LA CRISIS HIPOTECARIA EN MÉXICO FUE DEFINIDA COMO GRANDES BOMBAS DE TIEMPO, PARA HACER GRANDES NEGOCIOS AL AMPARO DE LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD.

Durante los últimos 18 años, la política hipotecaria de México se basó en la constitución y creación del Banco de Desarrollo, conocido como Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) sus tres últimos directores: Guillermo Babatz Torres (2001-2007) Javier Gavito Mohar (2007-2012) y Jesús Alberto Cano Vélez (2012-2018), aplicaron cuatro criterios que imposibilitaron el éxito de la política hipotecaria y aplicaron: 1. Corrupción, 2. Rescates financieros, 3. Endeudamiento y 4. Creación de fideicomisos.

Estos cuatro criterios han sido la columna vertebral del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción y exhibir el saqueo de la economía nacional durante los gobiernos neoliberales, y el caso específico de 18 años de fracasos en la política de vivienda en México que tuvo un costo de aproximadamente $1 billón 300 mil millones de pesos.

Estamos por cumplir cuatro años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y SHF, durante la presente administración y como director del Banco de Desarrollo Jorge Alberto Mendoza Sánchez, está aplicando las mismas políticas de corrupción e impunidad, al no querer investigar los fraudes generalizados en el otorgamiento de miles de créditos hipotecarios con recursos federales, y principalmente del endeudamiento.

Jorge Alberto Mendoza Sánchez, pertenece al grupo de los 10 hombres más ricos del estado de Nuevo León, y concretamente, a los hermanos: César Manuel Gutiérrez Muguerza, José Manuel Gutiérrez Muguerza e Ignacio Javier Farías Camperos, quienes el actual director de SHF Mendoza Sánchez los ha protegido y las empresas Patrimonio y Tertius son las únicas hipotecarias y administradoras que han sobrevivido a la crisis hipotecarias desde el 2008 y a la debacle de la vivienda en México.

Incluso el pasado 3 de junio 2019 le presentamos al director de SHF Jorge Alberto Mendoza Sánchez un escrito, en donde estando en prisión como preso político y prisionero de conciencia, le denuncié que mi reclusión se debió a la fabricación de cuatro delitos, por denunciar y dar a conocer el Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México.

De este comunicado nunca tuvimos respuesta, no obstante, que cuando obtuve mi libertad después de cuatro años y dos meses el Sub-secretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez, nos ofreció que se le daría una salida al problema hipotecario del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C.

Esta promesa no se cumplió y mucho menos, la invitación que tendría para asistir a la conferencia de la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde denunciaría el Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México y los falsos culpables en las cárceles del Estado de México y el país.

Es importante destacar que los intereses que se opusieron a que asistiera a la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, vino de Sergio Gutiérrez Muguerza, hermano de los dueños de Patrimonio y Tertius. El impedimento se explica porque a toda costa ocultaron a que se diera a conocer el gran fraude que cometieron los gobiernos neoliberales a millones de familias mexicanas a través de SHF.

Es decir, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director de SHF siguió malbaratando la cartera vencida de los créditos hipotecarios, porque es claro que las subastas simuladas, se vendieron al 14% y por la información que recientemente nos envió SHF, los paquetes que se vendieron en subastas a administradoras de créditos y portafolios e inmobiliarias, SOFOLES y SOFOMES, la propia SHF les otorgó créditos a los adquirientes de la cartera que se simuló para la “subasta” como en los casos de Desetec, Amaral y Zendere, entre otros.

El fracaso de los 12 principales fideicomisos representó un rescate financiero que salvó a la oligarquía financiera, y la única que sobrevivió fue Patrimonio, que aprovechando la crisis hipotecaria y que uno de sus principales dueños Ignacio Javier Farías Camperos, las denominó verdaderas bombas de tiempo, para hacer grandes negocios. La primer gran bomba de tiempo, después de la crisis hipotecaria del 2008 fue Tertius, Administradora de Portafolios, que se constituyó el día 12 de octubre del 2010.

Los dueños de Patrimonio y Tertius férreos opositores al triunfo de Andrés Manuel López Obrador, finalmente lograron apoderarse de dos bancos de desarrollo: SHF y Banobras, en donde aparece como director de ambos bancos Jorge Alberto Mendoza Sánchez.

Tenemos todas las pruebas que acreditan el gran acto de corrupción que cometió Jorge Alberto Mendoza Sánchez al vender parte de la cartera vencida de los fideicomisos F/262757 y F/262323, en donde, se le regaló a ZENDERE el 26 de febrero del 2020 miles de créditos al 14% de su valor al capital, es decir, le vendieron cada inmueble entre $50,000 y $70,000 pesos, no obstante, de malbaratar indebidamente la cartera y tomando una actitud racista discriminatoria, no se les ofreció el derecho del tanto a los verdaderos titulares.

