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Agencia MANL
Fue declarada inconstitucional en 2018 por la Primera Sala de la SCJN
Debe proporcionárseles acceso al apoyo que necesiten para tomar decisiones
Toluca, Méx.-La diputada Alicia Mercado Moreno, presentó una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado de México y eliminar la interdicción en las personas con discapacidad y que busca que sean tratadas como iguales ante la ley, que puedan tomar decisiones, expresar voluntades y preferencias y se les dote de apoyos que permitan su libre manifestación de voluntad.
Desde la tribuna, la presidenta de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables afirmó que un análisis de la Suprema Corte sentencia que con esta figura se vulneran los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, capacidad jurídica y dignidad humana; a una vida independiente; a la obligación por parte del Estado de establecer a su favor salvaguardias efectivas y adecuadas; al principio de igualdad; a heredar y ser propietario de bienes.
Expuso que lo que hoy refiere el Código Civil del Estado de México en su Libro Segundo, señalando el estado de interdicción como uno de las incapacidades establecidas para poder ejercer los atributos de la personalidad, fue declarada inconstitucional en 2018 por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Refirió que la interdicción promueve estereotipos y con ello la discriminación de las personas con discapacidad, es una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica y representa una injerencia indebida que no es armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que la supresión de la capacidad jurídica supone una sustitución completa de la voluntad de la persona con discapacidad, ya que las personas incapaces sólo podrán ejercer sus derechos mediante sus representantes.
“No se debe negar a las personas con discapacidad su capacidad jurídica, sino que debe proporcionárseles acceso al apoyo que necesiten para tomar decisiones, asumiendo que cada tipo de discapacidad requiere de unas medidas específicas en virtud de su condición particular y de sus requerimientos personales, con el fin de que pueda ejercer plenamente y, por sí misma su autonomía y todos sus derechos”, sostuvo la legisladora.
Alicia Mercado subrayó que el régimen de interdicción es inconstitucional y contravienen los instrumentos internacionales y los artículos constitucionales que reconocen los derechos de las personas con discapacidad.
Enfatizó que en la actualidad la interdicción afecta incluso la participación de las personas con discapacidad en las consultas, ya que impide que puedan ejercer de manera autónoma su capacidad jurídica y celebrar actos jurídicos válidos sin que el Estado deba sustituir su voluntad por la de un tercero.
“Con la presente iniciativa pretendemos que las personas con discapacidad sean tratadas como iguales ante la ley, que puedan tomar decisiones, expresar voluntades y preferencias dotándolas de apoyos que permitan su libre manifestación de voluntad, cumplir con sus obligaciones de manera autónoma y, en su caso, proporcionar las salvaguardias que se requieran para ejercer con plenitud su capacidad jurídica”, afirmó Mercado.
Y la propuesta plantea que, a través de una consulta a personas con discapacidad, crear un sistema de apoyos que nazca de quienes viven la discapacidad.
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