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jueves, 24 de febrero de 2022

Sistema fallido en Edomex que maquilla cifras, crea expedientes y falsos culpables




*Realizan Foro con activistas, organizaciones y familiares de internos

Agencia MANL

Toluca, Méx.- Con la presencia de activistas, organizaciones sociales y familiares de personas privadas de la libertad, el diputado Ariel Juárez Rodríguez, organizó el Foro “Hacia un modelo penitenciario que respete los Derechos Humanos”, el primero de varios que se harán en la entidad, en busca de impulsar cambios en el sistema penitenciario para frenar los abusos cometidos contra internos, el respeto de sus derechos y generar oportunidades efectivas de reinserción social.

“La impartición de justicia, es una asignatura pendiente, toda vez que mientras exista la creación de expedientes o de falsos culpables con el objetivo de maquillar las cifras de un sistema fallido, ocasiona en los Centros Penitenciarios, sobrepoblación, o hacinamiento, y por ende violación a derechos humanos, baja calidad en la alimentación y riñas internas”, denunció el legislador.

El también presidente de la comisión del Sistema Penitenciario recordó que de 2019 a 2020, la población penitenciaria tuvo un incremento de 2 mil 381 internos, lo que provocó que el sistema estuviera al borde del colapso, por lo que las y los legisladores tiene la obligación de trabajar de la mano con el gobierno estatal para crear un cambio al interior de los Centros Penitenciarios, terminar con la creación de falsos culpables o simplemente con un sistema de justicia que permita una resolución pronta y expedita. 

Denunció que los falsos culpables son personas privadas de la libertad por medios coercitivos como policías que los extorsionan: ministerios públicos, que le confecciona delitos por apariencia, condición económica y social, y estando en prisión les fabrican más conductas delictivas y jueces les otorgan largas sentencias por delitos de alto impacto que no cometieron. 

Ariel Juárez consideró que el gobierno estatal debe dejar de aparentar capacitar a las personas privadas de la libertad, y enfocarse en una correcta reinserción y readaptación social, que garantice que al salir tengan la oportunidad de ocuparse en un empleo lícito. 

José Humbertus Pérez Espinoza, presidente de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos señaló que no hay interés por reformar el sistema penal acusatorio, ni por despresurizar las cárceles porque forman parte de una gran red de corrupción. “Dejaron la fiscalía operando con el crimen, porque tenemos policías que se dedican al robo de vehículo, secuestro, robo de transporte”.

Señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha reprobado el manejo del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública desde el gobierno de Eruviel Ávila y en el actual de Alfredo del Mazo, y que no se ha cumplido con certificaciones de ministerios públicos, ni en penales, que lleva a la fabricación de delitos de alto impacto y abusos en las cárceles.

Sandra Guadalupe Izquierdo, de la organización Reinserta aseguró que es importante impulsar un nuevo esquema que garantice la reinserción social, como ocurre con el nuevo sistema de justicia para adolescentes que impulsa la organización, para garantizar que los jóvenes regresen a la sociedad, pues anteriormente solo se les veían como enfermos y que el sistema penitenciario debía curarlos. 

En el foro, también participó un ex custodio durante 27 años, quien reconoció que en todos  los penales se practica la tortura a los internos, el cobro de cuotas por alimentos, dormitorio y para no ser golpeados, lo que deja ganancias de hasta cinco millones de pesos semanales por penal a directivos y al personal.

Diversos testimonios de familiares de “falsos culpables”, señalaron que sus hijos, hijas, hermanos, padres, son víctimas de torturas y de reiterados golpes, por no poder pagar cuotas a los internos que controlan los penales, e hicieron responsable al responsable de centros penitenciarios si atentan contra la seguridad de las personas privadas de la libertad.

“Mi familiar cumplió dos años de salir de un castigo, por una extorsión que no pudimos pagar, lo golpearon con un bat como si fuera piñata”, “a los que no podemos pagar las cuotas, les reducen el alimento”, “mi hijo estuvo en confinamiento por siete meses sin ver el sol”.

