Agencia MANL
Toluca, Méx.- El diputado Max Correa Hernández planteó en la primera reunión de comisiones legislativas para discutir las iniciativas de Ley de Amnistía del Estado de México, realizar un parlamento abierto en agosto, con sesiones virtuales, que incluya a víctimas, colectivos, al Poder Judicial, Fiscalía General, colegio de abogados, organismos de derechos humanos estatales e internacionales.
El legislador recordó que la propuesta impulsada por la bancada de Morena, establece que los reclusos que se encuentren bajo alguno de los 14 supuestos, pueden solicitarla al Poder Legislativo, de mutuo propio, con el apoyo de abogados, parientes hasta el quinto grado, u organismos locales, estatales o internacionales de defensa de los derechos humanos.
A diferencia de la Ley federal, donde es la Secretaría de Gobernación la que evalúa los casos de presos federales, en la Ley Estatal, sería el Congreso, a través de una Comisión Especial, la instancia que daría seguimiento a casos especiales.
“Se trata de un instrumento que va a lograr la reconciliación de la sociedad mexiquense con sus instituciones de impartición de justicia, que puede ayudar a construir paz en nuestro estado y permitirá despoblar las cárceles de la entidad y atender recomendaciones de organismos de derechos humanos”, sostuvo Correa.
En atención a las exigencias de la sociedad civil, Correa Hernández propuso realizar un Parlamento Abierto, utilizando las tecnologías de la información, mediante al menos tres sesiones virtuales en agosto.
Los foros virtuales incluirían además de legisladores de todos los grupos parlamentarios, la participación del activista José Humbertus Pérez y autor de la iniciativa ciudadana, al Poder Judicial, a la Fiscalía estatal, a Codhem, al Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Colegio de Abogaos, colectivos como Zeferino Ladrillero y Haz Valer mi Libertad, así como a las organizaciones que defienden la vida y la familia.
Durante la reunión de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, y la de Derechos Humanos, la diputada Mariana Uribe, una de las impulsoras de la iniciativa morenista, señaló que el actual sistema de justicia penal ha dejado miles de casos de violaciones a derechos humanos, al debido proceso y a la libertad de las personas, cuyos afectados son en su mayoría personas pobres y en situación vulnerable.
Precisó que en el Estado de México, por lo menos 100 mujeres han sido encarceladas por haber abortado, desde 2018 a la fecha, y tan solo 19 han sido detenidas entre enero y febrero de este año. Y a nivel nacional son 4 mil prisioneras por este delito, pese a que organizaciones como ProVida y el Frente Nacional por la Familia afirme que no hay mujeres detenidas por esta causa.
La diputada Alilcia Mercado recordó que durante años pasaron desapercibidas las personas que están presas por su condición vulnerable, debido a diversas limitaciones, a su edad, a la condición social, y a la falta de oportunidades, por lo que los legisladores no pueden permanecer inactivos ante ello.
Violeta Nova lamentó que hoy en el estado se fabrican delincuentes “para quitar a personas que estorban”, y pidió que la Ley de Amnistía se analice a fondo, con apoyo de especialistas, para garantizar la justicia tanto a víctimas como a aquellos que están presos de manera irregular, por lo que sugirió contar con un grupo interdisciplinario para que determine quienes pueden acceder a este beneficio.
Gerardo Ulloa llamó a encontrar las coincidencias entre grupos parlamentarios para construir la nueva Ley de Amnistía del Edomex, mediante un trabajo institucional, y pidió respaldar la propuesta de parlamento abierto virtual, y definir el método de trabajo para agilizar el análisis de la iniciativa.
“Podemos tener diferencias en cuanto a la formación política y es válido, pero si hacemos llegar la propuesta a instituciones y diversos grupos, podemos llegar a un buen término en la aprobación de esta ley”, apuntó.
Julio Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos sostuvo que es indispensable que en la discusión estén presentes las víctimas para comprender lo que significa estar preso de manera injusta, y que se incluyan a funcionarios estatales para que escuchen las voces de los afectados y comprender su situación.
“No se estaría liberando a delincuentes, hay que escuchar las miles de voces a nivel estatal que están reclamando esa justicia porque simplemente llegaron los policías y se lo llevaron, hay una fabricación de culpables enorme en el Estado”, denunció el legislador.
Max Correa reiteró que la iniciativa de Morena, no extingue los derechos penales, deja a salvo los derechos de las víctimas, y no incluye casos donde se atente contra la vida, donde se ejerció violencia contra niñas y niños, sin embargo, busca hacer justicia en tantos casos donde las “verdades históricas”, como la de Ayotzinapa, no se sostienen y son el pan de cada día en la entidad.
Reiteró que deberá haber un acompañamiento para la reinserción social de los liberados, con políticas de apoyo para el empleo y tratamientos psicológicos para su readaptación.
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