Por Redacción | Agencia MANL
Toluca, Estado de México.- El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) dejó de existir como organismo constitucional autónomo a partir del 1 de octubre, con la entrada en vigor del Decreto 365 publicado en la Gaceta del Gobierno.
La reforma crea un nuevo esquema de transparencia en el Estado de México y establece que las funciones relacionadas con el Poder Ejecutivo y los municipios serán asumidas por Transparencia Mexiquense, un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría.
El cambio no será inmediato. El decreto establece una etapa de transición en la que deberán transferirse expedientes, archivos, sistemas, bases de datos, recursos materiales y financieros, además de definirse el destino del personal que laboraba en el INFOEM.
Seis meses para completar la transferencia
La Secretaría de Finanzas tiene un plazo de cinco días hábiles para designar a la persona que estará a cargo de la liquidación del INFOEM.
En ese mismo periodo deberá integrarse una Comisión Transitoria de Transferencia, con representantes de Finanzas, Contraloría, Consejería Jurídica y Oficialía Mayor, encargada de establecer los procedimientos para trasladar las funciones del organismo extinto.
La comisión permanecerá en funciones por lo menos seis meses, hasta determinar que concluyó la liquidación y transferencia.
Los recursos materiales y financieros, incluidos los bienes inmuebles del INFOEM, deberán ser transferidos a la Secretaría de la Contraloría dentro de los 20 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto.
¿Qué pasará con las solicitudes de información?
Uno de los puntos centrales de la reforma es que la desaparición del INFOEM no elimina el derecho ciudadano a solicitar información pública.
El decreto contempla una suspensión de hasta 90 días naturales para determinados trámites, procedimientos y medios de impugnación relacionados con la transición. Sin embargo, las solicitudes de información presentadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia deberán continuar recibiéndose y atendiéndose.
Los procedimientos que ya estaban iniciados tampoco desaparecen. De acuerdo con las disposiciones transitorias, los asuntos radicados en el INFOEM deberán continuar bajo las reglas que correspondían al momento en que fueron iniciados, ahora dentro del nuevo esquema institucional.
Expedientes y sistemas cambian de manos
La transición también contempla la transferencia de los registros, padrones, sistemas y bases de datos que operaba el INFOEM.
Entre ellos se encuentran plataformas vinculadas con las solicitudes de información y la publicación de obligaciones de transparencia. El decreto establece que el traslado deberá realizarse bajo medidas de seguridad para proteger la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos.
El Poder Ejecutivo tendrá hasta 180 días naturales para emitir las adecuaciones reglamentarias necesarias para la operación de Transparencia Mexiquense.
¿Y los trabajadores?
El futuro laboral de los trabajadores del INFOEM tampoco queda definido de manera automática.
El instituto deberá entregar una relación de su plantilla que incluya modalidad laboral, salario y antigüedad. Posteriormente, la Comisión Transitoria establecerá los lineamientos para determinar la contratación, continuidad o liquidación del personal, respetando sus derechos laborales.
Reportes periodísticos ubican en más de 160 trabajadores la plantilla del organismo al momento de su extinción.
Cambia el modelo de vigilancia
La reforma modifica también la estructura institucional que anteriormente concentraba en el INFOEM las funciones de garantía del acceso a la información y protección de datos.
Ahora, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como diversos organismos autónomos, tendrán autoridades responsables de garantizar estos derechos dentro de sus respectivos ámbitos. Para el Ejecutivo estatal y los municipios, la función quedará en el nuevo esquema encabezado por Transparencia Mexiquense.
El cambio, por tanto, no se limita a la desaparición de un organismo: implica una redistribución de atribuciones, archivos, sistemas, personal y recursos públicos.
La principal prueba del nuevo modelo será que esa transición no afecte en la práctica la capacidad de los ciudadanos, periodistas, investigadores y organizaciones para solicitar información, obtener respuestas y recurrir decisiones cuando una autoridad niegue o limite el acceso a documentos públicos.
El INFOEM ya desapareció jurídicamente. Ahora comienza la parte más compleja: trasladar sus funciones sin interrumpir el derecho a saber.