El diputado Ariel Rodríguez señaló que hay casos de personas privadas de la libertad que llevan entre 10 y 15 años sin sentencia, por ello el Grupo Parlamentario de Morena impulsó la creación de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, y busca que se revisen los protocolos de actuación de custodios, la capacitación al personal directivo y revisión a fondo de los 23 penales de la entidad, que haya ministerios públicos certificados e impulsa reformas para que haya castigo severo contra quienes obliguen a menores   a delinquir.

miércoles, 9 de febrero de 2022

Primera marcha nacional en defensa de los falsos culpables


* PIDH presentan iniciativas de reforma a la Ley de Amnistía 

Agencia MANL 

Ciudad de México.- Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) encabezó la Primera Marcha Nacional al Senado de la República para presentar dos iniciativas de reforma a la Ley de Amnistía enfocadas en la libertad de las personas por delitos de alto impacto que no cometieron y son inocentes, como parte de la rebelión de los falsos culpables.

Concentrados en el Ángel de la Independencia los familiares de los falsos culpables e integrantes de PIDH de distintos estados del país caminaron con pancartas y mantas por Paseo de la Reforma hacia el Senado de la República. 

En su intervención, el fundador de PIDH, José Humbertus Pérez Espinoza, expresó: "Queremos decirles que este movimiento social nació en cada una de las prisiones mexicanas, en donde están privadas de su libertad miles del falsos culpables por delitos de alto impacto mujeres y hombres, que son inocentes, que no cometieron conductas contrarias a la sociedad y que han destruido a miles de familias mexicanas".

Los falsos culpables, enfatizó,  son personas privadas de la libertad que el Estado mexicano los lleva a prisión, utilizando todos los medios coercitivos como policías, ministerios públicos, jueces, magistrados y la parte más dura de la coerción es la cárcel, son detenidos arbitrariamente, en donde primeramente, los policías aprehensores los extorsionan, el ministerio público les confecciona los delitos que mejor les parece, por su apariencia, condición económica y social.

Detalló que estando en prisión les fabrican más conductas delictivas y les otorgan largas sentencias por delitos de los llamados de alto impacto que no cometieron y son parte de la fallida lucha contra la criminalidad, los diseñadores de esta política para criminalizar a la sociedad es una élite que esta vinculada y forma parte del crimen organizado del poder político y público de México.

Los falsos culpables y sus familiares han emprendido una larga lucha organizada, que nació en el penal de Chiconautla ubicado en el municipio de Ecatepec Estado de México, que para llegar a esta primera marcha nacional se ha tenido que luchar y superar muchos obstáculos, el principal las divisiones, la persecución de las autoridades penitenciarias a los familiares que iniciaron esta lucha, el homicidio, los traslados a otros penales de los internos que sus familiares forman parte de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C. (PIDH).

"PIDH quiere decirles que lo principal de esta lucha son las personas que están privadas de la libertad en las cárceles mexicanas", dijo.

Asimismo, que su exitosa lucha está en que no pertenecemos a ningún partido político, ni tampoco nos autodenominados defensores de los derechos humanos, ni viajamos por el mundo para tener los títulos nobiliarios de activistas, nuestro activismo nació desde la prisión, en la dura prisión.

El litigante puntualizó que la rebelión de los falsos culpables se ha concentrado en la libertad de las personas por delitos de alto impacto que no cometieron y son inocentes de: homicidio calificado, secuestro, violación, feminicidio, delincuencia organizada, trata de personas, extorsión, robos con violencia por utilizar armas y explosivos.

Pérez Espinoza, comentó: "PIDH los invita para que continuemos la defensa de los falsos culpables en todo el país, somos los familiares que integran este gran movimiento y los autores de la Ley de Amnistía del Estado de México, en donde en sus artículos 16, 17, y 18 se incluyó la exposición de motivos".

Respecto a lo anterior, refirió, señalamos la existencia de los falsos culpables por delitos de alto impacto y que los delitos son fabricados, para no juzgar a los verdaderos responsables de cometer las conductas antisociales.

