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* La organización encabezada por Octavio Martínez Vargas prepara un planteamiento ante la Presidencia de la República; argumenta que existen denuncias y actuaciones que no han sido esclarecidas por autoridades mexiquenses.
Por Redacción | Agencia MANL
ECATEPEC, Estado de México.— La Unión de Comerciantes, Productores y Condóminos del Centro de Abasto de Ecatepec prepara una solicitud formal para que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, conozca la serie de denuncias, actuaciones y controversias que, de acuerdo con la organización, han afectado a comerciantes y a su presidente, el diputado local Octavio Martínez Vargas.
Durante una conferencia de prensa realizada el 17 de septiembre, Martínez Vargas informó que el planteamiento también será dirigido a la Fiscalía General de la República (FGR) y otras instancias federales, con el propósito de presentar los antecedentes de los casos y solicitar que sean conocidos dentro del ámbito de competencia de cada autoridad.
Uno de los argumentos que la organización incorporará es que, pese a las denuncias presentadas ante autoridades mexiquenses, algunos asuntos no han quedado esclarecidos y, en uno de ellos, fue necesaria la intervención del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México para que una investigación continuara.
Un Tribunal dejó sin efecto el archivo de una investigación
El antecedente corresponde a una denuncia promovida por Martínez Vargas ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), después de la controversia generada por el aseguramiento de una bodega identificada como NC15, en la zona de la Central de Abasto.
El operativo ocurrió el 19 de mayo de 2025 y derivó en el aseguramiento de 3 mil 344 cajas de productos Tajín, que formaban parte de un cargamento reportado como robado de un tractocamión en la autopista México-Querétaro, en Tepotzotlán. El valor reportado de la mercancía era de aproximadamente 800 mil pesos.
La información difundida entonces vinculó el inmueble con la Central de Abasto. Martínez Vargas rechazó públicamente esa relación y presentó una denuncia para que se investigara la actuación de servidores públicos. El expediente quedó registrado como FGJEM/OIC/INV/306/2025.
El 3 de julio de 2025, la autoridad investigadora determinó concluir y archivar el expediente. Martínez Vargas impugnó esa decisión.
Posteriormente, el Tribunal de Justicia Administrativa dejó sin efectos el acuerdo de conclusión y archivo y ordenó a la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control de la FGJEM emitir un nuevo acuerdo y realizar las diligencias necesarias, oportunas y eficaces para esclarecer los hechos denunciados.
La resolución estableció además un plazo de cinco días hábiles, una vez que la determinación cause ejecutoria, para su cumplimiento.
El fallo no determina responsabilidad administrativa ni sanciona a los servidores públicos señalados; ordena que la investigación continúe y que se realicen las diligencias correspondientes.
Para la organización, este antecedente resulta relevante porque sostiene que sus señalamientos no fueron atendidos de manera satisfactoria en la instancia investigadora inicial y que fue necesario acudir ante un tribunal para obtener una determinación que ordenara continuar con las indagatorias.
Alejandro Sánchez Millán, otro de los casos señalados
La petición federal también incluirá el caso del comerciante Alejandro Sánchez Millán, actualmente sujeto a un proceso penal.
Según lo expuesto por familiares y representantes de la Central de Abasto, Sánchez Millán enfrentó inicialmente una acusación relacionada con el robo de un tractocamión. En agosto pasado, un juez determinó su no vinculación a proceso en esa causa.
Sus familiares sostienen que, después de recuperar su libertad, fue detenido nuevamente por una investigación distinta relacionada con una presunta extorsión contra un vendedor de tamales en Tepexpan, Acolman, por lo que actualmente permanece en el penal de Texcoco.
La organización cuestiona la sucesión de acusaciones y plantea que el caso debe ser revisado y esclarecido. Martínez Vargas ha utilizado este expediente como ejemplo de lo que considera posibles “carpetas fabricadas” contra comerciantes.
Ese señalamiento corresponde a la postura del legislador y de la organización. No existe, con la información incorporada a esta nota, una resolución judicial que haya establecido que las carpetas fueron fabricadas.
Piden saber si existe una actuación contra Martínez Vargas
Martínez Vargas también pidió al fiscal mexiquense, José Luis Cervantes Martínez, explicar si existe alguna consigna o actuación institucional dirigida particularmente contra él.
El diputado señaló que desea que los hechos no tengan motivaciones políticas y relacionó su preocupación con las posiciones críticas que ha expresado respecto de acciones y omisiones de gobiernos municipales, estatales y funcionarios públicos.
La organización sostiene que los casos deben ser revisados mediante las vías jurídicas correspondientes y que las responsabilidades, en su caso, deben determinarse con pruebas y resoluciones de las autoridades competentes.
También cuestionan comunicado del 9 de septiembre
Otro de los puntos que la organización pretende llevar ante las autoridades es un comunicado difundido el pasado 9 de septiembre y atribuido a la Fiscalía mexiquense.
Martínez Vargas anunció que solicitarán formalmente a la FGJEM confirmar si el documento es auténtico, si tiene carácter oficial y si su contenido puede ser atribuido institucionalmente a la dependencia.
El dirigente cuestionó que el documento circulara ampliamente en redes sociales y medios de comunicación y pidió establecer oficialmente su origen y responsabilidad institucional.
La petición llegará a la Presidencia
Con estos antecedentes, la Unión de Comerciantes, Productores y Condóminos del Centro de Abasto de Ecatepec prepara un documento para Claudia Sheinbaum, la FGR y otras instancias federales.
El planteamiento buscará exponer la cadena de denuncias y actuaciones que la organización considera pendientes de esclarecimiento, incluyendo el caso de la bodega NC15, la resolución del Tribunal que ordenó continuar la investigación, la situación jurídica de Alejandro Sánchez Millán y el comunicado del 9 de septiembre.
El objetivo, de acuerdo con Martínez Vargas, es que las autoridades federales conozcan directamente los antecedentes y determinen, dentro de sus respectivas competencias, si corresponde realizar alguna intervención, revisión o seguimiento.
La organización sostiene que continuará utilizando las vías institucionales y jurídicas para solicitar el esclarecimiento de los hechos y defender los derechos de comerciantes, productores y condóminos del Centro de Abasto de Ecatepec.
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