Denuncian penalmente a Fernando Vilchis Contreras, por el presunto desvío de 140 millones de pesos para la supuesta construcción de un planetario en Ecatepec

- Vilchis prometió que se construiría en 71 días, pero a más de dos años y medio la obra está detenida

Agencia MANL

Ecatepec, Méx- El alcalde con licencia de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, fue denunciado penalmente por su presunta responsabilidad en el desvío de 140 millones de pesos autorizados en Cabildo para la construcción de un planetario. Actualmente la obra está suspendida y en obra negra y el gobierno de Ecatepec ya invirtió 600 por ciento más del costo original del proyecto.

Así lo dio a conocer el candidato a diputado federal por el PAN , Raúl Otero, quien acudió a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México y exigió que se le investigue por los delitos de corrupción en el ejercicio indebido de funciones públicas y peculado.

Originalmente, explicó, en octubre de 2019 dijo que la obra costaría 24 millones y estaría lista en febrero de 2020, antes de la pandemia; es el mes de junio de 2021, la obra está suspendida y sin avances, "ya llevan gastados 140 millones”.

El panista a detalle señaló que el hoy candidato de Morena por la alcaldía, solicitó al Cabildo en seis ocasiones ampliaciones al presupuesto para tal obra, en las sesiones de Cabildo 60, 103, 81, 95 y dos extraordinarias.
Recordó que el 24 de octubre del 2019, Fernando Vilchis colocó la primera piedra de lo que anunció como el “Planetario más grande y mejor equipado del país”.

En la Licitación Pública Nacional No. 006, emitida en Gaceta de Gobierno municipal el 30 de septiembre del 2019, se especificó que la primera etapa de la construcción se ejecutaría en un plazo de 71 días naturales con un capital contable de 14.7 millones de pesos.

El propio Fernando Vilchis precisó el 24 de octubre del 2019 que la obra ubicada en el Parque Ecológico Ehécatl, contaría con dos etapas de construcción, pero el Cabildo ya le autorizó a lo largo de la administración un presupuesto total de 140 millones 874 mil 892 pesos para cinco fases y a pesar de que en el lugar no hay un solo trabajador laborando.

En los acuerdos número 60 del 21 de mayo del 2019 y el 103 del 8 de septiembre del 2019, los regidores de la administración de Morena aprobaron en sesión de Cabildo, un total de 24 millones, 647 mil 159 pesos para la primera etapa.

Después el 28 de agosto del 2020, el cabildo le autorizó a Fernando Vilchis, 24 millones 500 mil pesos más para la segunda etapa, asentado en el acuerdo de la sesión número 81.

En la sesión número 95 del 23 de octubre del 2020, de nueva cuenta, se autorizaron para la tercera etapa 34 millones 136 mil 174 pesos más; mientras que en el Programa de Obras Anual (POA) 2021, están autorizados otros 57 millones 590 mil 759 pesos para la cuarta y quinta etapa.

 
Según el anuncio de Fernando Vilchis, el inmueble contaría con sala audiovisual, taquilla externa, guardarropa, enfermería, sanitarios, salas de interacción, jardín, restaurante, tienda de souvenirs, área de telescopio y dirección administrativa, pero en el perímetro solo se aprecia la estructura de un domo sin terminar.

Denuncian a ex alcalde de Coacalco por desvío de recursos por un monto de 247 millones de pesos

Agencia MANL

Tlalnepantla. Méx.- Por posibles delitos de suplantación de personalidad, falsificación de facturas, pago de facturas por obras no realizadas, documentos alterados, duplicidad de documentación oficial, "aviadores", entre otras irregularidades fueron denunciadas públicamente por el ex alcalde Alejandro Gamiño Palacios, quien exhibió documentación que prueba que el ex edi de Coacalco, Erwin Castelán desvío 247 millones de pesos.

El desvío, dijo, representa un 30 por ciento del presupuesto total municipal y podría llegar a los 500 millones de pesos, ya que entre las irregularidades detectadas destacan  empresas fantasma que recibieron pagos millonarios, mismas que estaban domiciliadas fiscalmente en otros estados de la República.

En conferencia de prensa Gamiño Palacios,  explicó que la denuncia fue  interpuesta ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción,  con la documentación probatoria ante la contraloría municipal y también se llevará a cabo lo conducente ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para su seguimiento.

