Denuncian presunta protección a talamontes en el norte del Edomex

* Exigen investigar redes de tala clandestina

Por Redacción | Agencia MANL

Estado de México.- La activista Verónica Islas lanzó un llamado público a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para intervenir ante la presunta operación de grupos dedicados a la tala clandestina en la zona norte del Estado de México.

A través de redes sociales, aseguró que diariamente observa la circulación de más de 20 camiones cargados con troncos de árboles sobre las carreteras de la región. Añadió que comuneros y ejidatarios de Villa del Carbón, Jilotzingo y Chapa de Mota le han señalado que los presuntos talamontes contarían con protección de servidores públicos y utilizarían documentación apócrifa para transportar la madera.

"Están acabando con los bosques. ¡Haz algo, carajo!", expresó la activista en su mensaje dirigido a la mandataria estatal.
Hasta el momento, el Gobierno del Estado de México no ha emitido una postura sobre estos señalamientos y no existe una investigación pública que confirme las acusaciones de presunta complicidad de autoridades, por lo que permanecen como denuncias de carácter público.

La problemática, sin embargo, no es nueva. En mayo de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió actividades de tala ilegal en un predio de Villa del Carbón, donde detectó el derribo sin autorización de 84 encinos, equivalentes a 199.8 metros cúbicos de madera, tras una denuncia ciudadana.

Además, entre el 26 y 30 de junio de 2026, la Profepa realizó un operativo simultáneo contra la tala ilegal en 25 estados del país, con saldo de 28 clausuras, el aseguramiento de 4 mil 268.53 metros cúbicos de madera, 19.05 toneladas de carbón vegetal, nueve vehículos, maquinaria pesada y la presentación de tres personas ante el Ministerio Público. En el Estado de México fueron clausurados seis centros de almacenamiento por irregularidades relacionadas con la procedencia legal de la madera.

Especialistas advierten que la tala clandestina representa una de las principales amenazas para los bosques mexiquenses, al provocar pérdida de biodiversidad, disminuir la captación de agua y favorecer la erosión del suelo.

Las declaraciones de Verónica Islas reavivan el debate sobre la efectividad de los operativos contra este delito y la necesidad de investigar posibles redes de corrupción que permitan el aprovechamiento ilegal de los recursos forestales, en caso de que existan evidencias que así lo acrediten.

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