Pachuca de Soto, Hgo.,- Especialistas en Tecnologías de la Información coincidieron en que la Ley de Telecomunicaciones podría favorecer la reducción de la brecha digital en México, siempre y cuando se garantice el respeto a la libre expresión y se vigilen los aspectos que abordan el desarrollo de las tecnologías.
Entre los que participaron en la mesa: La educación y la socialización en la era de la tecnología, que se realiza en el marco del Festival Internacional de la Imagen, FINI 2014 está el investigador del área de Ciencias y Humanidades de la UAEH, Guillermo Lizama Carrasco, quien consideró positiva la apertura a los proveedores de internet y los creadores de tecnología para reducir los costos; en América Latina es casi el doble comparado con los países de la OCDE.
Consideró que el desafío estará en la capacidad de esta ley para abrir el mercado de competencia, aumentar la cobertura y vigilar los contenidos dirigidos a la infancia sin afectar la libertad de expresión.
Durante el coloquio Internacional La Infancia: El futuro no es un juego, la Rosa María Valles Ruiz, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), indicó que la falta de acceso a Internet está fuertemente vinculada con el tema de la exclusión y golpea a los sectores más vulnerables del país; en este sentido, enfatizó que 67% de los niños mexicanos carecen de acceso a la red mundial y las niñas indígenas y en condiciones de pobreza son el sector más excluido en el desarrollo digital.
Aun cuando el tema pareciera trivial ante cifras tan alarmantes como el alto nivel de desnutrición de los niños o que la población mexicana supera los niveles de anemia de África, Lizama Carrasco explicó que la falta de acceso a Internet y servicios digitales favorece el rezago de los grupos vulnerables, quienes se ven desconectados de la información mundial, excluidos de las políticas gubernamentales que se aplican por internet y alejados de las posibilidades de desarrollo que les ofrece estar conectados con el resto del mundo.
Guillermo Lizama Carrasco, explicó que el programa Agenda Digital lanzada durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón tuvo fallas en los alcances y cobertura, problemas de licitaciones y la transparencia del uso de los recursos públicos, lo que provocó que no fuera un programa exitoso; “aún ahora no sabemos cómo se estructuraron los indicadores, no hay datos del impacto que alcanzó el programa. El gran error tiene que ver con no definir políticas transexenales”, precisó el docente.
“Hoy el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del programa México Conectado enfrenta el gran reto de pasar de 37 mil lugares públicos conectados a 240 mil; el reto de crear espacios donde la comunidad local puede acceder a Internet de forma gratuita y accesible”, afirmó tras recordar que son estos sectores vulnerables y las comunidades marginadas los lugares donde más caro se paga el acceso a internet y donde menos conectividad existe.
En este sentido –señaló- que hay evidencia concreta de que los países que invierten más en su desarrollo tecnológico tienen mejores niveles educativos que los países que no lo hacen y sus estudiantes obtienen mejores resultados en exámenes de matemáticas, tecnología y ciencia, áreas que son indispensables para el desarrollo económico de los países.
“Lo que no hemos hecho es desarrollar políticas públicas que contribuyan a la cobertura universal, ese es el gran desafío. El tema de la brecha digital es un ámbito de política estructural, no se va a poder avanzar si no reducimos pobreza, si no se avanza en inversión pública o aumentamos ingreso PIB per cápita. Las políticas de acceso a la información son estructurales, interconectadas”, dijo al considerar que es posible establecer iniciativas que permitan avanzar en todos los aspectos, lo que sólo se logrará con políticas transversales, de largo alcance y de largo plazo, concluyó.
Ambos investigadores subrayaron la importancia de la intervención gubernamental al establecer leyes que conviertan en un derecho humano el acceso a las Tecnologías de la Información y en la obligación de proteger a la infancia con esquemas de regulación que eviten los contenidos de excesiva violencia o de riesgo para los niños mexicanos. “Hay que poner ciertos candados para que la primera información que aparezca en los buscadores no sea un riesgo para la infancia”, insistió.
La Rosa María Valles enfatizó la alta velocidad con que crece el número de usuarios de Internet. En México esta cifra creció de 20.2 millones en 2006 a 45 millones de usuarios en 2013. Señaló también que en el país las poblaciones que más acceden a la red son los grupos de 12 a 35 años y que las preferencias de contenido entre los niños mexicanos van de las visitas a páginas de ocio, en segundo lugar los programas educativos y tareas escolares; seguidos por concursos y contenidos para adultos.
Finalmente, los ponentes coincidieron en que espacios como el FINI permiten la discusión especializada de temas de alta relevancia y de los que surgen propuestas para transformar las políticas públicas en hechos concretos y cercanos a la sociedad.
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