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* Relacionados con desalojos ilegales en municipios Mexiquenses
Agencia MANL
Los vecinos desalojados informaron en esa ocasión que el "despojo" del que fueron víctimas configuró el fraude procesal con la aplicación de una Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación en el mes de julio de 2019, ante lo cual sus representantes legales denunciaron penalmente el delito configurado
Omar Ortega Cisneros, agente del ministerio público de la Mesa ûnica de Tecámac, correspondiente a la FGJEM, giró citatorio dirigido al comisionado de la Guardia Civil de la localidad, Hector Zadorov López Madera, con fecha 18 de mayo del actual con el número económico 619/23.
En el citatorio se lee el ordenamiento: "... solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que realice la CITACIÓN del PROPIETARIO O POSEEDOR del inmueble ubicado en calle Privada Titania, colonia Real del Sol", quien deberá presentarse en las oficinas "de esta representación social ubicadas en carretera federal México-Pachuca, kilómetro 38.5 en la colonia Centro de Tecámac".
Entre los argumentos el ministerio público explica que el motivó es para que el actual "PROPIETARIO o POSEEDOR" del inmueble, tras el desalojo del pasado 23 de febrero antes descrito, rinda su declaración el próximo 30 de mayo a las 11:00 horas en torno a "los hechos que se investigan", derivado de la denuncia que se presentó, luego del despojo, pese a contar con un amparo, del cual tenía conocimiento el Juzgado Quinto Civil de Ecatepec, con residencia en Tecámac.
HAY MAS DENUNCIAS POR FRAUDE PRINCESAL EN LA FGJEM
El Frente Mexiquense para una Vivienda Digna (FMVD) informó que en la fiscalía mexiquense hay más de 20 denuncias por fraudes procesales que desde el anterior titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, se mantienen en la "congeladora", por lo que esperan que se atiendan a la brevedad.
El fundador del FMVD, José Humbertus Pérez Espinoza, dió a conocer que existen dos requerimientos más para presentarse ante el ministerio público por fraude procesal promovidos por un grupo de compradores de cartera vencida en colusión con autoridades municipales, jueces, ministros, y actuarios, quienes perpetraron los desalojos bajo el delito que hoy se investiga.
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