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* Renuncias en áreas claves (Seguridad, Finanzas, Agua) y cifras sociales mantienen viva la percepción de que los resultados no llegan a los ciudadanos.
Por el equipo editorial | Agencia MANL
Toluca, Estado de México — A dos años de su toma de protesta, la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha visto cambios en su gabinete, anunciados avances en materia de inversión y programas sociales, pero también una creciente percepción de promesas incumplidas y decisiones tardías en áreas estratégicas.
En los últimos 18 meses, tres de los secretarios más seguidos por la ciudadanía han reportado salidas: Andrés Andrade dejó la Secretaría de Seguridad en junio de 2024; Paulina Moreno dejó la Secretaría de Hacienda a finales de 2024; y Pedro Moctezuma presentó su renuncia al frente de la Secretaría del Agua en marzo de 2025. Las salidas han generado reorganizaciones y la promesa del gobierno de "evaluaciones al gabinete".
Los indicadores sociales confirman desafíos concretos: las mediciones oficiales del INEGI y los informes estatales muestran que millones de mexicanos siguen viviendo en pobreza y con carencias sociales; el propio gobierno estatal ha reconocido la magnitud de los desafíos en su Plan de Desarrollo 2023-2029. En materia de seguridad, si bien los informes nacionales han mostrado una reducción en el promedio diario de homicidios en el último año, el Estado de México mantiene una incidencia delictiva que requiere medidas sostenidas y resultados contundentes.
Otro elemento que alimenta las críticas ciudadanas es la persistente referencia al Grupo Atlacomulco, la histórica red política asociada al PRI en la entidad. Si bien la existencia del grupo forma parte de la memoria política regional y su influencia histórica es indiscutible, la hipótesis de que «Atlacomulco gobierna hoy» requiere evidencia documental sobre decisiones, nombramientos concertados y contratos públicos. Lo que sí se puede verificar en fuentes públicas es la presencia de realineamientos y figuras políticas con trayectorias en administraciones anteriores, lo que alimenta la percepción de continuidad.
Además de las renuncias, la Fiscalía estatal ha documentado detenciones de jefes de policías municipales por presuntos vínculos con organizaciones criminales, hecho que pone de relieve problemas de control interno y la necesidad de profesionalizar la seguridad local.
Por lo anterior, la administración presume avances comunicados en inversión y programas sociales, pero los datos sociales y los cambios en áreas clave dejan un balance mixto al cabo de dos años: esfuerzos que deben consolidarse en resultados tangibles para la ciudadanía, y una agenda de transparencia y rendición de cuentas que sigue pendiente si queremos disipar la percepción de que las viejas estructuras políticas siguen influyendo en las decisiones públicas.
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