El FMDVD tiene en su poder toda la información que nos fue entregada por la propia SHF en donde, se acredita paso a paso cómo se simularon las subastas, vendiendo barata la cartera vencida y regalaron de la panza de FOBAPROA de los fideicomisos F/262757 y F/262323, generando grandes ganancias en miles de millones de pesos para Patrimonio, Tertius, Desetec, Amaral y Zendere en la época de la 4T.

Existe una prueba plena de cómo Jorge Alberto Mendoza Sánchez a petición de la Fiscalía General de la República, en la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/ M-XV/32/2011, habilitó como apoderado legal de SHF a Guillermo Mendoza Villalba,  quien presentó un escrito el 30 de julio del 2019, esta documental pública señala que Gabriela Gurrea Martínez o (Daniella Gurrea Martínez) no ha sido empleada de SHF, sin embargo, nosotros demostramos desde el 2014 por medio de transparencia que Daniella Gurrea Martínez ingresó a SHF el 16 de julio del 2004 y renunció el 1º de enero del 2014 con un sueldo de $105,053 y se desempeñaba como Directora General Adjunta de Operaciones Crediticias de SHF y su nombramiento se lo otorgó Guillermo Enrique Babatz Torres Ex Director de SHF.

Jorge Alberto Mendoza Sánchez y Guillermo Manuel Mendoza Villalba, director y apoderado de SHF, ocultaron a toda costa información que tenían en su poder para que la FGR no investigara a Gabriela o Daniella Gurrea Martínez porque fue la principal operadora del rescate financiero de las SOFOLES-SOFOMEX, y fue la que firmó la creación de los fideicomisos con el poder que le otorgó Javier Gavito Mohar entonces Director de SHF, y así evitar que los fideicomisos y el Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario quedara impune.

Finalmente, por toda esta lucha que hemos dado, en los últimos 13 años y que fue la causa de mi prisión, la persecución de mi familia, de mis compañeros, y la represión, para que mediante el fraude procesal nos quitaran los inmuebles, no obstante que, estaban impedidos porque existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que, los procesos civiles o mercantiles quedarán suspendidos, que cuando previo a una controversia jurisdiccional o dentro de la misma aparezcan conductas ilícitas, no se podrán continuar con los juicios civiles y mercantiles, hasta que no concluya el proceso penal.

La prisión enseñó al FMDVD, que aún en la cárcel, se puede luchar, y así nació cómo se organiza una rebelión desde la cárcel, y descubrimos que las prisiones en México están llenas de falsos culpables por delitos de alto impacto que no cometieron.

Como prisionero de conciencia y expreso político, fui liberado el 20 de enero del 2020 por la Política de Amnistía que estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que tuve el honor de ser el 47 preso político que fue puesto en libertad, y esto como el compromiso 88 que el presidente Andrés López Obrador se comprometió al inicio de su mandato.

Por esto tenemos la autoridad moral para pedirle al presidente de la República y al fiscal general de la República que deben ejercitar la acción penal en la averiguación previa del 2011, así como también, ejercitar la acción penal en contra de los verdugos que me llevaron a prisión como falso culpable, y que también son responsables de que muchos falsos culpables estén en la cárcel del Estado de México.

En este caso la FGR no ha dado respuesta a la denuncia penal que presentamos el 18 de octubre del 2017, y en esta ocasión, presentamos una nueva denuncia penal en contra de los funcionarios de SHF y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no han dado cumplimiento a los cuatro principios que estableció López Obrador en el combate a la corrupción: 1. investigar todo acto de corrupción, 2. no rescatar a ninguna persona física o moral, en este caso, hipotecarias y constructoras, 3. no endeudarse, y 4. no crear fideicomisos para desviar miles de millones de pesos de recursos federales. 

A t e n t a m e n t e  

José Humbertus Pérez Espinoza

Presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C.

Ex Preso de Conciencia y Preso Político

Fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C.

Lamentable el estado en que se encuentra el sistema judicial del Edomex: Ariel Juárez

#Edomex #Ceresos #cuautitlanmexico 

Agencia MANL 

Cuautitlán, Méx.- El diputado Ariel Juárez Rodríguez, presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, tras la libertad por amnistía, de Alejandra Arriaga, esta tarde, a 7 años de estar encarcelada con una sentencia de 45 años, lamentó el actuar del sistema judicial del Estado de México y señaló que es muestra de lo mal que está, pues se comprobó que esta mujer violentada actuó en legítima defensa y cuestionó, así como Alejandra ¿cuántos casos más tenemos de gente que está encarcelada injustamente en los penales de la entidad? 

