Agencia MANLPresunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C. (PIDH), solicita que intervenga el Consejo de Seguridad del Estado de México, para que discutan las conductas y acciones de corrupción "que ha venido realizando" el Fiscal del Estado de México Alejandro Jaime Gómez Sánchez y por las "irresponsables declaraciones" que realizó, al señalar que el actor Octavio Ocaña, se disparó solo con la pistola en la cabeza, y pidan su destitución.
En un pronunciamiento difundido en medios de comunicación el colectivo en Derechos Humanos destacó: "Si analizamos detenidamente los diversos videos y fotografías, en donde, perdió la vida el actor Octavio Ocaña, se concluyen que el joven actor murió de un balazo en la cabeza que disparó uno de los policías que perseguían el vehículo que conducía el hoy occiso y que los agentes policiales del municipio de Cuautitlán Izcalli en todo momento no aplicaron los protocolos de persecución e investigación de los delitos".
Primero, indica, los policías cuentan con el Centro de Comando, Control, de Comunicaciones, Computo y Contacto Ciudadano mejor conocido como C5, que les permitía a los policías que perseguían el vehículo a pedir apoyo a otros policías y corporaciones, para que por otras vías alternas lograran detenerlo, no disparar ninguna arma en virtud de circulaban otros vehículos al momento de la persecución, segundo el primer respondientes que llegó y observó que el joven actor estaba herido de muerte, lo primero que tuvieron que hacer es darle los primeros auxilios, pedir de inmediato la presencia de las ambulancias y no someter bajo la violencia policial al acompañante del actor como se ve en los videos.
Señala que el primer respondiente tuvo que ordenar a los policías que lo acompañaban y que llegaron supuestamente al auxilio, que tenía la obligación de no alteraran la escena de los hechos, los policías no tenían porqué abrir las puertas de copiloto y la puerta de la parte trasera del lado que conducía el joven actor.
Refiere que existe un video en donde se acredita que el actor Octavio Ocaña, estaba con vida, al sentir la herida se tocaba la cabeza y se sangraba las manos, en ningún momento se ve una pistola y el actor se duele, se ve que se debilita por comenzar a desangrarse por la herida del proyectil.
En el comunicado de PIDH se destaca que "los policías no aplicaron el Protocolo Nacional de Cadena de Custodia y existe una testimonial presencial que acredita y le constan los hechos que los policías sí dispararon" y la testigo se conoce como Fer Cano, quien señala: “La patrulla que chocó la camioneta de Octavio Ocaña, impactó primero mi vehículo”…. “Cuando hicieron que chocara, todos vimos cuando UN POLICIA LE DISPARÓ AL CONDUCTOR. Yo me detuve para ver quién iba a pagar mi golpe, pero me dijeron con pistola en mano, que me fuera a la verga”.
Estas pruebas y la testimonial de Fer Cano, destruyen la Teoría del Caso de la Fiscalía, dada a conocer por su titular Alejandro Jaime Gómez Sánchez, quién concluyó sin realizar ninguna investigación que el actor Octavio Ocaña se disparó solo con la pistola en la cabeza, las fotos señalan que el arma la tenía en la mano derecha y el joven actor era zurdo.
PIDH señala al Fiscal Alejandro Jaime Gómez Sánchez como "Doctor" y experto en "sembrar armas" como la "sembraron" con el actor Octavio Ocaña y "esto se comprueba con los trágicos hechos de la ejecución extrajudicial de la Masacre de Tlatlaya en la madrugada del 30 de junio de 2014".
En el comunicado se cita que con el nombramiento del ex Procurador General de Justicia del Estado de México (PGJEM) el 26 de mayo de 2014, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, "cambió la historia para miles de ciudadanos mexiquenses, al grado de que se incrementaron actos de tortura, desapariciones forzadas, lo más grave la fabricación de carpetas de Investigación a miles de jóvenes y personas que nunca cometieron delito alguno".
