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* Violencia institucional y revictimización; familiares de personas privadas de la libertad respaldan a exfuncionaria
Por Redacción | Agencia MANL.
Toluca, Estado de México.- Integrantes del colectivo Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), conformado por madres, esposas, hijas y hermanas de personas que consideran injustamente encarceladas, emitieron un pronunciamiento público para exigir una investigación contra el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, tras las denuncias realizadas por la exservidora pública Nancy Rocío Durán Barrios.
Las integrantes del colectivo señalaron que la institución encargada de proteger los derechos humanos en la entidad habría incurrido en actos de omisión, revictimización y falta de atención frente a denuncias de presunto acoso laboral, hostigamiento y violencia institucional denunciados por la exfuncionaria.
En un posicionamiento difundido públicamente, las mujeres manifestaron que la actuación de la CODHEM podría representar una contradicción con los principios que rigen a los organismos defensores de derechos humanos, por lo que demandaron que las autoridades competentes revisen el caso y determinen posibles responsabilidades administrativas o legales.
De acuerdo con el testimonio de Durán Barrios, durante aproximadamente 11 años laboró en la institución y decidió presentar su renuncia tras enfrentar presuntos actos de acoso y hostigamiento laboral atribuidos a funcionarios de la propia Comisión. La exservidora pública sostiene que informó oportunamente de los hechos a diversas áreas internas, incluyendo la Presidencia, el Órgano Interno de Control y la Unidad de Igualdad de Género, sin obtener —según su versión— una respuesta efectiva ni medidas de protección.
La denunciante también aseguró que el pasado 16 de junio de 2026 acudió a una diligencia ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en Toluca, donde presuntamente fue presionada para firmar un convenio de terminación laboral que consideró favorable únicamente a los intereses institucionales.
Según su relato, permaneció varias horas en las instalaciones mientras personal jurídico intentaba concretar la firma de documentos relacionados con su salida de la institución. Asimismo, afirmó que se condicionó la entrega de un cheque por aproximadamente siete mil pesos a la aceptación de dicho convenio y que documentación laboral ya firmada le habría sido retenida.
Las integrantes de PIDH calificaron los hechos como graves y señalaron que, de comprobarse, constituirían un caso de violencia laboral e institucional dentro de un organismo cuya función principal es la protección de los derechos fundamentales.
El colectivo expresó su respaldo a Nancy Rocío Durán Barrios y solicitó que las instancias competentes desarrollen una investigación imparcial para esclarecer los hechos denunciados. También pidieron que se garanticen los derechos laborales y humanos de las personas que trabajan en organismos públicos encargados de la defensa de la ciudadanía.
Hasta el momento, la CODHEM no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones difundidas por la exfuncionaria y respaldadas por el colectivo.
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