El también integrante de la Comisión Especial de Amnistía aseguró, quien fuera encarcelada desde 2015, en el penal de Santiaguito, al ampararse en la amnistía, ahora que se reintegra a su seno familiar, es injusto, porque no hay un esquema de reinserción social, a lo largo del proceso de libertad por amnistía y comprobar su legítima defensa, no debería de tener antecedentes penales, porque será una traba más para conseguir empleo y de qué va a vivir.

Reiteró, cuántas personas están encarceladas por los vicios de procedimientos en las carpetas de investigación, de inicio tiene que ver la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México y, en segundo término, todo el esquema del proceso que deben llevar los presuntos culpables, dentro de ellos, la forma en que los jueces van aletargando las cosas, 7 años de su vida se la pasó encerrada para demostrar que era inocente y que actuó en legítima defensa ante la violencia intrafamiliar por más de 14 años.

Indicó, gran parte de esto, tiene que ver con la reforma que se está planteando desde el Poder Judicial, y mi propuesta ante el Magistrado presidente, Ricardo Sodi, que la Defensoría Pública deje de ser una instancia del gobierno estatal, y que pase a formar parte de este, porque habrá forma de poder llevar con más prontitud estos casos en los que la gente no cuenta con los recursos para pagar un abogado y acude a los abogados de oficio.

Es importante, agregó Ariel Juárez, que se le dé más celeridad a la comisión legislativa, para que se puedan apoyar a los presuntos culpables, en función de las propuestas que se hagan, incluso han planteado que se pueda integrar a la misma en las mesas de trabajo que se llevan en el Poder Judicial, para que desde ahí se puedan llevar los planteamientos de amnistía.

Enfatizó, que este caso obtención de la libertad por amnistía, habla del esquema judicial que tenemos tan mal, sobre todo en la fabricación de carpetas, o los malos procedimientos en la integración de la misma. Por ello, propuso que sean incluidos en las mesas de trabajo en el Poder Judicial y darle mayor celeridad.

En su oportunidad el fundador de PIDH, señaló que el presidente de la Comisión Especial de Amnistía, Sergio García ha bloqueado los trabajos de la misma, pero agradeció y reconoció el trabajo del Grupo Parlamentario de Morena, encabezado por el diputado Maurilio Hernández, quienes hicieron posible la Ley de Amnistía, que ha comenzado a generar una conciencia de libertades, no va a ser tan fácil, pero esperan que salgan los falsos culpables por delitos de alto impacto, ya propusieron las reformas a la Ley de Amnistía.

De acuerdo a Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, la libertad por amnistía de Alejandra, se logró, luego que permaneció desde el 2015 en prisión, al ser una mujer violentada, en situación de vulnerabilidad y discriminación, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).

El fundador de PIDH, José Humbertus Pérez Espinoza, indicó que se presentaron las bases, argumentación jurídica y los fundamentos convencionales para obtener la libertad de Alejandra Arriaga, quien vivió constantes agresiones por la violencia intrafamiliar, quien fuera su esposo, exmilitar retirado, la agredía por celos, la humillaba, la ofendía, la golpeaba y violentaba físicamente, sexual y psicológicamente. Y a quien esta tarde la recibieron sus familiares al exterior del penal.

Hay que evitar la coacción del voto a PPL sin sentencia cuando voten en elecciones del 2023: José Humbertus Pérez Espinoza

  El Presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario advierte que se presta para muchas situaciones complejas, viciadas, pues quien controla los penales es el gobierno estatal

#Edomex #Toluca #SSP #Ceresos #Elecciones2023

Agencia MANL

Toluca, Méx-  José Humbertus Pérez, fundador de  la asociación Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C., comentó que la medida  de que voten los PPL  en las próximas elecciones es correcta y es un verdadero logro para los internos, quienes tendrían la posibilidad de elegir, pero indicó, se tiene que ser muy cuidadoso en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, tendría que dar mayores garantías.

Puntualizó, a pesar de que las personas privadas de su libertad, estén acusadas de algún delito, es una persona en vulnerabilidad y la Fiscalía Electoral tendría la obligación de establecer mayores mecanismos de cuidado, para denunciar cualquier situación de compra de votos y de coacción, sería muy evidente la manipulación, pero también sería muy posible. A la vez que refirió que también podría ser un voto contra el sistema, contra quien gobierna.