Documentación exhibida ante  los medios de comunicación, es la que se  incluye en la denuncia penal hecha ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción y que  consta en por lo menos mil 260 fojas.

Entre las irregularidades probatorias se destaca el fraude que el gobierno del periodo  2016-2018 encabezó en prejuicio de los contribuyentes y las arcas municipales por la duplicidad de recibos de pago por concepto de agua.

"Más de un recibo se entregó a los contribuyentes", quienes al presentarse este año a pagar fueron informados que el pago realizado años anteriores nunca fue ingresado al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Coacalco (SAPASAC), o sea que adeudan el servicio del vital líquido.

Gamiño Palacios,  destacó que  la administración de Erwin Castelán , le adjudicó  a la empresa Consultoría Organizacional y Servicios Informáticos,  la instalación del gobierno Digital para el ayuntamiento de Coacalco, por el cual se erogaron cerca de 15 millones de pesos, y las cantidades facturadas fueron pagadas mediante transferencia electrónica,  "pero el servicio nunca se realizó".

En la documentación de actos que pudieran ser constitutivas de faltas graves y probatorios están los  pagos indebidos, doble y hasta triple facturación por un mismo servicio, simulación de operaciones, simulación de operaciones, prestación de servicios programados pero que no fueron ejecutados, entre otras irregularidades.

Se tiene la documental de 69 personas que estaban en nómina y que cobraron sin trabajar, y se tienen testimonios de algunos que "ni se enteraron" que gozaban de un puesto en el ayuntamiento y que su respectivo sueldo  fue cobrado por personal de la presidencia con  la tarjeta de nómina respectiva.

La documentación muestra que el concepto de aviadores el gobierno de Erwin Castelán, constituye un 40 millones de pesos, y que en suma con el desvío de  las empresas "fantasma" que se se ocuparon para simular los supuestos servicios, a pesar de que algunas sí existen pero se les utilizó sin que estas estuvieran esteradas que facturaban y cobraban al ayuntamiento de Coacalco, arroja la cantidad de más de "247 millones de pesos".

Piden se investigue a ex alcaldes de Naucalpan por desvío de recursos

Agencia MANL

Toluca, Mèx.- El diputado Octavio Martínez, integrante de la Comisión de Planeación y Gasto Público en la Legislatura local, promoverá una revisión desde el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y desde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los 40 millones de pesos del programa antibaches que en 2014 debieron aplicar el ayuntamiento de Naucalpan y la Secretaría de Agua y Obra Pública durante los gobiernos de la ex alcadesa Azucena Olivares y  ex alcalde David Sánchez Guevara.

En conferencia de prensa sostuvo que se pretende ampliar las auditorías a las últimas dos administraciones municipales, pues desde el periodo de la ex alcaldesa Azucena Olivares (2011-2013) existen señalamientos de posibles malos manejos de recursos públicos.

“En mi condición de legislador voy a respaldar ese tema para que se investigue, y exigir que se auditen y, de existir alguna responsabilidad, sean sancionados los servidores públicos involucrados”, aseveró.

Por su parte, José Antonio Arzate Flores, dirigente y fundador del Movimiento Antibache Naucalpense Organizado, sostuvo que en 2014 realizó una huelga de hambre para conseguir recursos del gobierno del Estado de México a fin de eliminar los hoyos de las calles en la demarcación los cuales se contabilizaron en 15 mil 200 baches.

Una vez conseguido el dinero “nunca vimos el recurso, no hay una sola minuta de trabajo, calendarización, ni una sola referencia de licitación o adjudicación, esto a pesar de que el  secretario del Agua y Obra Pública del gobierno del Estado de México, Manuel Ortiz García, nombró a Arzate Flores, supervisor social de las obras.

"Aparece el recurso, se licita o adjudica y la empresa dicen que empezó a trabajar, pero ni siquiera el nombre del contratista nos dieron”. Actualmente su movimiento antibache lleva contabilizado 16 mil baches, o sea que se incrementó el problema.

 “La ex alcaldesa Azucena Olivares está siendo investigada, hay un proceso judicial de los trabajadores del  ayuntamiento en su contra.

El ex alcalde David Sánchez Guevara empleó con frivolidad recursos públicos para tomar vuelos privados y acudir a partidos de fútbol del mundial de Brasil o viajar al Caribe.

