* Finanzas cambió el pago de nómina a Banorte, propiedad de Carlos Hank
* Generó incertidumbre en el magisterio por la premura de los plazos
Agencia MANL
Toluca, Méx.- El Gobierno de Alfredo del Mazo, a través de la Secretaría de Finanzas giró instrucciones para que aproximadamente 107 mil docentes y 80 mil burócratas del Estado de México realicen su cambio a Grupo Financiero Banorte, propiedad de Carlos Hank González, a cinco meses de que concluya su administración estatal, sin respetarn el derecho de las y los maestros mexiquenses a elegir la institución bancaria de su preferencia para el pago de nómina, así lo expresó el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Abraham Saroné Campos.
En marzo, de forma prematura, la Secretaría de Finanzas envío oficios para que se informara al personal sobre el cambio de institución financiera para el pago de nómina y que, si deseaban mantener su actual plataforma bancaria, debían manifestarlo mediante escrito y entregarlo personalmente en las oficinas de esa dependencia, aunque la petición sería analizada y sería susceptible de una valoración positiva o negativa.
“En la Comisión legislativa comenzamos a recibir diversas denuncias de maestras y maestros del Estado de México quienes han mostrado rechazo y preocupación por las presiones ejercidas por parte de la autoridad educativa estatal en relación al cambio inapropiado de institución de servicios financieros”, expuso el legislador de Morena.
Subrayó que esta decisión del gobierno estatal, a solo cinco meses de que concluya la administración, generó inestabilidad e incertidumbre en el magisterio mexiquense por la premura de los plazos para poder manifestar su voluntad o su inconformidad con el cambio.
“Concebimos a la falta de consulta entre representados y autoridad como reflejo de un distanciamiento evidente que le cierra el paso al diálogo para generar consenso, aún más grave, la carencia de un pronunciamiento dirigido a aquellos que se identifican en la inconformidad o que perciben lesionados sus derechos por la desinformación generada con relación a que su pago se vería afectado de no realizar el trámite enunciado”, precisó Saroné.
Abraham Saroné precisó que las y los docentes afectados manifestaron su inconformidad también con el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y su dirigente Marco Aurelio Carbajal Leyva, pues prevaleció la desinformación, y no hubo una intervención oportuna para informar con mucha anticipación estos trámites o defender a los docentes sobre su derecho a elegir la plataforma bancaria de su preferencia.
“Hubo gran desinformación y una falta de pronunciamiento del SMSEM, ellos se quejan que el sindicato del magisterio estatal, no se pronunció, no les consultó y no los capacitó, ni tampoco les previno sobre los gastos que iban a tener porque los estaban citando en determinados lugares y con fechas muy acotadas”, advirtió.
El diputado, quien es docente de profesión, subrayó que el Gobierno del Estado debe pagar el sueldo a las y los docentes, aunque no hayan realizado cambio con la nueva institución pues es una obligación para la parte patronal.
En oficios, la Dirección de Remuneraciones al personal reportó que haría apertura de cuenta bancaria de nómina en la institución elegida por el gobierno y debían recoger su contrato y tarjeta por medio de sus coordinaciones administrativas, o bien en cinco sedes de la entidad, con entregas que los docentes consideran prematuras por las actividades en aula y administrativas que deben realizar en sus planteles educativos.
En este sentido, Abraham Saroné explicó que el Grupo Parlamentario de Morena, realizó un pronunciamiento para señalar que las y los docentes mexiquenses tienen derecho a decidir “sin presiones” cuál será la institución de servicios financieros que satisface las atenciones a sus necesidades e intereses como usuarios, y que no se les debe cobrar ni un solo peso por su decisión, con la finalidad de que se garanticen las condiciones que más les favorezcan y siempre con su autorización.
El artículo 18 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que: “las instituciones de crédito en las que se realice el depósito del salario, prensiones y de otras prestaciones de carácter laboral estarán obligadas a atender las solicitudes de los trabajadores para transferir periódicamente la totalidad de los recursos depositados a otra institución de crédito de su elección, sin que la institución que transfiera los recursos pueda cobrar penalización o cargo alguno al trabajador que le solicite este servicio”.