Por su parte, el presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, Ariel Juárez Rodríguez, aseguró que el anuncio del secretario de Seguridad del Estado de México de que las Personas Privadas de la Libertad (PPL) sin sentencia podrán votar en los comicios electorales del 2023, es un asunto meramente electorero y lamentable la propuesta por parte del encargado de la seguridad de los mexiquenses, porque se presta para muchas situaciones complejas, viciadas, pues quien controla el Sistema Penitenciario es el gobierno estatal, además el Congreso local no puede ser excluido de esta discusión.

El diputado de Morena, advirtió que este tema se presta para que puedan manipular el contexto, votar por quien les indiquen a cambio de ciertas consideraciones con los privados de su libertad, por ello lo calificó como un asunto meramente electorero y si el Secretario de Seguridad está preocupado por velar por los derechos de los no sentenciados, mejor debería estar preocupado y ocupado con lo que pasa en los penales, las zonas de tortura, fabricación de culpables, el cobro al interior del penal, el saqueo de dinero que hacen a los familiares, ante un sistema estatal corrupto, no puede hacer declaraciones ambiguas, disparates u ocurrencias. 

El legislador reiteró los riesgos de manipular este tema, porque el Sistema Penal lo controla el gobierno del estado y, además, enfatizó, cuál es la diferencia entre un no sentenciado y sentenciado, ambos permanecen en el reclusorio, uno no sabe cuántos años permanecerá y el otro sí, pero ambos están privados de su libertad y pierden sus derechos político-electorales, tiene que ser parejo. “Tenemos que pugnar porque sea parejo para todos, porque se tiene que dar, la opinión del INE y del Secretario de Seguridad, es algo que tiene que trabajarse y legislarse para evitar ambigüedades”. 

Luego que el Secretario de Seguridad estatal, Rodrigo Martínez Celis, informara que las PPL sin sentencia podrán participar en los próximos comicios electorales para elegir Gobernador o Gobernadora en 2023, y que solo hace falta que el Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Estado de México den a conocer el protocolo para este ejercicio, el diputado de Morena, enfatizó que el Congreso local no puede ser excluido de esa discusión, porque es una parte importante de los tres poderes.

Aseguró que la misma Comisión del Sistema Penitenciario, podría trabajar en el tema, pero se debe conocer cuál es el alcance, aunque en otras 6 entidades ya se impulsó esta práctica, habría que esperar cual es el análisis del INE y en función de que se haría el planteamiento, de que sea la propuesta viable o no, cuando estamos a un paso de la contienda electoral del 2023.

Precisamente por eso, indicó Ariel Juárez estamos trabajando en una propuesta para que la comisión no sea de oropel, que no sea meramente de recomendaciones, que pueda tener facultades para ver expedientes en aquellos casos que se presume que hay fabricación de culpables.

El diputado, aseveró que la comisión que preside debería tener facultades, para que a petición de la comisión una vez que revise los casos a nivel estatal, pueda solicitar la apertura de las carpetas de investigación y actuar de una forma parcial, apegado a derecho. Porque hay sentenciados que ya no tienen oportunidad de ser absueltos, o por un mal procedimiento del abogado, o cuando se quieren recuperar por el tema de la sentencia ya no pueden.

Magistrado de "cuota' no puede ser nombrado Fiscal: PIDH

* José Luis Cervantes Martínez, fue impuesto para ser Magistrado en 2016

Agencia MANL

Toluca, Méx.- Un Magistrado de "cuota", José Luis Cervantes Martínez, no puede ser nombrado Fiscal en el Estado de México, "por la cuota de los Partidos: PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y la chiquillada parlamentaria", advirtió, José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de Presuncion de Inocencia y Derechos,Humanos (PIDH).

PIDH presento el documento con fecha 07 de junio de 2016 con número de oficio 00003557, en donde,  el ex presidente del Poder Judicial del Estado de México “Magistrado” Sergio Javier Medina Peñaloza, le envía a la Diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (diputada por Ecatepec) Presidenta de la Diputación Permanente de la H. LIX Legislatura del Estado de México

En el citado oficio, refiere,  se acredita cómo se impone por cuota al Magistrado José Luis Cervantes Martínez, Medina Peñaloza ordenando a la diputada Brenda María Álvaro, que en el número 1 de las “imposiciones” no propuesta, se imponga por cuota a Cervantes Martínez como Magistrado de Poder Judicial del Estado de México.

Le pedimos a los diputados que respeten la división de poderes y dignifiquen su papel, no vamos permitir los familiares de falsos culpables, que burócratas de la procuración y administración de justicia, como el caso concreto del Magistrado José Luis Cervantes Martínez, se imponga por segunda ocasión y lo “nombren” Fiscal General de Justicia del Estado de México.

