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viernes, 9 de diciembre de 2022

FGJCDMX solicita a INTERPOL alerta migratoria y ficha roja contra servidor público


#CDMX #INTERPOL #FGJCDMX

Agencia MANL 

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales (INTERPOL México) de la Fiscalía General de la República (FGR) y al Instituto Nacional de Migración (INM) se emita Ficha Roja y Alerta Migratoria, respectivamente, en contra de un servidor público. 

La Dirección General de Supervisión y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la FGJCDMX solicitó el apoyo de ambas instituciones con el fin de dar cumplimiento a la orden de aprehensión librada contra Christian “N”, por la probable comisión de los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público, así como el diverso de asociación delictuosa.

Como se recordará, la Fiscalía General de Justicia inició una indagatoria en torno a ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, lo que permitió identificar a otros individuos que, al desempeñar sus funciones en la anterior administración en esa demarcación, posiblemente habrían realizado actividades financieras a nombre otros funcionarios, de quienes se notificó su aprehensión el día de ayer.

Las indagatorias realizadas hasta el momento han permitido que la Fiscalía General de Justicia abriera una nueva línea de investigación, con sólidos datos de prueba aportados por uno de los ex servidores públicos ya procesados, que podrían configurar posible asociación delictuosa. 

Posterior al sismo de 2017, la alcaldía Benito Juárez erogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasmas. Esta asignación fue mediante tres contratos: dos de ellos emitidos por un monto exacto destinados a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, más un contrato adicional por mantenimiento de inmuebles públicos afectados.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en apego a sus funciones y atribuciones como área esencial, continúa todos los días sus tareas de investigación para combatir la impunidad y pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos (55) 5200 9000 y 800 745 2369 para orientación jurídica gratuita.

domingo, 2 de febrero de 2020

Captura FGE a probable participante del homicidio de un servidor público ocurrido en septiembre de 2019

Agencia MANL
Benito Juárez.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que la Policía Ministerial en coordinación con el Mando Único y la Guardia Nacional lograron la captura de Daniel “G”, probable participante de la privación ilegal de la libertad y homicidio de un servidor público adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en Solidaridad.

Desde el pasado 19 de septiembre –fecha en que ocurrió el lamentable suceso- las áreas de inteligencia de la mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad de Quintana Roo, presidida por el Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, tuvieron como objetivo prioritario la investigación, persecución y captura de los homicidas.

Como resultado de ello, se realizó un despliegue policial y durante estos meses, con apoyo de la tecnología e investigación de campo, se lograron los siguientes resultados:

Se tuvo conocimiento que el servidor público arribó a las instalaciones de la SSP ubicadas en la avenida Las Torres para reportar las novedades y desmontar el servicio; posteriormente se dirigió a su domicilio y al llegar, descendió de su vehículo para abrir el portón, cuando fue abordado por varios sujetos quienes lo subieron a otra camioneta y lo llevaron a una casa de seguridad ubicada en la supermanzana 25.

Durante estos meses, se establecieron puntos de observación y vigilancias móviles y fijas en dicho domicilio, sin embargo fue hasta la noche de ayer cuando los elementos policiales dieron seguimiento a Daniel “G” quien frecuentemente circulaba por el lugar y acudía a dicho domicilio.

Se identificó a Daniel “G”, como una de las personas que realizó la vigilancia y seguimiento de la víctima -actividades conocidas como halconeo- durante el trayecto del inspector desde su centro de trabajo hasta su domicilio, donde fue privado de la libertad.

Su captura fue en la vía pública de la supermanzana 201, en compañía de 4 personas, una de ellas, menor de edad, en posesión de 91 bolsitas de hierba verde seca con características propias de la marihuana, así como otro paquete con más de medio kilo de la misma sustancia.

Los actos de investigación practicados hasta el momento, así como la información proporcionada por el detenido, confirman que en ese domicilio fue privado de la libertad y de la vida el Inspector, y que en ese lugar se grabaron los videos que fueron difundidos posteriormente en redes sociales.

Sin embargo, esta información, deberá ser confirmada con base a otros dictámenes técnicos y científicos que se practicarán en la investigación complementaria, por lo que ya se solicitó a la autoridad judicial una orden de cateo para ingresar al inmueble.

