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Informe Especial | Agencia MANL
Ciudad de México, mayo de 2025 — En el auditorio de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) se llevó a cabo una conversación crucial sobre la problemática de los desalojos ilegales en México y la deuda histórica del Estado con el derecho a la vivienda digna. En el evento participaron especialistas en derechos humanos, activistas y representantes gubernamentales e internacionales.
La conversación reunió voces destacadas como la del obispo emérito Raúl Vera López, activista comprometido con las causas sociales; María Magdalena López Paulino, de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad; José Ignacio Juárez García, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); y José Humbertus Pérez Espinoza, del Frente Mexicano por una Vivienda Digna. También asistió un representante de las Naciones Unidas (ONU).
También se escucharon diversas voces de víctimas de la corrupción de jueces y magistrados, ministerios públicos, SOFOLES inmobiliarias e incluso políticos. Claudia Gómez Romero, Erika Reyes, Maribel Dorantes, José Sabas Medrano Ramírez, Leonides Rayón Guerrero, Pérez Cancino y Carlos Jiménez Alemán, algunos de los cuales han sido demandados hasta dos veces e incluso víctimas de dos desalojos, compartieron sus testimonios. Coinciden en que la ley no es justa y no aplica para quienes han sido defraudados al comprar su vivienda. Narran cómo vivieron sus desalojos, lo difícil que ha sido para ellos recuperar el acceso a una vivienda y los abusos de poder, como el caso de Alfredo Corzo, actual candidato del Partido Verde Ecologista a la alcaldía de Tecámac, quien hoy ocupa una de las casas desalojadas.
Todos coinciden también en señalar la injusta detención de José Humbertus Pérez Espinoza, quien pasó más de cuatro años en prisión por defender el derecho a una vivienda digna y digna. A pesar de haber perdido su herencia, estas personas siguen luchando junto al activista de derechos humanos, por estar del lado de la verdad. Cuestionan que, después de más de una década de luchar y demostrar que la ley les asiste, ésta no se aplique como debería.
Durante el encuentro, en la sede ubicada en Avenida Universidad 1449, se analizó la violación sistemática del derecho humano a la vivienda adecuada, particularmente en el contexto de desalojos forzosos realizados sin el debido proceso legal. Los expositores coincidieron en que estos actos violan tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, así como principios constitucionales.
José Humbertus Pérez Espinoza, líder del Frente Mexiquense, cuestionó el alcance real de las leyes y tratados:
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Hablamos de vivienda, pero necesitamos hablar de vivienda digna, porque la calidad de la construcción varía enormemente entre regiones. ¿Qué hacen las relaciones internas para cumplir la ley en los municipios? Y en el caso de la ONU, ¿cómo podemos hacer que sus recomendaciones sean vinculantes para el gobierno federal, y no sólo sugerencias?
El representante de la ONU abordó precisamente esta preocupación. Aclaró que, si bien las recomendaciones no son obligatorias en sentido estricto, se basan en tratados internacionales ratificados por México, lo que las convierte en herramientas jurídicas.
Estas recomendaciones se utilizan en litigio estratégico, en defensa de derechos, porque están basadas en estándares internacionales vinculantes. En México se aplica el principio pro persona: si una norma internacional protege más que la nacional, puede aplicarse directamente.
Además, destacó la utilización de tratados como el Convenio 169 de la OIT en defensa del derecho al agua en las comunidades indígenas, señalando que, si bien la ley nacional de aguas no incluye la gestión comunitaria, el tratado internacional permite su reconocimiento.
En representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Ignacio Juárez García explicó el papel de la cancillería en la recolección de datos y seguimiento de los compromisos asumidos por México en materia de derechos humanos:
Los organismos internacionales nos preguntan directamente: ¿qué estamos haciendo para cumplir sus recomendaciones? Recopilamos información de las autoridades responsables y la enviamos a las Naciones Unidas, en cumplimiento de nuestros compromisos. Somos conscientes de que el impacto no siempre es el deseado, pero desde nuestra perspectiva seguiremos abiertos al diálogo y fomentando la cooperación.
En la sesión de preguntas y respuestas, representantes de organizaciones civiles denunciaron casos de desalojos ilegales a pesar de contar con resoluciones judiciales favorables. Uno de ellos denunció que, aun con jurisprudencia de la Suprema Corte que impide los juicios mercantiles en casos de vivienda, las autoridades procedieron a desalojar al Frente Mexiquense:
> "Las resoluciones no se cumplen. No teníamos motivos para ser desalojados, pero lo hicieron. Lo más grave es que estas acciones ocurrieron a pesar de los juicios en curso y las sentencias judiciales a nuestro favor."
El evento finalizó con un llamado a fortalecer el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales, garantizar el derecho humano a la vivienda y establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas por los abusos cometidos por autoridades y empresas inmobiliarias. El consenso general fue que el diálogo entre sociedad civil, gobierno y organismos internacionales es esencial, pero que debe traducirse en acciones concretas para evitar que más familias pierdan sus viviendas injustamente.
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