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Por el equipo editorial | Agencia MANL
Ciudad de México, 14 de enero de 2026.— La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México rechazó un punto de acuerdo presentado por el diputado Ricardo Rubio, del Partido Acción Nacional (PAN), mediante el cual se solicitó a distintas dependencias del gobierno capitalino otorgar certeza jurídica a las familias afectadas por la explosión registrada el pasado 9 de enero en un departamento de la colonia Paseos de Taxqueña.
La propuesta legislativa propuso que las obras de rehabilitación del edificio 21-B, ubicado en Paseos de los Naranjos, se formalizaran mediante instrumento jurídico escrito y estuvieran sujetas a un plazo máximo de un año a partir de la fecha del accidente. El objetivo, según el legislador, era brindar seguridad jurídica a los vecinos que perdieron su propiedad y que actualmente enfrentan un escenario de incertidumbre.
Sin embargo, la mayoría de los diputados de Morena votó en contra de la exhortación, lo que impidió que se tramitara el apoyo institucional para las familias afectadas. La decisión generó críticas del grupo parlamentario del PAN, que acusó falta de sensibilidad y responsabilidad política ante la emergencia.
Desde la tribuna, Ricardo Rubio calificó la negativa como un acto de omisión ante una tragedia social. Señaló que la falta de certeza jurídica agrava el impacto del desastre, ya que las personas afectadas no cuentan con garantías claras sobre la rehabilitación de sus viviendas ni sobre el plazo para recuperar sus bienes.
El diputado recordó que, a ocho años del sismo de 2017, aún hay mil 874 familias en la capital del país que no han podido regresar a sus viviendas por retrasos en los procesos de reconstrucción y regularización legal, situación que -advirtió- podría repetirse en el caso de Paseos de Taxqueña si no se actúa con prontitud.
Rubio también acusó a la mayoría oficialista de priorizar la defensa política del gobierno capitalino por encima de las demandas ciudadanas, al votar en bloque en contra de iniciativas que, dijo, buscan atender problemas específicos derivados de tragedias urbanas.
Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han emitido una postura pública sobre la votación ni sobre los mecanismos legales que se implementarán para garantizar la rehabilitación del edificio afectado. Mientras tanto, decenas de familias siguen esperando una definición clara de su futuro habitacional.
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