jueves, 31 de octubre de 2024

Estado de México avala reforma constitucional: Morena defiende la supremacía y limita controversias



 Agencia MANL


El Congreso del Estado de México aprobó la reforma enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, limitando la posibilidad de que reformas constitucionales sean impugnadas mediante amparos o controversias constitucionales. Esta modificación eleva a rango constitucional lo que desde 2013 ya establecía la Ley de Amparo, reforzando la supremacía de la Constitución sobre las leyes locales y garantizando que las reformas constitucionales no puedan ser suspendidas por acciones de inconstitucionalidad.

Durante la discusión en el Congreso estatal, el diputado de Morena por el distrito 6, Octavio Martínez Vargas, asumió una postura combativa y crítica en defensa de la reforma, cuestionando las críticas recibidas y exponiendo que la medida responde a una visión histórica y legal que ha regido en México desde 1917. Martínez Vargas enfatizó que no existen argumentos válidos en contra de esta reforma, sino "deseos de preservar el estatus quo y de bloquear los avances democráticos y legislativos", rechazando las críticas provenientes de la oposición como una "verborrea falsa" e instando a los opositores a que revisen la memoria histórica y los antecedentes legislativos.

En un tono de clara confrontación, Martínez Vargas acusó a quienes critican la reforma de ignorancia e imprecisión. Al referirse a las declaraciones de la oposición que afirman que esta reforma limita las facultades de la Suprema Corte, el legislador de Morena afirmó tajantemente: “Es ignorancia afirmar que la Corte no podrá intervenir en temas constitucionales; esta reforma solo protege las modificaciones constitucionales ya aprobadas bajo un proceso legítimo, conforme a nuestra Carta Magna.” Explicó que el artículo 133 de la Constitución de 1917 consagra la supremacía constitucional, por lo que las entidades federativas no tienen la facultad de contravenir esta base, lo cual ya estaba estipulado desde el primer semestre de formación en derecho.


Martínez Vargas también hizo un llamado a la precisión en la interpretación de las leyes, criticando a quienes, según él, han distorsionado el objetivo de la reforma: “Es impreciso afirmar que esta reforma anula la posibilidad de contravenir cualquier aspecto de la Constitución; no afecta a toda la Carta Magna, sino solo a los artículos reformados y adicionados conforme a la legislación federal.” Defendió que la inclusión del párrafo quinto en el artículo 105 de la Constitución únicamente blinda las modificaciones, impidiendo que sean impugnadas mediante amparos, asegurando así que el proceso legislativo no sea obstaculizado por quienes, en sus palabras, “pretenden manipular el sistema de justicia para preservar privilegios."



Martínez Vargas defendió la reforma al argumentar que ya en 2013, en la Ley de Amparo, se estableció esta limitación para proteger los cambios estructurales en áreas estratégicas como la energética. Planteó que la medida actual simplemente extiende esta protección, dándole un carácter constitucional. En este sentido, cuestionó a los críticos de la reforma al preguntar: “¿Qué diferencia hay entre la Ley de Amparo y la Constitución General en este aspecto? Si lo habían plasmado en 2013, ¿por qué ahora les incomoda? No nos vengamos a engañar,” sentenció, recordando que estos lineamientos ya estaban en la Ley de Amparo y no representan una novedad sino una formalización de los mismos.




El legislador de Morena reiteró la necesidad de democratizar el Poder Judicial, impulsando la elección ciudadana de jueces, ministros y magistrados. Invitó a los ciudadanos a participar en esta elección, programada para el primer domingo de junio, como una "cita histórica con la democracia." Recordó que ocho ministros de la Suprema Corte ya han renunciado en favor de esta renovación, señalando un cambio estructural que, según él, beneficiará al Estado de México y a toda la República.

La bancada de Morena votó unánimemente a favor de la reforma y se comprometió a hacer realidad esta transformación en la estructura judicial y constitucional del país, asegurando que la modificación responde a una necesidad histórica de adaptarse a las exigencias democráticas y de fortalecer la institucionalidad mexicana.




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