Agencia MANL
Toluca, Méx..- El diputado federal Omar Ortega Álvarez, exigió que bajo el principio de máxima publicidad que establece la nueva Ley General de Transparencia, deben transparentarse los contratos y los fideicomisos en el caso panamá paper, los cuales permitieron obtener recursos y amasar fortunas de diversos empresarios.
El también dirigente del PRD en el estado de México, sostuvo que el trato preferencial otorgado por funcionarios del gobierno federal y estatal a ciertos empresarios mexiquenses, revelaría la existencia de redes de intereses entre negocios y política que requieren ser encubiertas bajo figuras legaloides e inmorales como los offshore revelados en los panamá papers.
Se pronunció por revisar a fondo la incompatibilidad de intereses que debe imperar entre políticos y las empresas que hacen negocios con el gobierno.
La necesidad de ocultamiento de las ganancias de estas empresas, obedecería al carácter irregular con que se otorgaron dichos contratos, en algunos casos pactados a cambio de favores o comisiones. Obviamente, por ello no lo operaron a través de beneficiarios directos, sino a través de presta nombres, subrayó Omar Ortega Álvarez.
Explicó que aunque la autoridad se escude en no tener facultades para trasparentar el origen y la evolución de estas fortunas, argumentando la protección del secreto bancario o fiduciario, ésta debería ser capaz de anteponer la protección del interés general y desenmascarar la comisión de ilícitos que han sido encubiertos a través de prestanombres y figuras financieras sofisticadas.
“Si las fortunas empresariales son ocultas del escrutinio público, es probable que la razón de ello lo sea el hecho de que provengan de un origen cuestionable”.
Si no es posible desenmarañar las redes de complicidad en las que se esconden ganancias de dudosa procedencia, ya sea por la complicidad y la protección que reciban algunos personajes, los ciudadanos hoy contamos con suficientes elementos para hacer un contundente juicio moral sobre estos escándalos.
Enfatizó en que las redes de protección y de interés que existen en México entre algunos empresarios y políticos, actúan en contra de la inmensa mayoría empobrecida del país.
Quizás nada nuevo pero que hoy queda más claro que nunca, y por decir lo menos es una práctica inmoral muy cuestionable.
Estas revelaciones refuerzan la percepción ciudadana de que México es un país profundamente corrupto, para revertir esta situación, y en el marco de la discusión en materia de anticorrupción que se desarrolla en el Congreso, se deben de incluir los controles más estrictos de la práctica internacional en materia de contrataciones públicas y contra el lavado de dinero.
Nos parece preocupante que algunos de los empresarios dados a conocer en los panamá papers presenten un fuerte vínculo con el gobierno mexiquense y el actual titular del Ejecutivo Federal.
Basta mencionar a Carlos Hank Rhon, Armando Cantú Hinojosa y la familia Alcántara Rojas quienes han sido expuestos en estas revelaciones que parecen confirmar la sospecha del íntimo vínculo que se ha tejido entre la clase política mexiquense y los negocios cuyas ganancias se deben ocultar al escrutinio del público.
Sobre el estado de México se posa una nube de dudas y corrupción bajo el cobijo del poder público, por lo que las investigaciones que al respecto se realicen deberán despejar toda duda que sobre conflicto de intereses surjan, de lo contrario el gobierno de Eruviel y de su antecesor quedarán marcados para la historia como gobiernos que hicieron mucho para enriquecer a unos pocos y muy poco por sacar de la pobreza a más de cinco millones de mexiquenses, concluyó el diputado Omar Ortega Álvarez.
Toluca, Méx..- El diputado federal Omar Ortega Álvarez, exigió que bajo el principio de máxima publicidad que establece la nueva Ley General de Transparencia, deben transparentarse los contratos y los fideicomisos en el caso panamá paper, los cuales permitieron obtener recursos y amasar fortunas de diversos empresarios.
El también dirigente del PRD en el estado de México, sostuvo que el trato preferencial otorgado por funcionarios del gobierno federal y estatal a ciertos empresarios mexiquenses, revelaría la existencia de redes de intereses entre negocios y política que requieren ser encubiertas bajo figuras legaloides e inmorales como los offshore revelados en los panamá papers.
Se pronunció por revisar a fondo la incompatibilidad de intereses que debe imperar entre políticos y las empresas que hacen negocios con el gobierno.
La necesidad de ocultamiento de las ganancias de estas empresas, obedecería al carácter irregular con que se otorgaron dichos contratos, en algunos casos pactados a cambio de favores o comisiones. Obviamente, por ello no lo operaron a través de beneficiarios directos, sino a través de presta nombres, subrayó Omar Ortega Álvarez.
Explicó que aunque la autoridad se escude en no tener facultades para trasparentar el origen y la evolución de estas fortunas, argumentando la protección del secreto bancario o fiduciario, ésta debería ser capaz de anteponer la protección del interés general y desenmascarar la comisión de ilícitos que han sido encubiertos a través de prestanombres y figuras financieras sofisticadas.
“Si las fortunas empresariales son ocultas del escrutinio público, es probable que la razón de ello lo sea el hecho de que provengan de un origen cuestionable”.
Si no es posible desenmarañar las redes de complicidad en las que se esconden ganancias de dudosa procedencia, ya sea por la complicidad y la protección que reciban algunos personajes, los ciudadanos hoy contamos con suficientes elementos para hacer un contundente juicio moral sobre estos escándalos.
Enfatizó en que las redes de protección y de interés que existen en México entre algunos empresarios y políticos, actúan en contra de la inmensa mayoría empobrecida del país.
Quizás nada nuevo pero que hoy queda más claro que nunca, y por decir lo menos es una práctica inmoral muy cuestionable.
Estas revelaciones refuerzan la percepción ciudadana de que México es un país profundamente corrupto, para revertir esta situación, y en el marco de la discusión en materia de anticorrupción que se desarrolla en el Congreso, se deben de incluir los controles más estrictos de la práctica internacional en materia de contrataciones públicas y contra el lavado de dinero.
Nos parece preocupante que algunos de los empresarios dados a conocer en los panamá papers presenten un fuerte vínculo con el gobierno mexiquense y el actual titular del Ejecutivo Federal.
Basta mencionar a Carlos Hank Rhon, Armando Cantú Hinojosa y la familia Alcántara Rojas quienes han sido expuestos en estas revelaciones que parecen confirmar la sospecha del íntimo vínculo que se ha tejido entre la clase política mexiquense y los negocios cuyas ganancias se deben ocultar al escrutinio del público.
Sobre el estado de México se posa una nube de dudas y corrupción bajo el cobijo del poder público, por lo que las investigaciones que al respecto se realicen deberán despejar toda duda que sobre conflicto de intereses surjan, de lo contrario el gobierno de Eruviel y de su antecesor quedarán marcados para la historia como gobiernos que hicieron mucho para enriquecer a unos pocos y muy poco por sacar de la pobreza a más de cinco millones de mexiquenses, concluyó el diputado Omar Ortega Álvarez.