Y hay grabaciones de la actual presidenta municipal sustituta, Claudia Oyoque, que revelan el apoyo con recursos públicos a las campañas electorales de sus candidatos, es por eso que existen un conjunto de elementos que dejan claro que hay un mal uso de recursos públicos y que es necesario se les investigue", concluyó Martínez Vargas.

Hermano de Brasil Acosta Peña desvío recursos públicos de Chapingo

Agencia MANL

Texcoco, Méx.- Raymundo Acosta Peña, Subdirector de medios audiovisuales de Chapingo es acusado por desviar recursos públicos de la federación; al usar equipo, materiales e instrumentos para la producción de audiovisuales para la difusión de imágenes de la campaña política de su hermano Alberto Brasil Acosta Peña, dirigente de antorcha campesina y candidato a la presidencia municipal de Texcoco por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) denunciaron que esta práctica de Raymundo Acosta ha sido sistemática para la promoción de imagen de Alberto Brasil desde que fungió como diputado federal,

Sin embargo, en el proceso electoral para la presidencia municipal se acentúo el desvió de recursos públicos de la federación hacia el candidato del PRI.

No obstante las autoridades académicas deben realizar una auditoría para determinar si existe alguna responsabilidad por el supuesto uso de material, equipo y recursos humanos en la elaboración de ese material electoral.

Las autoridades académicas están obligadas a verificar la veracidad de las denuncias y no incurrir en evasión u omisión de su responsabilidad. Además de solicitar una investigación de la Secretaría de la Función Pública para deslindar responsabilidades.

 Y una vez realizada esta investigación dar a conocer el resultado para conocer sí existen elementos de prueba sobre el uso de equipo y material de la institución para la elaboración de material electoral, y de ser cierto  emitir sanciones o iniciar procedimientos administrativas, de lo contrario deslindar de responsabilidad a Raymundo Acosta Peña hermano del candidato a la alcaldía por el PRI y líder de antorcha campesina, Alberto Brasil Acosta Peña.

Pedirá Octavio Martínez al OSFEM auditorías municipales por posible desvío de recursos públicos

Agencia MANL

Toluca, Méx.- Octavio Martínez, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Legislatura mexiquense, promoverá ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) auditorías e investigaciones por posible desvío, malversación de recursos públicos y/o enriquecimiento inexplicable de algunos alcaldes mexiquenses, pues a dos años de administración carecen de obra pública propia y no han mejorado los servicios, a pesar de las deudas contraídas, pero acumulan viajes al extranjero y costosos nuevos inmuebles.

La mayoría de los ayuntamientos, indicó, carecen de logros tangibles por informar y no conseguirán repuntar ni dar soluciones ahora que sus titulares se encuentran más concentrados en contender por un nuevo cargo de elección popular.

Los índices delictivos no consiguen disminuir de manera significativa (aunque la autoridad asegura que en promedio han bajado este año 18 por ciento los de alto impacto), y muestra de ello son los intentos de linchamiento en diversas demarcaciones, producto del hartazgo social; aunado a que muchos elementos policiacos se encuentran coludidos con los delincuentes.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ubican a los municipios mexiquenses entre los primeros lugares del país en ilícitos como homicidio doloso, secuestro, extorsión, violación, lesiones dolosas, robo con violencia, feminicidios y robo de vehículos; entre las demarcaciones más violentas se encuentra Ecatepec.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública reveló que en 2013 nueve de cada 10 mexiquenses de 18 años y más percibía que su entidad era “insegura”.

Los servicios en los municipios mexiquenses no mejoran, a pesar de los elevados montos de deuda autorizados y contraídos; para 2014, la Legislatura autorizó para 51 de ellos la contratación de dos mil cien millones de pesos; entre ellos Ecatepec con 95 millones 400 mil pesos, Nezahualcóyotl con 65 millones, Naucalpan con 49 millones 700 mil, Tlalnepantla con 39.7 millones; Tultitlán con 32.3 millones, Ixtapaluca con 30.3, Atizapán de Zaragoza con 30.1, Valle de Chalco con 25.3, y Chalco con 22.9 millones de pesos.

Lo anterior, a pesar de que en 2013, 99 de los 125 municipios de la entidad aumentaron sus deudas, 47 disminuyeron su recaudación, y 28 violaron la ley porque sus pasivos representan más de 40 por ciento de sus ingresos anuales, conforme a las Cuentas Públicas de ese año.

