Redacción | Agencia MANL
Toluca, Méx., 12 de noviembre de 2025.– El diputado local Octavio Martínez Vargas presentará hoy ante el Congreso del Estado de México una iniciativa de gran calado político: la eliminación del fuero constitucional para todos los servidores públicos, incluidos legisladores, magistrados, integrantes de ayuntamientos y titulares de organismos autónomos.
El legislador sostuvo que el fuero se ha convertido en un escudo de impunidad que protege a políticos y funcionarios de procesos judiciales, incluso en casos donde existen denuncias graves. Su propuesta busca que cualquier autoridad pueda ser investigada y juzgada como cualquier ciudadano, sin privilegios ni excepciones.
Martínez Vargas argumentó que la figura del fuero perdió su sentido original —proteger la libertad de expresión y el trabajo legislativo— para transformarse en una barrera que obstaculiza la rendición de cuentas. “Nadie debe estar por encima de la ley. El fuero no puede ser sinónimo de impunidad”, subrayó.
La iniciativa propone reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado de México, así como disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el objetivo de permitir que los funcionarios puedan ser investigados, procesados y sancionados sin requerir autorización previa del Congreso local.
En el Estado de México, el fuero ha sido una figura que frena la justicia en múltiples casos. Diversos funcionarios y exlegisladores han sido señalados por presuntos actos de corrupción, abuso de poder y enriquecimiento ilícito, sin que las denuncias prosperen debido a la protección constitucional que ostentan. La falta de sanciones ha generado un profundo malestar social y desconfianza ciudadana hacia las instituciones, que perciben el fuero como un instrumento de privilegio más que una garantía democrática.
Con esta acción, el diputado busca abrir un debate en la Legislatura mexiquense sobre la transparencia, el combate a la corrupción y la equidad ante la justicia, en un contexto donde el Estado de México figura entre las entidades con menor número de funcionarios sancionados en proporción a las denuncias presentadas.
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