Penulis
Agencia MANL
Toluca, Méx.- El diputado Ariel Juárez Rodríguez, presidente de la comisión legislativa Especial del Sistema Penitenciario del Congreso mexiquense, precisó que la impartición de justicia en la entidad registra, en su conjunto, una gran cantidad de irregularidades y fracasos estructurales, prueba de ello es la existencia de indicios contundentes de que miles de personas están privadas de su libertad por delitos que no cometieron.
Durante su participación en el “Foro Análisis de Amnistía en el Estado de México” convocado por el Poder Judicial de la entidad y donde se precisó que hay 4 mil 820 solicitudes de Amnistía, de las cuales 2 mil 898 se han admitido, el diputado local del Grupo Parlamentario de Morena subrayó que ante dicho escenario el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo están obligados a trabajar de manera coordinada para que a la brevedad se perfeccione el mecanismo de la Ley de Amnistía estatal y permita analizar cada uno de los expedientes-solicitudes.
Lo anterior, subrayó, con el único objetivo de garantizar que ninguna persona inocente permanezca en la cárcel por delitos que no cometió, por conductas delictivas inventadas y/o por violación a sus derechos humanos durante el desarrollo del proceso jurídico en su contra.
Ante Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial estatal; Gerardo Ulloa Pérez y Sergio García Sosa, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y Amnistía, respectivamente; así como Rodrigo Espeleta Aladro, Secretario de Derechos Humanos estatal; Myrna García Morón, titular de la Comisión de Derechos Humanos local; Jueces locales encargados de atender peticiones de amnistía; empresarios; titulares de organizaciones no gubernamentales como “Prisionero de Conciencia” y “Haz Valer Mi Libertad”, entre otros, el legislador expuso las fallas en el sistema de justicia.
El diputado Ariel Juárez aseguró que hay una grave omisión por parte de los directivos del Sistema penitenciario estatal, ya que, en los Centros de Readaptación Social se registran constantes violaciones a los derechos humanos, tanto en agravio de las personas que asisten a visitar a sus seres queridos como de las Personas Privadas de su Libertad (PPL).
A estos últimos, precisó, se les impide y/o obstaculiza el acceso a sus propias carpetas de investigación-expedientes judiciales, entre otras irregularidades que padecen y se pueden configurar como actos delictivos en contra de los PPL.
El diputado de Morena expresó que el aparato institucional de impartición de justicia del Estado de México registra en algunas de sus áreas “todo un sistema de corrupción”, el cual se hace presente hasta en el mismo sistema Judicial, Fiscalía, corporaciones de seguridad y gobierno estatal en general.
Ante un escenario tan adverso para los PPL, sus familiares y mexiquenses en general, las y los diputados locales no pueden permanecer indiferentes y deben modificar la ley para otorgarle, por ejemplo, más facultades a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con el objetivo de que sus intervenciones sean más firmes e impidan que se siga presentando conductas que agravian y violan los derechos humanos de mexiquenses, en especial los que por una u otra circunstancia están relacionados con el sistema penitenciario.
José Humbertus precisó que disponen de patrones de cómo se fabricaron los delitos de alto impacto por distritos judiciales y acreditarán la Inocencia de los PPL que representan, y cuestionó que la Ley de Amnistía excluya casos cuando los delitos atente contra la vida, la libertad o la integridad de la persona.
“Estas limitantes no son aplicables para nosotros y no es una restricción en la Ley de Amnistía, simplemente porque los delitos de alto impacto porque los procesaron y sentenciaron a nuestras PPL son inocentes, son falsos culpables, esos delitos no los cometieron y no son responsables”.
Por último, Ariel Juárez, precisó que, para impulsar las preliberaciones, amnistías y garantizar que a las personas que hayan logrado su libertad se les brinde una oportunidad laboral, los tres poderes de gobierno y Comisión de Derechos Humanos deben ir de la mano.
“Vamos de la mano, no podemos estar desligados unos de otros”, concluyó.
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