Agencia MANL
México D.F..- Luego de que las investigaciones en torno al desmantelamiento de una red de tráfico de menores en Sonora, cuyo eje giraba en torno a diversos funcionarios de la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la familia estatal, es necesario que en las indagatorias se actúe imparcialmente y se procese procesa a todos aquellos quienes resulten implicados.
Así lo señaló la diputada federal perredista Karen Hurtado Arana, tras darse a conocer en Tribuna de la Cámara de Diputados Federal, un Punto de Acuerdo respecto a las investigaciones en torno al citado tema.
Explicó que las recientes indagatorias, arrojaron que la esposa del gobernador presuntamente también se encuentra implicada en este asunto delictivo.
Los funcionarios, según la Procuraduría General de Justicia del Estado, se encuentran bajo los procedimientos ministeriales de investigación correspondientes y, según esta instancia, se ha dejado a los menores con los padres adoptivos, presuntamente privilegiando el interés superior de la niñez y no están sujetos a procedimiento alguno.
Es indispensable señalar que los padres adoptivos aceptaron la comisión de un delito y deben ser investigados, no es posible que, habiendo pagado hasta trescientos mil pesos, no se hubieran percatado de que se trataba de un asunto ilegal, por decir lo menos. En su caso, si así fuera, exonerados de la responsabilidad únicamente en el caso de que compruebe que no sabían que lo estaban cometiendo.
La diputada federal Karen Hurtado Arana, consideró indispensable garantizar los derechos de los padres biológicos que fueron víctimas de los delitos cometidos por estos funcionarios públicos.
Por todo lo anterior, el PRD considera que la Procuraduría General de Justicia del Estado, debe actuar imparcialmente y procesar a todos aquellos quienes resulten implicados, el resguardo de los niños de aquellas personas que presuntamente los compraron, es decir, los padres adoptivos que no están siendo investigados así como de todos aquellos funcionarios que participaron en la red para su encubrimiento y, en caso de comprobarse la participación de la esposa del gobernador, se aplique la ley con severidad y sin favoritismos.
De igual manera, se exige la protección de los menores y su restitución inmediata al seno familiar a donde realmente pertenecen, protegiendo los derechos de los padres biológicos, quienes, junto con los niños, son las verdaderas víctimas, únicamente por el engaño y desorientación de malos servidores públicos.
En dicho Punto de Acuerdo promovido por el PRI, comparten la opinión de la respecto a la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus propias responsabilidades, añadió la diputada perredista Karen Hurtado Arana
Dicho Punto de Acuerdo fue aprobado por mayoría por el Pleno de la Cámara de Diputados.