El ex prisionero de conciencia, recordó la ya conocida frase del ex presidente de la República, José López Portillo: “Es el orgullo de mi nepotismo”.

No se puede apoyar, destacó, “el Orgullo del nepotismo priista del Estado de México”, por el linaje familiar del Magistrado José Luis Cervantes Martínez, su padre Enrique Cervantes Aguirre, Secretario de la Defensa con el expresidente Ernesto Zedillo Ponde de León, (los asesinatos de Acteal), de sus lazos familiares con los peñistas Raúl Cervantes (ex Procurador General de la República que tapó la gran corrupción de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto).

Asimismo, Humberto Castillejos Cervantes (ex Consejero jurídico de Peña Nieto, complice en el asesinato de Enrique Salinas de Gortari y cuñado de Luis Cárdenas Palomino, el hombre fuerte de Genaro García Luna en la industria del secuestro desde el poder público y Alfredo Castillo Cervantes, (ex Procurador de Justicia del Estado de Mexicano, Comisionado para la Seguridad de Michoacán, personaje que se vinculó con Servando Gómez Martínez, alias  “La Tuta”. 

Los diputados del Estado de México de la mayoría del PRI, PAN y PRD, están acostumbrados a ponerse de rodillas ante otros poderes, los tiempos cambiaron, e incluso el litigante adelantó que dará a conocer más adelante los nombres de los diputados "serviles" al gobierno de Eruviel Ávila Villegas. 

De tal forma, sentenció que,   los familiares de los falsos culpables por delitos de alto impacto se opondrán a la imposición del Fiscal de Justicia del Estado de México, como en el casó del Magistrado José Luis Cervantes Martínez.

NOTA RELACIONADA 

PJEM pretende imponer a Luís Cervantes Martínez, a la fiscalía mexiquense (agenciamanl.blogspot.com)

PDIH y FMDVD se manifiestan frente al PJEM

*Denuncian frente al PJEM a  jueces

Agencia MANL

Toluca, Méx.- José Humbertús Pérez Espinoza, fundador e integrantes del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C. (FMDVD) y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), se manifestaron frente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) para exigir que no se siga protegiendo a los jueces, David Velázquez Vargas y Jorge Flores García, quienes realizan fraude procesal para el despojo de viviendas e invasión de terrenos en el municipio de Tecámac, incluso para el AIFA.

El ex prisionero de conciencia, junto con integrantes del FMDVD y PIDH caminaron desde la Plaza González Arratia, en el Centro de la Ciudad de Toluca, hacia el edificio del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), y ahí recordó que ya antes pidió a Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, titular del Poder Judicial, que se detengan los desalojos ilegales y despojos de tierras por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Pero desafortunadamente no ha sido así, porque los jueces David Velázquez Vargas y Jorge Flores García, adscritos en el juzgado civil de Ecatepec, con sede en el municipio de Tecámac, mediante un proceso ilegal despojan de sus viviendas a decenas de familias mediante un embargo que realizan "judiciales", para amedrentar a las personas para que desalojen, y la cartera vencida y las casas las adquiere una "red delincuencial" que opera en Tecámac.

Frente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) se exigió que "nos los siga protegiendo", pues ambos actúan en perjuicio de decenas de familias mediante fraudes procesales

"David Velázquez Vargas debe dar una explicación por apoyar a esos grupos que se han quedado con esos inmuebles Cuando denunciamos cómo se nos quitan las casas, mediantes actividades delictivas", dijo el abogado penalista.

Se denuncia el fraude procesal, detalló, pero el ministerio público no quiere iniciar el proceso pese a tener datos para obsequiar las órdenes de aprehensión a David Velázquez Vargas y Jorge Flores García, a representantes de inmobiliarias y al grupo delincuencial que se beneficia por estos despojos, y no las expiden y los mantienen en la impunidad.

Pidieron la destitución de los dos jueces y que el Consejo de la Judicatura "no los siga protegiendo", y se investigue a Velazquez Vargas, por la trágica muerte de dos mujeres en Tecámac en 2015,que eran integrantes de este mismo grupo de delincuentes que opera en el municipio de Tecámac.

Primera marcha nacional en defensa de los falsos culpables

* PIDH presentan iniciativas de reforma a la Ley de Amnistía 

Agencia MANL 

Ciudad de México.- Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) encabezó la Primera Marcha Nacional al Senado de la República para presentar dos iniciativas de reforma a la Ley de Amnistía enfocadas en la libertad de las personas por delitos de alto impacto que no cometieron y son inocentes, como parte de la rebelión de los falsos culpables.

Concentrados en el Ángel de la Independencia los familiares de los falsos culpables e integrantes de PIDH de distintos estados del país caminaron con pancartas y mantas por Paseo de la Reforma hacia el Senado de la República. 

