Autor
 |
| Imágenes de policías judiciales procesados en 2024 por delito de robo con violencia. |
Por Redacción | Agencia MANL
Estado de México.- Durante los últimos tres años y hasta este inicio de 2026, el Estado de México ha acumulado denuncias reiteradas por presuntos abusos de autoridad, extorsión y detenciones arbitrarias cometidas por policías judiciales y agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), sin que la mayoría de los casos derive en sanciones penales firmes.
Entre 2023 y 2024, organismos de derechos humanos y reportes periodísticos documentaron un incremento en las quejas ciudadanas relacionadas con detenciones sin orden judicial, revisiones irregulares y presiones económicas a personas interceptadas durante supuestas investigaciones. No obstante, la judicialización de estos señalamientos fue mínima, lo que dejó en evidencia una brecha entre las denuncias presentadas y la actuación institucional.
En 2025, algunos casos comenzaron a escalar a procesos internos y judiciales contra agentes y mandos medios; sin embargo, especialistas advirtieron que se trató de acciones aisladas frente a un problema estructural. Ya en enero de 2026, nuevas denuncias volvieron a colocar a la Policía de Investigación bajo escrutinio público, luego de que varios elementos fueran suspendidos tras señalamientos de extorsión y revisiones arbitrarias en vialidades de alta afluencia.
Uno de los casos más recientes fue documentado por un automovilista que grabó el momento en que presuntos agentes ministeriales lo interceptaron sobre la vía José López Portillo, en el tramo Coacalco-Tultitlán, bajo el argumento de verificar que su vehículo “no había sido robado”, sin denuncia previa ni justificación legal. Al percatarse de que estaban siendo grabados, los agentes optaron por retirarse, evidenciando la irregularidad del procedimiento.
Las denuncias no se concentran en un solo punto del territorio mexiquense. Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Nezahualcóyotl, así como Toluca, Metepec, Chalco y Valle de Chalco, figuran entre los municipios más señalados. En estas demarcaciones se repite un patrón: intercepción de automovilistas, amenazas de consignación al Ministerio Público y exigencias económicas que cesan, en muchos casos, cuando interviene una cámara ciudadana.
Lideres de opinión y representantes populares coinciden en que "el panorama hacia 2026 confirma un reto pendiente" : erradicar prácticas que vulneran derechos humanos y restablecer la confianza en las instituciones de justicia, más allá de medidas administrativas temporales.
Gracias por sus comentarios