Destacó que PIDH ha presentado 765 Solicitudes de Amnistía por delitos de alto impacto en la Legislatura del Estado de México y que representan el 78% de todas las solicitudes que ingresaron a este órgano legislativo desde el 8 de abril al 3 de septiembre de 2021.

"Nuestra organización dice la verdad jurídica, no engañamos a nadie y en todo el país vamos a avanzar si logramos reformar la Ley de Amnistía para delitos federales y el Código Nacional de Procedimientos Penales, las reformas a estos marcos normativos abrirán las puertas de las cárceles para que obtengan su libertad miles de falsos culpables", aseguró el también ex prisionero de conciencia.

Puntualizó que tras la marcha nacional PIDH presentó dos iniciativas al Senado de la República con proyectos de Decreto para reformar la Ley de Amnistía para delitos federales e incluyan los delitos de alto impacto como: homicidio calificado, secuestro, violación, feminicidio, delincuencia organizada, trata de personas, extorsión, robos con violencia por utilizar armas y explosivos.

Menciona que en el caso de la Ley de Amnistía concretamente "presentamos" que se adicionen los artículos 9, 10, y 11 que señalan lo siguiente: 

Artículo 9. La LXV Legislatura del Senado de la República con base en su normatividad, integrará una Comisión Especial en Materia de Amnistía, con el fin de dar seguimiento a lo ordenado en esta ley, así como para conocer de aquellos casos que por su relevancia son puestos a su consideración por medio de las personas y organismos defensores de derechos humanos, por encuadrar en supuestos de violación de derechos o fallas en la aplicación de alguno de los principios penales del sistema acusatorio, o la plena presunción de fabricación de delitos. 

La Comisión Ordinaria integrará a un grupo de expertos de México y de otros países, en donde el Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha sido exitoso, quienes analizarán de manera minuciosas cada una de las solicitudes presentadas y resolverán a que organismos turnarán las peticiones para solicitar la Opinión Consultiva. 

El grupo de expertos analizarán de los casos por su relevancia, principalmente que investiguen la etapa de investigación inicial y de investigación judicializada, para concluir si las conductas delictivas se cometieron o no por las personas que están procesados o sentenciados por delitos de alto impacto.

Artículo 10. La Comisión al conocer de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, solicitará la opinión consultiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de República, del Poder Judicial de la Federación y del Ejecutivo Federal a través de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Población, así como de Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente registradas, cuyo objeto sea la protección y defensa de derechos humanos, quienes deberán emitir la opinión en un plazo razonable. 

En atención a las facultades señaladas en el párrafo anterior, tratándose de solicitudes de amnistía, la recepción de la solicitud por parte de la Comisión no implica el otorgamiento de la misma.

Artículo 11. La determinación que resulte del análisis de cada caso, será turnada a la autoridad judicial o procuradora de justicia a efecto de que atienda la recomendación legislativa de libertad por amnistía de casos que por su relevancia haya conocido y se cumplan uno más supuestos los del artículo 16 de la citada ley. También se hará́ del conocimiento del Titular del Ejecutivo para que, en ejercicio de sus atribuciones, determine lo conducente. 

En este mismo sentido presentamos la Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar los artículos 491, 492 y 493 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 491. Se constituyen los Proyectos de Inocencia y que se instalarán en las universidades públicas o privadas de las entidades federativas, para que realicen el análisis y funcionamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Los Proyectos de Inocencia se le asignaran recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para su funcionamiento, y duraran hasta que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio cuente con operadores de justicia.

Artículo 492. Los Proyectos de Inocencia serán órganos especializados que revisaran la integridad de las condenas dictadas por los órganos jurisdiccionales del fuero común y federal, en el periodo que lleva el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

La revisión integral consistirá en base a los argumentos y las pruebas que ofrecieron las fiscalías durante el proceso penal y que sirvieron dictar las sentencias o medios de defensa del fuero común o federales.   