También se informa que dentro de la investigación se ha logrado identificar a otros cuatro probables autores materiales de este lamentable homicidio, dos actualmente procesados por otros eventos y que conforman la estructura criminal de este grupo delincuencial.

La Fiscalía General del Estado continúa con la integración del expediente, para lograr el esclarecimiento de los hechos y poner a disposición de la autoridad judicial a los participantes.

viernes, 13 de junio de 2014

Detienen a servidor público por el delito de cohecho

Agencia MANL

Nezhualcóyotl, Méx.- Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) aseguraron en flagrancia a Leo Castillo Aguilar, perito en Criminalística de esta institución, por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho.

La PGJEM inició una investigación en contra de Castillo Aguilar, quien presuntamente pidió a un ciudadano una suma económica a cambio de alterar un informe pericial, pues de acuerdo con las investigaciones, el imputado acudió al domicilio del ofendido para realizar diligencias y recabar indicios, puesto que había sido víctima de un robo a casa habitación.

Al realizar su trabajo, presuntamente Castillo Aguilar solicitó al agraviado una suma económica a cambio de omitir algunos datos en el informe, argumentando que con ello el ofendido sería beneficiado. Por lo que el dueño del inmueble denunció los hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y se implementó un operativo, lográndose la detención del servidor público.

Castillo Aguilar fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial con sede en Nezahualcóyotl, quien ratificó como legal la detención, lo vinculó a proceso por el delito que se le imputa y ordenó la separación del cargo. Con acciones como esta la PGJEM reitera su compromiso de Cero Tolerancia ante la posible comisión de algún delito por parte de servidores públicos.

jueves, 10 de abril de 2014

Ley para la reparación del daño por afectación a los DH por algún servidor público: APF

Agencia MANL

Toluca, Méx.- Con la finalidad de construir bases para garantizar la protección de los derechos humanos, el Diputado perredista Armando Portuguez Fuentes, propone crear la Ley para la Reparación del Daño por Afectación a los Derechos Humanos, reformar y adicionar diversas disposiciones que garanticen la protección o en su caso reparación de vulneración por algún servidor público.


Crear la legislación necesaria para que el Estado de México cuente con los mecanismos de reparación de los derechos humanos que pudieran ser vulnerados por parte de sus servidores públicos, resaltó el legislador.

La propuesta del legislador del Sol azteca, propone que la Comisión de Derechos Humanos, establezca las bases mínimas para contemplar la reparación del daño por parte de las autoridades; misma que debe tener dos vertientes, la primera en lo que respecta a la situación en lo individual con la parte lesionada y otra con el Estado en sí mismo, garantizando que dicha violación no pueda repetirse.

Se propone la indemnización, la cual permite compensar con un bien útil, universalmente apreciado, como lo es el dinero, reparar tanto el daño material, como el inmaterial, que es el que se refiere a los efectos psicológicos emocionales sufridos como consecuencia de la vulneración a los derechos humanos de la víctima, señaló diputado Portuguez Fuentes.

Además, contempla las satisfacciones como forma de reparación a su vulneración, la cual pudiera abarcar diversos resarcimientos que tienden a compensar el detrimento de bienes no patrimoniales, es decir, ciertas medidas específicas enfocadas al prestigio o buena fama pública de las víctimas, con la finalidad de rescatar y preservar el honor y en su caso, reivindicar a la persona en su comunidad o en sociedad.

Incluso, que los servidores públicos del Poder Judicial de nuestra entidad, también sean susceptibles de recomendaciones por actos u omisiones que se encuentren fuera del proceso judicial o bien por situaciones del ámbito administrativo, como por ejemplo por conductas de discriminación, vejaciones, malos tratos o cualquier otro acto u omisión que comprometa su actuar contra la dignidad de las personas.

Debido a que nuestro país está suscrito a diversos tratados internacionales, que sea precisamente el Poder Judicial de nuestro Estado, el que supervise el cumplimiento del pacto social y los tratados internacionales en dicha materia.

Incluye, la creación de una Sala especializada en Derechos Humanos la cual podrá obligar al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal (Codhem), cuando la autoridad responsable las acepte y posteriormente no haga nada para su cumplimiento; con esto nuestra entidad, pasaría a la vanguardia en la protección de los derechos básicos.