramírez, ex Segunda Síndico Municipal; y Sergio Díaz Espinosa, ex Tesorero y que además fungió como Presidente Municipal suplente de Chimalhuacán; de responsables del desvió millonario y daño al erario público de este municipio, ya que, entre otras cosas, no presentaron 21 facturas por concepto de consumo de gasolina a autos, motocicletas y maquinaria propiedad del H. Ayuntamiento y que sirvieron para que ellos y su personal se trasportaran.

Las constancias señalan que en 2017 el órgano fiscalizador emitió tres observaciones, derivadas de la auditoría financiera, las cuales no fueron solventadas, ya que los ex servidores públicos no se presentaron a las audiencias.

“Omisión en el desempeño de sus funciones”, es el termino jurídico con el que se requirió a la ex Presidenta Municipal y demás involucrados en la notificación enviada a sus respectivos domicilios en el año 2018, como parte de la carpeta administrativa OSFEM/UAJ/PART-IM/196/17, y la cual fue ignorada por los presuntos responsables del desvío que, hasta ese momento, era de 16 millones 342 mil 611 pesos con 45 centavos, en perjuicio de las arcas del Ayuntamiento.

“Se finca en definitiva responsabilidad administrativa resarcitoria en contra de Rosalba Pineda Ramírez, Raquel Robledo Ramírez y Sergio Díaz Espinosa. Conforme a los establecido en el artículo Décimo Transitorio párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, deberán presentar por escrito dentro del plazo de quince días hábiles, contando a partir de la fecha que haya tenido conocimiento de la presente”, señala la notificación que le fue enviada a Pineda Ramírez, Robledo Ramírez y Díaz Espinosa, y que fueron recibidos por el ciudadano Aarón Flores Corona.

El órgano fiscalizador notificó el 13 de febrero de 2020 al entonces Presidente Municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez para que, en su calidad de autoridad municipal, llevara a cabo las acciones legales conducentes, sin embargo, el OSFEM no recibió contestación alguna del político priísta.

El segundo expediente data del 2019 y es el OSFEM/UAJ/PART-AF/137/19, en contra de Rosalba Pineda Ramírez, ex Presidenta Municipal; Raquel Robledo Ramírez, ex Segunda Síndico Municipal; y Sergio Díaz Espinosa, ex Tesorero, durante el periodo 2016-2018.

De igual forma, el OSFEM detectó faltantes de facturas por concepto de gasolina que les fueron asignados a los ex servidores públicos para el desempeño de sus funciones, por un total de 2 millones 145 mil pesos y que, al no justificar dicha cantidad, los ex servidores públicos causaron un daño al erario público.

Con las constancias se acredita que la ex Presidenta Municipal, Rosalba Pineda Ramírez; la ex Segunda Síndico, Raquel Robledo Ramírez; y Sergio Díaz Espinosa, ex Tesorero, fueron notificados de las actuaciones administrativas en su contra y se fijaron plazos para que presentaran sus argumentos, situación que no ocurrió. El OSFEM ordenó a la Tesorería Municipal de Chimalhuacán ejecutar el embargo de bienes muebles e inmuebles en sus respectivos domicilios.

La primera diligencia se realizó en calle Epatl, manzana 285, lote 18, Barrio Tejedores, domicilio de la ex Síndico Municipal, Robledo Ramírez, quien fue informada del mandamiento de ejecución por sanción administrativa.

Le fueron embargados dos televisores, dos computadoras, una impresora, un videojuego, una camioneta y cinco máquinas de coser industrial. En el lugar, su abogada Yesenia Vargas Peña permitió que personal autorizado para el desalojo, realizara su labor y la diligencia se llevara con calma.

En el segundo domicilio, calle Amoxtli, lote 28, manzana 166, Barrio Hojalateros, a nombre de Rosalba Pinera Ramírez, no se encontró resistencia, ya que la abogada Vargas Peña permitió la entrada al notificador-ejecutor habilitado para llervar la diligencia de embargos, adscrito a la Tesorería Municipal, quién constató que el inmueble se encontraba vacío, por lo que se procedió a colocar los sellos de embargo.

El tercer domicilio en calle Tecomatlan, lote 2, Barrio Acuitlapilco, la abogada Vargas Peña permitió la entrada al personal y se constató que no había bienes que pudieran ser embargados. En las tres diligencias, tomó fe de los hechos el Asesor Jurídico de Derechos Humanos de Chimalhuacán, Santiago Muñoz Salas.