En su intervención, el fundador de PIDH, José Humbertus Pérez Espinoza, expresó: "Queremos decirles que este movimiento social nació en cada una de las prisiones mexicanas, en donde están privadas de su libertad miles del falsos culpables por delitos de alto impacto mujeres y hombres, que son inocentes, que no cometieron conductas contrarias a la sociedad y que han destruido a miles de familias mexicanas".

Los falsos culpables, enfatizó,  son personas privadas de la libertad que el Estado mexicano los lleva a prisión, utilizando todos los medios coercitivos como policías, ministerios públicos, jueces, magistrados y la parte más dura de la coerción es la cárcel, son detenidos arbitrariamente, en donde primeramente, los policías aprehensores los extorsionan, el ministerio público les confecciona los delitos que mejor les parece, por su apariencia, condición económica y social.

Detalló que estando en prisión les fabrican más conductas delictivas y les otorgan largas sentencias por delitos de los llamados de alto impacto que no cometieron y son parte de la fallida lucha contra la criminalidad, los diseñadores de esta política para criminalizar a la sociedad es una élite que esta vinculada y forma parte del crimen organizado del poder político y público de México.

Los falsos culpables y sus familiares han emprendido una larga lucha organizada, que nació en el penal de Chiconautla ubicado en el municipio de Ecatepec Estado de México, que para llegar a esta primera marcha nacional se ha tenido que luchar y superar muchos obstáculos, el principal las divisiones, la persecución de las autoridades penitenciarias a los familiares que iniciaron esta lucha, el homicidio, los traslados a otros penales de los internos que sus familiares forman parte de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C. (PIDH).

"PIDH quiere decirles que lo principal de esta lucha son las personas que están privadas de la libertad en las cárceles mexicanas", dijo.

Asimismo, que su exitosa lucha está en que no pertenecemos a ningún partido político, ni tampoco nos autodenominados defensores de los derechos humanos, ni viajamos por el mundo para tener los títulos nobiliarios de activistas, nuestro activismo nació desde la prisión, en la dura prisión.

El litigante puntualizó que la rebelión de los falsos culpables se ha concentrado en la libertad de las personas por delitos de alto impacto que no cometieron y son inocentes de: homicidio calificado, secuestro, violación, feminicidio, delincuencia organizada, trata de personas, extorsión, robos con violencia por utilizar armas y explosivos.

Pérez Espinoza, comentó: "PIDH los invita para que continuemos la defensa de los falsos culpables en todo el país, somos los familiares que integran este gran movimiento y los autores de la Ley de Amnistía del Estado de México, en donde en sus artículos 16, 17, y 18 se incluyó la exposición de motivos".

Respecto a lo anterior, refirió, señalamos la existencia de los falsos culpables por delitos de alto impacto y que los delitos son fabricados, para no juzgar a los verdaderos responsables de cometer las conductas antisociales.

Destacó que PIDH ha presentado 765 Solicitudes de Amnistía por delitos de alto impacto en la Legislatura del Estado de México y que representan el 78% de todas las solicitudes que ingresaron a este órgano legislativo desde el 8 de abril al 3 de septiembre de 2021.

"Nuestra organización dice la verdad jurídica, no engañamos a nadie y en todo el país vamos a avanzar si logramos reformar la Ley de Amnistía para delitos federales y el Código Nacional de Procedimientos Penales, las reformas a estos marcos normativos abrirán las puertas de las cárceles para que obtengan su libertad miles de falsos culpables", aseguró el también ex prisionero de conciencia.

Puntualizó que tras la marcha nacional PIDH presentó dos iniciativas al Senado de la República con proyectos de Decreto para reformar la Ley de Amnistía para delitos federales e incluyan los delitos de alto impacto como: homicidio calificado, secuestro, violación, feminicidio, delincuencia organizada, trata de personas, extorsión, robos con violencia por utilizar armas y explosivos.

Menciona que en el caso de la Ley de Amnistía concretamente "presentamos" que se adicionen los artículos 9, 10, y 11 que señalan lo siguiente: 

Artículo 9. La LXV Legislatura del Senado de la República con base en su normatividad, integrará una Comisión Especial en Materia de Amnistía, con el fin de dar seguimiento a lo ordenado en esta ley, así como para conocer de aquellos casos que por su relevancia son puestos a su consideración por medio de las personas y organismos defensores de derechos humanos, por encuadrar en supuestos de violación de derechos o fallas en la aplicación de alguno de los principios penales del sistema acusatorio, o la plena presunción de fabricación de delitos. 