Artículo 493. Los Proyectos de Inocencia instalados en las universidades recibirán las solicitudes de revisión de casos, por parte de las personas privadas de la libertad que aleguen haber sido objeto de injusticias, afecto de determinar si dichas peticiones tienen algún merito o no.

Señaló que el propósito es establecer si se cometieron o no errores en la investigación del delito, por lo que se les consideró responsable y de ser el caso solicitar a la autoridad respectiva que se proceda a exonerar al sentenciado.

En este punto el Senado de la República, indicó,  no cumplió con la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, en donde se reformó el artículo 76 fracción XI, otorgándole la facultad exclusiva de aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y desde esa fecha hasta el día de hoy que presentamos esta Iniciativa Ciudadana, la Estrategia Nacional de Seguridad se ha convertido en la fabricación de delitos en contra de miles de ciudadanos mexicanos que son inocentes, lo más graves son sentenciados por delitos de alto impacto que no cometieron.

Pérez Espinoza, recordó que la Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008 para instalar y consolidar el SJPA no se cumplió y así mismo no se cumplieron las obligaciones legislativas que se les impusieron a las legislaturas de los Estados y el resultado es que en todo el país miles de personas privadas de la libertad son procesadas y sentenciadas siendo inocentes, por delitos que no cometieron.

Explicó que les atribuyen principalmente los delitos llamados de alto impacto como: (homicidio calificado, secuestro, violación, extorsión, delincuencia organizada, trata de personas, feminicidios y los diversos delitos cometido por medios violentos con armas, principalmente robos con la modificativa de violencia).

viernes, 6 de noviembre de 2020

Populismo penal fabricó falsos culpables: Max Correa

 




Agencia MANL

Toluca, Méx.- Diputados de Morena aseguraron que los poderes ejecutivo y judicial han manifestado disposición y voluntad política para concretar una Ley de Amnistía en el Estado de México, por lo que confían que en corto plazo pueda ser aprobada.

Durante el encuentro con integrantes del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillo, sobre el Primer Informe sobre personas injustamente presas en el Estado, en el recinto legislativo, el diputado Max Correa Hernández recordó que a propuesta de la bancada de Morena se realizó un Parlamento Abierto donde intervinieron funcionarios estatales, el Poder Judicial, la Codhem, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, especialistas y organizaciones.

Apuntó que en la administración del ex gobernador Arturo Montiel se promovió el populismo penal con señalamientos como “los derechos humanos no son para las ratas”, o de partidos que pedían pena de muerte a secuestradores como parte de una campaña política.

“El populismo penal fue presionando a las autoridades y no buscaron a quién la hizo sino a quien se la paga, y en el Estado de México los penales se empiezan a llenar de inocentes, y a criminalizar por ser mujeres, jóvenes, indígenas y campesinos pobres; fueron los falsos culpables que creo esta crisis del sistema de justicia penal”, acusó Max Correa.

El legislador aseguró que el Secretario de Gobierno estatal y el de Justicia y Derechos Humanos manifestaron voluntad política para respaldar la iniciativa de Ley de Amnistía en el Estado de México.

Y reiteró que el Grupo Parlamentario de Morena está comprometido con esta exigencia, por lo que confió en que pronto haya un dictamen final propositivo, una vez que se concluya el análisis en comisiones, ya con las observaciones de los poderes ejecutivo y judicial, y que pueda ser aprobada en el pleno, pese a la minoría que desprecia a los pobres y podría votar en contra.

El diputado Julio Hernández Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos recordó que son miles de casos, de presos injustos, donde los familiares señalan el terror y tortura que viven dentro de los penales.

Sin embargo, reconoció que temían que el Poder Judicial manifestara su rechazo a la propuesta legislativa, pero encontraron una postura de empatía del presidente Ricardo Sodi, por lo que hay esperanza en que salga adelante.

“El Poder Judicial nos ha dicho qué hacer para mejorarla, han reconocido que hay fallas, que hay jueces que no están poniendo de su parte, que hay jueces corruptos que califican sentencias altísimas que no van con el delito si así fuera el caso”, apuntó Julio Hernández.