Naucalpan es en la actualidad el municipio más endeudado con créditos superiores a los mil 539 millones, Tlalnepantla tiene más de mil 483 millones; Ecatepec, con un monto superior a los mil 297 millones; Atizapán de Zaragoza, con más de 973 millones y Huixquilucan, con 961 millones de pesos.

En contraste, refirió, los presidentes municipales este año se volvieron famosos por dilapidar los recursos públicos y descuidar sus funciones, como ocurrió con el de Naucalpan, David Sánchez Guevara, quien se hizo famoso por viajar al Mundial de Fútbol en Brasil en plena contingencia por las lluvias.

Los munícipes tampoco tienen obra pública propia, se cuelgan de las obras federales, estatales o del gobierno del Distrito Federal, porque sus administraciones fueron pésimas, como ocurre con Pablo Bedolla, alcalde de Ecatepec, quien en su propaganda presume la implementación de nuevas estaciones del Metro, cuya gestión no realizó, donde no serán empleados recursos municipales y donde el ayuntamiento no tiene participación.

Entre los únicos logros de Bedolla López, expuso, se encuentra la donación del terreno que la administración adquirió en 7.5 millones de pesos para la Diócesis de Ecatepec, que se empleará como dormitorio de los ministros de culto, y su nueva casa valuada en un millón de dólares en un terreno de tres hectáreas en San Cristóbal centro, de lo que sí está obligado a dar cuenta, ante la posibilidad de que se trate de enriquecimiento inexplicable.

Por razones como las anteriores, Martínez Vargas insistió en la necesidad de revisar los estados financieros de los municipios, lejos de que se ufanen con logros inexistentes y pretendan informar resultados que no han arrojado en favor de la población.

Denuncia PRD desvío de recursos de programas sociales en el Edoméx

Agencia MANL

Nezahualcóyotl, Méx.- En el Estado de México y en particular en el municipio de Nezahualcóyotl los programas sociales se están manejando de manera facciosa a favor del Partido Revolucionario Institucional, hay manipulación de dichos programas, desvío de recursos públicos y por ende, la Secretaría de Desarrollo Social es usada con fines electorales, denunció la diputada federal Juana Bonilla Jaimes, esta mañana en conferencia de prensa.

Reveló que la Fundación “Iker Alarik” con domicilio en av. Rivapalacio No. 88, col. Maravillas, municipio de Nezahualcóyotl, de manera sistemática lleva a cabo actividades de proselitismo político encubiertas de contenido social y administrativas.

Juan Bonilla, declaró que dicha fundación está triangulando los programas sociales federales, como sucedió en Veracruz y Valle de Chalco, para beneficio de un partido político a través de su presidente y principal operador Miguel Tapia Saldivar esposo de Marta Angón, Directora General de Políticas Sociales, de la Secretaría de Desarrollo Social.

Señaló que Miguel Tapia Saldivar es cónyuge de Flora Martha Angón Paz, Directora General de Políticas Sociales de la SEDESOL.

Acusó que programas sociales como el de “supervivencia” y el de “65 y más”, están siendo manejados por dicha fundación que ha sido ligada plenamente con el Partido Revolucionario Institucional.

Lo correcto es que los programas sociales federales bajen en coordinación con las autoridades correspondientes. Sin embargo, una coordinación entre el delegado de la SEDESOL y el Gobierno de Neza, no existe, dijo.

Por consiguiente, su desempeño y las actividades encubiertas de carácter social, implementadas por la Fundación Iker Alarik, con recursos públicos federales estatales o municipales, contravienen y violenta su conducta como servidora pública federal y, en particular los preceptos establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables, concluyó Juana Bonilla.

En su intervención la legisladora Josefina Salinas Pérez, declaró que han presentado ante el Pleno de la Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo para que se investigue y en su caso se sanciones a quienes bajo el amparo del apoyo social esté lucrando políticamente con los recursos federales.

Por su parte Juan Hugo de la Rosa, dirigente estatal del PRD, declaró que Martha Angón y Miguel Tapia no tienen la calidad moral para negar el uso ilegal de estos programas y que es preocupante pensar que esto lo estén realizando en toda la entidad con los distintos delegados de la SEDESOL.