La Comisión Ordinaria integrará a un grupo de expertos de México y de otros países, en donde el Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha sido exitoso, quienes analizarán de manera minuciosas cada una de las solicitudes presentadas y resolverán a que organismos turnarán las peticiones para solicitar la Opinión Consultiva. 

El grupo de expertos analizarán de los casos por su relevancia, principalmente que investiguen la etapa de investigación inicial y de investigación judicializada, para concluir si las conductas delictivas se cometieron o no por las personas que están procesados o sentenciados por delitos de alto impacto.

Artículo 10. La Comisión al conocer de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, solicitará la opinión consultiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de República, del Poder Judicial de la Federación y del Ejecutivo Federal a través de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Población, así como de Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente registradas, cuyo objeto sea la protección y defensa de derechos humanos, quienes deberán emitir la opinión en un plazo razonable. 

En atención a las facultades señaladas en el párrafo anterior, tratándose de solicitudes de amnistía, la recepción de la solicitud por parte de la Comisión no implica el otorgamiento de la misma.

Artículo 11. La determinación que resulte del análisis de cada caso, será turnada a la autoridad judicial o procuradora de justicia a efecto de que atienda la recomendación legislativa de libertad por amnistía de casos que por su relevancia haya conocido y se cumplan uno más supuestos los del artículo 16 de la citada ley. También se hará́ del conocimiento del Titular del Ejecutivo para que, en ejercicio de sus atribuciones, determine lo conducente. 

En este mismo sentido presentamos la Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar los artículos 491, 492 y 493 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 491. Se constituyen los Proyectos de Inocencia y que se instalarán en las universidades públicas o privadas de las entidades federativas, para que realicen el análisis y funcionamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Los Proyectos de Inocencia se le asignaran recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para su funcionamiento, y duraran hasta que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio cuente con operadores de justicia.

Artículo 492. Los Proyectos de Inocencia serán órganos especializados que revisaran la integridad de las condenas dictadas por los órganos jurisdiccionales del fuero común y federal, en el periodo que lleva el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

La revisión integral consistirá en base a los argumentos y las pruebas que ofrecieron las fiscalías durante el proceso penal y que sirvieron dictar las sentencias o medios de defensa del fuero común o federales.   

Artículo 493. Los Proyectos de Inocencia instalados en las universidades recibirán las solicitudes de revisión de casos, por parte de las personas privadas de la libertad que aleguen haber sido objeto de injusticias, afecto de determinar si dichas peticiones tienen algún merito o no.

Señaló que el propósito es establecer si se cometieron o no errores en la investigación del delito, por lo que se les consideró responsable y de ser el caso solicitar a la autoridad respectiva que se proceda a exonerar al sentenciado.

En este punto el Senado de la República, indicó,  no cumplió con la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, en donde se reformó el artículo 76 fracción XI, otorgándole la facultad exclusiva de aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y desde esa fecha hasta el día de hoy que presentamos esta Iniciativa Ciudadana, la Estrategia Nacional de Seguridad se ha convertido en la fabricación de delitos en contra de miles de ciudadanos mexicanos que son inocentes, lo más graves son sentenciados por delitos de alto impacto que no cometieron.

Pérez Espinoza, recordó que la Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008 para instalar y consolidar el SJPA no se cumplió y así mismo no se cumplieron las obligaciones legislativas que se les impusieron a las legislaturas de los Estados y el resultado es que en todo el país miles de personas privadas de la libertad son procesadas y sentenciadas siendo inocentes, por delitos que no cometieron.

Explicó que les atribuyen principalmente los delitos llamados de alto impacto como: (homicidio calificado, secuestro, violación, extorsión, delincuencia organizada, trata de personas, feminicidios y los diversos delitos cometido por medios violentos con armas, principalmente robos con la modificativa de violencia).

En seis años de defender los Derechos Humanos PIDH ha logrado 310 liberaciones por Amnistía

* Cuatro liberados por delitos de alto impacto

Agencia MANL

Toluca, Méx.-  A seis años de haberse creado Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH),  promovente de la Ley de Amnistía, ha logrado  310 libertades y cuatro de ellas por delitos de alto impacto, parad inocentes, procesados y sentenciados por delitos que no cometieron, en  Estado de México, exoresó su fundador en conferencia de prensa, el licenciado, José Humbertus Pérez Espinoza.

Cabe recordar que el 21 de enero de 2016, el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C., y un grupo de familiares de internos del Penal de Chiconautla, marcharían de las oficinas centrales del INFONAVIT hasta la Nunciatura Apostólica del Vaticano, para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra del activista José Humbertus Pérez Espinoza y a cientos de miles de internos en el Penal de Chiconautla.

