Autor
Por: José Humbertus Pérez Espinoza
COLUMNA ESPECIAL
El caso de Fernanda Casanueva de Diego y Roberto Cervantes Martínez representa uno de los casos más representativos de cómo se opera la gran corrupción de los poderes judiciales de la federación y del fuero común.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, nombró a la economista del ITAM, Fernanda Casanueva, como Secretaria Ejecutiva Administrativa del Poder Judicial de la Federación.
El nombramiento de Fernanda Casanueva contraviene la Ley Orgánica del PJF en virtud de que se le otorgó poderes sin límite para celebrar contratos de bienes y servicios, que benefician a un grupo de empresarios afines a la ministra Piña Hernández.
Incluso, en la conferencia mañanera del martes 15 de abril de 2025, la periodista de la revista Fortuna denunció cómo Fernanda Casanueva es responsable de la adquisición y administración del presupuesto del CJF por más de $70 mil millones de pesos.
 |
La periodista acusó ante la presidenta Claudia Sheinbaum que Fernanda Casanueva y sus asesores están incumpliendo acuerdos de la comisión de administración del CJF.
Los consejeros del organismo del CJF le han señalado a Fernanda Casanueva que los estudios de mercado no los pueden realizar los empresarios y que los mismos particulares participen en los procesos de contratación.
Incluso la periodista de Fortuna señaló sobre Fernanda Casanueva: “de hecho, en las últimas semanas, presidenta, al menos un proceso de contratación fue cancelado porque no se hizo como la señora Casanueva lo pide”.
Remató la comunicadora de la revista Fortuna: “el caso ya generó preocupación de algunos consejeros del pleno del CJF”. La periodista se preguntó a la presidenta: si bien estamos en medio de una renovación del PJF, ¿qué podemos esperar los mexicanos de la rendición de cuentas de estos funcionarios? La presidenta fue contundente: con los nuevos ministros se tiene que realizar una revisión, una auditoría.
Estas conductas delictivas de corrupción en el PJF también fueron aplicadas por el magistrado y expresidente del TSJEM, magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, quien a tan solo seis días de su nombramiento impuso a Roberto Cervantes Martínez como Director General de Administración del PJEM.
Aplicando el mismo modus operandi de los delitos cometidos por servidores públicos, el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar le impuso al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México (CJEM) el acuerdo de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós y le otorgó súperpoderes y facultades a Roberto Cervantes Martínez.
Roberto Cervantes Martínez (es hermano del fiscal carnal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez), con las súper facultades que le otorgó Ricardo Sodi, suscribió convenios y contratos derivados de procedimientos relacionados con la adquisición, enajenación y arrendamientos de bienes y servicios de cualquier naturaleza.
Ricardo Sodi y Roberto Cervantes, con el citado acuerdo, se sobrepusieron a los consejeros de la comisión de administración del CJEM y así sobrevaluaron todos los contratos en la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes y servicios, para favorecer a las empresas amigas que les dieron cientos de millones de pesos.
Es decir, al igual que la ministra Piña Hernández, que nombró a su pupila Fernanda Casanueva en el órgano de administración del PJF para saquear los recursos públicos y beneficiar a los empresarios consentidos del PJF,
Ricardo Sodi nombró al alma gemela de Casanueva, es decir, a Roberto Cervantes, desplegando las mismas conductas delictivas y obteniendo recursos ilícitos para beneficiar a los empresarios consentidos del magistrado y tener recursos para sus aspiraciones de ocupar una silla como ministro de la SCJN.
#SCJN #Edomex #EdoMexico #edomexnoticias #Edoméx
Gracias por sus comentarios