Indicó que el uso de recursos públicos es una forma ilegal de operación, mediante el condicionamiento de programas de obras o beneficios sociales, lo que lleva condicionar el voto y “que de acuerdo con un estudio de Alianza Cívica en 2006 el estado de México fue el primer lugar con el mayor porcentaje de acciones de compra del voto, en dónde el 28% de los ciudadanos encuestados declaró haber sido objeto de alguna acción de compra de votos, por lo que es reprobable que estas prácticas se sigan realizando”.

Investigan a ex alcalde de Texcoco por presunto desvío de recursos

Agencia MANL
Texcoco, Méx.- El ex alcalde priísta, Amado Acosta García y actual candidato a la diputación federal es señalado por realizar un gasto indebido por un monto 51 millones 300 mil 350 pesos en el arrendamiento de tres unidades de medicina preventiva móviles, por lo cual debe intervenir el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para fincar responsabilidades.

El ex presidente municipal y ex diputado federal, Horacio Duarte Olivares denunció que en 29 meses el ayuntamiento de Texcoco gasto 47 millones 990 mil 650 pesos, y en los próximos dos meses deberá liquidar otros 3 millones 309 mil 700 pesos, pues el contrato con la empresa Nitrógeno Industrial y Alimenticio S.A. de C.V. expira el 24 de agosto del 2012 de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato.

Detalló Horacio Duarte que el día 8 de diciembre del año 2009, el gobierno de Texcoco lanzó la licitación pública nacional 01 y el día 22 de diciembre se firmó el contrato por el lado de la empresa lo hace, Luis Ordoñez Rengell y por el otro el ex alcalde Amado Acosta y María de Lourdes Aparicio, actual candidata a la diputación local en ese tiempo Secretaría del ayuntamiento, agregó que estos personajes encargados de la administración pública encontraron este mecanismo como legal para desviar 51 millones 300 mil 350 pesos.

Tras analizar el contrato de arrendamiento, Horaco Duarte detectó que en el manejo de las finanzas se instrumentó una política pública absurda, pues resulta incomprensible dado que con esas cantidades se hubieran adquirido a costo mucho menor y en propiedad las tres unidades móviles de medicina preventiva.

No se puede argumentar tampoco que la justificación para derrochar más 50 millones de pesos, pudieran según argumentar los ex funcionarios la urgencia de arrendar las unidades móviles para ser utilizadas de inmediato y dar consultas de medicina general a niños y adultos de las clases marginadas. Así como auscultación de órganos internos, consulta dental, servicio de laboratorio general, mastografías, ultrasonido, para dar solución se podrían haber buscado alternativas.

El mecanismo para disponer de las tres unidades de medicina preventiva móviles despierta sospechas dado que presume que para desviar legalmente este recurso de 51 millones de pesos los ex funcionarios municipales decidieron instrumentar esta figura de arrendamiento.

Insistió, que debido a los actos de negligencia de los ex funcionarios en el desempeño del cargo como presidente municipal y secretaría del ayuntamiento, Amado Acosta y Lourdes Aparicio, deben ser cuando menos investigados por el (OSFEM).

Explicó que en el proceso electoral anterior como candidatos a la presidencia municipal y a la diputación local, Amado Acosta y Manuel Cadena firmaron ante el notario público el compromiso de construir en cada comunidad una clínica de asistencia médica, no lo cumplieron, pero sí utilizaron esta demanda para justificar la contratación de la unidades móviles y malversar más de 51 millones de pesos.

Señaló que con este monto hubiera sido posible la construcción de un número considerable de clínicas en comunidades donde los centros de salud ya no existen debido a que fueron derrumbados por personal del ayuntamiento.

Y eso que todavía hicieron un considerable ahorro, puntualizó que el precio unitario del arrendamiento mensual por las tres unidad es de un millón 654 mil 850 pesos, pues en la licitación el compromiso era arrendar por 36 meses las unidades por un monto total de 59’574,600.

Aunque el contrato tiene una contradicción pues en la cláusula cuarta dice que tendrá una vigencia de 31 meses del día cuatro de enero del 2010 al 4 de agosto del 2012 y el total sería de 51 millones 300 mil 350 pesos, pero cabe destacar que consumidos realmente son 29 meses y entonces la malversación de recursos públicos equivale a 47 millones 990 mil 650 pesos, concluyó.