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Agencia MANL
Texcoco, Méx.- Policías municipales de Texcoco, pusieron a disposición de la Fiscalía Regional a una mujer, como presunta responsable de encubrimiento por receptación, al pretender cobrar por la entrega de un teléfono celular que le habían desapoderado a quien aseguraba era la dueña.
Los uniformados acudieron en auxilio de una mujer que el pasado 5 de abril había sido despojada de su teléfono celular, pero el pasado miércoles 6 de abril al marcar, le contestó una femenina, quien le dijo que ella tenía el teléfono y que si quería recuperarlo le tendría que dar la cantidad de cuatro mil 500 pesos, que fue la cantidad que pagó por el aparato que a ella le vendieron.
Para ello la citó frente a una tienda comercial sobre la avenida Nicolás Bravo, hasta donde llegó, y una vez que ubicó a la femenina que tenía su teléfono, solicitó el auxilio a la unidad policiaca que se acercaba.
Ahí le pido a la mujer que se identificó como Brenda Erandy “N”, que le devolviera su teléfono, porque no iba a pagar por un aparato que era de su propiedad.
Ante la denuncia, los policías municipales le realizaron una revisión preventiva a Brenda Erandy “N”, a quien le encontraron un teléfono que la denunciante identificó como de su propiedad y que un día antes le habían robado.
A las 16:05 horas, se aseguró a Brenda Erandy haciéndole saber los derechos que consagra en su favor el artículo 20 apartado B) de la constitución política de los estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 113 del código Nacional de Procedimientos penales así mismo embaló un teléfono celular de la marca Motorola modelo Moto g60s color verde, con numero de IME 356991520776776 marcándose como indicio único.
El teléfono y la mujer investigada, fueron puestos a disposición de la representación social, por el delito de encubrimiento por receptación cometido en agravio de la administración de justicia, quedando a disposición de la Fiscalía Regional de Texcoco en donde se determinará su situación legal.
El Director de Seguridad Pública y Movilidad recordó a los ciudadanos que comprar un teléfono de dudosa procedencia, representa un delito que los puede llevar a perder su libertad.