Destaca que "inclusive están acreditadas las pruebas que demuestran que en Estado de México a través del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ) no se aplicaron los tiempos para la instalación del mismo, organismo que fue mandatado por el Legislador Ordinario que expidió́ la Ley Reglamentaria del artículo 21 de la Carta Magna, conocida como Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en su artículo 47 obligó a que las entidades federativas establecieran y operaran academias e institutos, que serían responsables de aplicar los programas rectores de la profesionalización y que entre otras funciones será́ el capacitar en materia de investigación científica y técnica a los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública que son: los ministerios públicos, peritos, policías, esta norma se vinculan directamente a los artículos del 49 al 64 que hablan del Servicio de Carrera en la Instituciones de Procuración de Justicia, y que el tiempo para haber aplicado tanto la certificación como la carrera duro dos años, del 19 de octubre del 2011 al 19 de octubre de 2013".
PIDH subraya que "la falta de carrera ministerial, pericial y judicial quedo demostrada en los acontecimientos trágicos de la ejecución extrajudicial de la Masacre de Tlatlaya, en la madrugada del 30 de junio de 2014, una de las sobrevivientes Clara Gómez González, madre de una pequeña de tan solo 14 años que fue ejecutada, narra como de manera ilegal estuvieron retenidos e incomunicados por varios días en las oficinas Centrales de la Ciudad de Toluca de la ahora FGJEM, inclusive recibieron maltrato, tortura y amenazas, para que firmaran declaraciones, en donde, daban crédito de la versión de los militares".
Continua el texto que "la señora Clara Gómez en la declaración ministerial, detalló las razones por las que se encontraba en la bodega aquel día, como un intento de rescatar a su hija de 14 años de edad, que había sido llevada contra su voluntad por el grupo de civiles o personas que estaban cometiendo un acto antijurídico. La señora Clara Gómez, declaró que la última vez vio a su hija estaba viva y desarmada".
Una vez detenida por integrantes de la hoy FGJEM, recibió́ presiones para que declarara que su hija pertenecía a la presunta organización criminal y para que describiera los hechos a favor de los militares que participaron en ese trágico día, la madre de la menor señaló que personal de la Fiscalía Mexiquense que en caso de que ellas y las otras dos mujeres aprendidas no cooperaran abusarían sexualmente de ellas, en palabras textuales ella señala que en las instalaciones de la hoy FGJEM les pidieron las “licenciadas” que cooperaran con esta versión.
El Fiscal General Alejandro Jaime Gomes Sánchez deberá́ ser llamado a comparecer a la LXI Legislatura que la constituyó la voluntad popular a través del voto popular, y los legisladores tienen la obligación de preguntarle “ Y que responda por las declaraciones que la mamá de la menor Clara Gómez González a sostenido cuando dice; recuerda haber visto por última vez a su hija con vida, herida, desarmada y pecho tierra para protegerse”.
Tras una odisea de varios días en Instituciones de Procuración de Justicia (hasta que la dejaron en libertad), regreso con dificultades (no le dieron su dinero ni su celular) a su casa en Arcelia Guerrero, donde un mes después su hijo le mostró las fotos del cuerpo de su hija fallecida, con un arma en la mano izquierda (era diestra) y tirada boca arriba, posición en la que jamás la vio.
"No es posible que la señora Clara Gómez haya vivido una odisea de varios días en Instituciones de Procuración de Justicia hasta dejarla en libertad y que no le dijeran en ese largo peregrinar que su hija a la que la última vez que la vio estaba viva y desarmada, estaba ya muerta, con las escenas que posteriormente ella vio en fotografías, estaba ejecutada y le habían puesto una arma en la mano izquierda", asegura.
Indica que el caso anterior es "muy característico de la forma de trabajar del FGJEM Alejandro Jaime Gómez Sánchez, que ha sido su práctica común el fabricar delitos, sembrar armas, inventar testigos y víctimas, al grado de que el Director General de Litigación, Fernando Ulises Cárdenas Uribe, le ha dicho a sus ministerios públicos que la fabricación de los delitos han sido de toda la vida, es decir, la falsa lucha contra la criminalidad del Estado de México, está sustentada en la fabricación de delitos y estos casos trágicos demuestran la impunidad, los excesos y la corrupción que vivimos los mexiquenses y que es una práctica cotidiana en esta Institución".
Finalmente el documento lo firma.
Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C.
PIDH
“Prisioneros hoy, libres por siempre”.