Tras dicha movilización se gestó el movimiento de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C., en esa fecha se entregó a Cristophe Pierre Nuncio Apostólico del Vaticano en México, la invitación para que el Papa Francisco visitara el Penal de Chiconautla y atestiguaran las condiciones donde miles de falsos culpables se les violaron sus derechos humanos por ser detenidos arbitrariamente y llevados a prisión, para fabricarles delitos de alto impacto que no cometieron, los manifestantes fueron recibidos por monseñor Ramón Macías, quien señalaría que el Santo Padre en su visita a México asumiría una posición realista y critica de la situación que vivimos los mexicanos.

En ese sentido, José Humbertus Pérez Espinoza, destacó que "la ruta de la Amnistía tuvo manifestaciones diversas y nos organizamos" para iniciar una rebelión en los penales del Estado de México, en ese mismo año, pero el 24 de noviembre del 2016 por primera vez en la historia de la lucha de los internos de un penal en el país, se ganó un “Amparo Colectivo por el delito de tortura, de tratos crueles e inhumanos”.

Recordó que PIDH promovió un Amparo Indirecto 1595/2016-III, otorgado por el Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de México con sede en Naucalpan Lic. Agustín Gaspar Buenrostro Massieu, y que se otorgó para 384 internos, de los cuales 66 mujeres habían sido brutalmente torturadas y llevadas a prisión por delitos de alto impacto.

Humbertus Pérez Espinoza, asegura que Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C. (PIDH), no solo ganó este Amparo Colectivo en contra de la tortura, también se logró obtener el Amparo para que 212 personas obtuvieran su libertad por ser candidatos a la colocación de localizadores electrónicos, mejor conocidos como brazaletes, el juicio de Amparo 1337/2017-IV-B, fue otorgado el 28 de noviembre de 2017 por el Juez Segundo de Distrito del Estado de México.

El segundo Amparo Colectivo, ambos ganados en menos de un año, por primera vez cientos de internos y familiares conocieron lo que serían los tan anhelados brazaletes, que más del 80% de las 212 personas beneficiadas por el localizador electrónico se declararon confesas, y no obstante después de que se les había otorgado el beneficio, llevaban 2 y hasta 4 años esperando la colocación de este.

El pasado 5 de junio 2020, recordó, presentamos ante el Dr. Ricardo Sodi Cuellar presidente del Poder Judicial del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, la primera acción colectiva para que obtuvieran los beneficios de la libertad anticipada y de la libertad condicionada de diversos penales del Estado de México, por los beneficios que les otorga la Ley Nacional de Ejecución Penal, el día 3 de abril se instaló la primera mesa de trabajo de para dar 13 libertades; es bajo esta figura, en el cual han obtenido su libertad 75 personas, en donde PIDH demostró el fracaso del Sistema de Ejecución de Penas, porque los Jueces de Ejecución y el Sistema Penitenciario del Estado de México no quieren otorgar estos beneficios que alcanzan el 40% de la población, de los aproximadamente 33 mil internos con los que cuentan las cárceles del Estado de México. Hasta el 27 de enero del 2022 PIDH obtuvo otras 75 libertades.

De la Ley de Amnistía del Estado de México, indicó, se obtuvieron las libertades por el delito de robo con violencia, sin haber utilizado arma de fuego de 20 internos, quienes manifestaron en cada una de sus salidas a través de videos que fueron circulados por las redes sociales de PIDH, como 20 libertades más.. 

Finalmente PIDH también obtuvo las primeras cuatro libertades por Amnistía de delitos de alto impacto, dictándoles sentencias absolutorias a: Jonathan Yair Herrejon Jiménez, expediente 1586/2020 por delito de robo con violencia por haber utilizado arma de fuego, Solicitud  Amnistía 0570, ingresada a la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LX Legislatura el 6 de julio de 2021; Víctor Abrahán Centeno Hernández, por el delito de homicidio calificado, expediente 93/2020, Solicitud Amnistía 0614 y que fue ingresada al Comisión en Materia de Amnistía de la LX Legislatura el día 27 de agosto de 2021; Guillermo Eulloqui Cervantes y Alejandro Romo Murillo, expediente 714/2018, delito tentativa de homicidio, Solicitud de Amnistía 0146, e ingresada a la Comisión en Materia de Amnistía de la LX Legislatura el día 6 de julio del 2021; e Irvin Azuceno1 Gutiérrez y Kevin Azuceno Gutiérrez, expediente 372/2020, delito robo de vehículo con violencia y utilizar arma de fuego, Solicitud de Amnistía 0663, e  ingresada a la Comisión en Materia de Amnistía de la LX Legislatura el día 3 de septiembre de 2021.